A falta del visto bueno de la presidenta de facto Áñez
Un grupo de operaciones
especiales de la Policía boliviana, vinculado al Ministerio de
Gobierno, se encuentra afinando un plan de intervención en la embajada
de México durante las fiestas de fin de año, para proceder a la
detención de las nueve exautoridades del Gobierno de Evo Morales que se
encuentran asiladas desde el 10 de noviembre en esa legación
diplomática.
Las fuentes que hicieron conocer este riesgo inminente,
altamente cercanas a Palacio Quemado, manifestaron que la propuesta de
intervención de la embajada mexicana es del ministro de Gobierno, Arturo
Murillo, quien considera –según lo conocido- que la presencia de
asilados afecta la imagen del gobierno de la presidenta de facto
Jeaninne Añez, en su “rol de pacificación del país”, y de que se debe
sentar precedente del principio de autoridad.
Una de las que se
opone a la extrema medida es la canciller Karen Longaric, una académica
de reconocido prestigio que es partidaria de sujetarse lo más
estrictamente posible a los tratados y convenios de las Naciones Unidas y
que forman parte del derecho internacional, aunque al mismo tiempo –la
autoridad del gobierno de facto- poco hizo para que se otorguen
salvoconductos a los asilados.
De hecho,
la Secretaria de Relaciones Exteriores de México ha emitido un
comunicado advirtiendo los altos niveles de asedio a su embajada en La
Paz y recordando lo estipulado por la Convención de México a propósito
del carácter inviolable de los “locales de misión”.
El grupo
policial, integrado por cerca de 150 efectivos, entre uniformados y
civiles, formaría parte del Grupo Antiterrorista que el Ministerio de
Gobierno, con asesoramiento de los Estados Unidos, ha creado
recientemente, en la segunda quincena de noviembre, con el fin de
identificar, perseguir y detener a personas, nacionales y extranjeras,
que estarían involucradas en acciones de sedición, terrorismo y
financiamiento al terrorismo que hasta ahora no han sido probadas por el
gobierno”.
Desde hace una semana se ha producido un incremento
del número de policías alrededor de la embajada mexicana y un aumento en
los puntos de vigilancia que genera, en conjunto, un cuadro de asedio
permanente al personal que trabaja en la misión diplomática, a los
familiares de los asilados y a los choferes de las unidades de radiotaxi
que son llamadas para prestar servicios.
La embajada y la
residencia de México no están protegidas ante una eventual incursión de
grupos civiles de derecha para hostigar a los asilados. No hay nada de
eso. Lo que si hay es un permanente asedio y acoso de los efectivos
policiales a cualquier persona que circula por la parte exterior de la
embajada y residencia mexicanas, y no se ha podido disimular, incluso,
un sistemático seguimiento a la propia embajadora María Teresa Mercado.
Es
evidente que una intervención de la embajada y la residencia de México,
que gozan de la prolongación de la soberanía de ese país norteamericano
en suelo boliviano, sería una gravísima violación de la Convención de
Viena que no tiene precedentes en la historia de las relaciones
internacionales en América Latina, ni siquiera en momentos de dictadura
militar que azolaron América Latina en los setenta, particularmente en
Sudamérica, en el marco de la denominada “Operación Cóndor”, concebida
en los cuarteles de la CIA y desarrollada desde Chile (Pinochet) y
Paraguay (Stroessner), según se conoció años después por el testimonio
de un agente del FBI.
De los asilados en la embajada de México,
seis son ex ministros (Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Javier
Zavaleta, Cesar Navarro, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz), un ex
viceministro (Pedro Damian Dorado), un ex gobernador de Oruro (Víctor
Hugo Vásquez) y el director de gobierno electrónico (Nicolás Laguna).
El
papel de los EEUU en la política boliviana ha ido en aumento sostenido
desde la constitución del gobierno de facto, tras el golpe de Estado
contra Evo Morales del 10 de noviembre, y que se expresa en un
asesoramiento cercano al Ministerio de Gobierno, donde actualmente
trabaja Eric Foronda, un periodista que formó parte de la oficina de
prensa de la embajada norteamericana en La Paz y luego ascendido a la
oficina política, desde donde siempre colaboró con la estación CIA en
Bolivia.
Desde que Añez asumió inconstitucionalmente la
presidencia, Bolivia se ha convertido en territorio de aplicación de la
estrategia norteamericana de “guerra total y permanente”, al punto tal
que hace pocos días se aprobó un decreto supremo para la compra de
armamento y munición de uso militar con el objetivo de la “lucha contra
el terrorismo”.
La estrategia estadounidense de la “guerra total
y permanente” surgió en el Pentágono, asumido luego por el Departamento
de Estado, tras los atentados contra la dos Torres Gemelas del 11 de
septiembre de 2001 y que sirvió luego para que “los halcones” del
“gobierno permanente” de los EEUU justifiquen intervenciones, abiertas e
indirectas, en varias partes del mundo.
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