“La
mayor tragedia humanitaria de Colombia es la violencia contra líderes
sociales, que se ha traducido en centenares de asesinatos en los últimos
tres años”: Rodrigo Uprimny.
Según el Consejero mayor de
la ONIC, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el fin del Gobierno
Santos fueron asesinados 66 líderes indígenas; desde el inicio del Gobierno Duque hasta hoy han sido asesinados 134 [1].
Por su parte el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta que en el 2019 han asesinado 234 líderes y defensores,
167 corresponden a indígenas, negros, campesinos y ambientalistas,
dedicados a defender el territorio y la implementación de los Acuerdos
entre las FARC y el Gobierno, y 176 excombatientes y 42 familiares; 20
intentos de asesinato y 13 desapariciones forzadas [2].
El informe elaborado por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia:
la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el
medio ambiente y la paz” [3], muestra que entre 2012 y julio de 2019 han
sido criminalizados 249 líderes, 74 por ciento de estas
judicializaciones son por rechazar el impacto ambiental de las empresas
extractoras de recursos naturales.
Para el CSPP la
judicialización y estigmatización de defensores y líderes sociales
obedece al favorecimiento que le da el Estado a las empresas nacionales y
trasnacionales; este Informe registra que 117 empresas tienen 365 convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, ¿Es posible ser imparcial en estas condiciones?
Los Departamentos que más convenios tienen con las empresas son
Antioquia 60, Meta 34, Casanare 30, Santander 29, Cesar 28 y Putumayo
25; Departamentos donde están el 35,7 por ciento de los Títulos Mineros
que existen en el país y el 46 por ciento de las zonas donde se realiza
exploración y explotación de pozos petroleros, a su vez en estas zonas
se registra el 58 por ciento de judicializaciones a defensores y líderes sociales.
Otro acuerdo que no se cumplirá
Colombia es el segundo país más peligro para los defensores ambientales
, según informe de Global Witness en 2018, con 83 asesinatos; más de la
mitad del total reportado por la ONG que registró 164 asesinatos en
todo el mundo [4].
Iván Duque firmó el 12 de diciembre el
Acuerdo Escazú, en el que hacen parte 21 países de Latinoamérica y el
Caribe, cuyo propósito es proteger los protocolos para la protección
ambiental y especialmente de los líderes que velan por el territorio.
El Acuerdo Escazú se enfoca en que los defensores tengan acceso a la información de proyectos que involucran el medio ambiente;
sin embargo, el Gobierno guarda silencio frente a proyectos como la
protección del páramo Santurbán y la ejecución de proyectos pilotos de
fracking.
El día de los DDHH, represión y matanza
Jimmy Alberto Pacué
de 24 años, comunero indígena del resguardo de Jambaló. El Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC), informó que fue asesinado el 8 de
diciembre en Caloto, mientras se desplazaba con su esposa y su hijo
recién nacido.
El 10 de diciembre en Bogotá entre la Universidad
Nacional y el Centro de Memoria, 17 personas entre ellos personal de la
Primera Línea, fueron golpeadas y reprimidas con disparos de gases por
parte del ESMAD; igualmente agentes de la fuerza pública secuestraron en carros particulares a María Fernanda Pérez y Harold Rodríguez, el joven fue brutalmente agredido y la joven fue liberada por la presión solidaria de la ciudadanía.
Heriberto Úsuga
, campesino reclamante de tierras; el 12 de diciembre fue atacado por
sicarios del Clan del Golfo, quienes le disparando cuando se encontraba
en una finca ubicada en el corregimiento de Macondo en Turbo, Antioquia.
Luis Carlos Hernández Santiago de 42 años,
representante de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas y
excandidato al Concejo de Curumaní, Cesar; fue asesinado el 12 de
diciembre cuando se dirigía a la vereda Los Ranchos.
Humberto Londoño
, coordinador del Comité de Conciliación en la vereda El Socorro, en el
área de Cañón de Iglesias, hacía parte de la Asociación de Campesinos
del Bajo Cauca (ASOCBAC); fue asesinado el 6 de diciembre en la vía que
comunica a Tarazá con la vereda La Caucana.
Manuel Antonio González Vuelvas,
ex combatiente de las FARC que hacía parte de un proyecto ganadero
colectivo y residía en el Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación (ETCR), Román Ruiz; fue asesinado el 13 de diciembre en
la vía de Ituango a la vereda Santa Lucía.
Notas:
[1] El derecho a defender derechos. Rodrigo Uprimny. El Espectador, 15-12-2019.
[3] [CSPP Informe: Criminalización de la defensa de los derechos
humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el
territorio, el medio ambiente y la paz. 2019 https://bit.ly/2RT3Qha
No hay comentarios:
Publicar un comentario