“ ... No podemos permanecer en silencio cuando los migrantes son
deshumanizados y encerrados en prisiones con fines de lucro; cuando los
niños son puestos en jaulas y denegado el acceso a jabón, cepillos de
dientes, e incluso pañales; y cuando nuestros colegas y los trabajadores
de derechos humanos son procesados en tribunales federales
(estadounidenses) por proporcionar alimentos, agua y refugio a personas
necesitadas…. (Swanson, 2019)”.
En memoria de
Carlos Gregorio Hernández Vázquez, quien falleció en mayo de 2019, en un
centro de detención migratoria en Texas, Estados Unidos. A él, como a
muchos otros migrantes, los mató el desprecio y la violencia de un
gobierno racista.
Violencia, migración y racismo
En
el actual contexto de migración irregular hacia Estados Unidos (EU), el
racismo como política migratoria promueve la criminalización (social y
legal) de los migrantes forzados (principalmente centroamericanos y
mexicanos), y esto funciona como motor y justificación de serias y
generalizadas violaciones de los derechos humanos de los migrantes; en
especial esto acontece en los centros de detención de la border patroll y
de ICE. En dichos centros de detención la situación es tan grave y hay
una violencia generalizada y estructural tan acentuada, que varios
migrantes menores de edad han perdido la vida en dichos lugares.
El
racismo, caracterizado por ser un proceso de exclusión y violencia (por
tipo físico y origen étnico nacional), se ha vuelto el eje de varias
decisiones en materia migratoria. A esto hay que añadir que la violencia
no sólo tiene un carácter extralegal y fáctico, sino también que la ley
se ha vuelto un dispositivo de discriminación utilizado para
institucionalizar la criminalización del migrante. Esto se da en el
marco de la política de tolerancia cero del actual presidente de EU, que
se ha distinguido en los últimos años por una creciente embestida
caracterizada, entre otras medidas, por los intentos reiterados de
construir/expandir el muro fronterizo, el crecimiento de ICE y la border
patrol, la criminalización mediática y legal de los migrantes y el
aumento de las detenciones al interior de EU.
Violaciones de derechos humanos en centros de detención en EU
Para
el presente año, hubo un récord en el número de migrantes detenidos
durante el actual gobierno de EU. De acuerdo con datos de la ONU, para
el 2019 se registraron más de 100 mil menores migrantes detenidos en EU
(la mayoría de ellos centroamericanos). Y a la fecha han sido separados
de sus familias más de 5,400 niños migrantes, en el contexto de los más
de 200 centros de detención migratoria que hay en EU. Las violaciones a
los derechos humanos en dichos centros son variadas y pueden comprender
desde la alimentación precaria (con frecuencia comida rancia y echada a
perder), hasta la carencia de condiciones de higiene y aseo (no hay
jabón, ni pañales, las duchas no son frecuentes, en muchos centros no
hay no camas y son lugares muy fríos). Tampoco cuentan los migrantes
detenidos con acceso a servicios médicos, ni son atendidas sus
enfermedades previas o las ocasionadas ahí debido a las adversas
condiciones de vida. Asimismo, se ha documentado que los migrantes no
tienen acceso al procedimiento de petición de asilo, ni a asesoría
jurídica.
No obstante, las agresiones más graves son las que
tienen que ver con el abuso y maltrato físico, la separación de
familias, la detención de niños y menores, y sobre todo la muerte de
migrantes y niños migrantes en centros de detención, derivado de la
falta de atención médica. Esto es resultado del desprecio generalizado y
las agresiones hacia los migrantes.
Construcción sociopolítica de la violencia
Lo
previamente descrito se produce debido a varias causas. Como lo han
señalado autores como Hansen (2019), los centros de detención son y
funcionan como cárceles de facto, y se distinguen por unas pésimas
condiciones de vida para los detenidos. Eso es debido y justificado por
la condición irregular de los migrantes. Lo anterior se deriva de una
percepción estigmatizada de migrantes indocumentados (estimulada por el
racismo y la desinformación), percepción que contribuye a la
criminalización y a volver más rígidas/punitivas las leyes.
Además,
esto acontece en contextos económico/políticos de privatización de los
centros de detención, que últimamente se han distinguido por severas y
estructurales deficiencias en el funcionamiento (esto con la finalidad
de abaratar costos). Continuando con la línea de reflexión de Hansen
(2019), a esto se suman las cuestionables políticas internas y externas
de los centros de detención, que se caracterizan por no cumplir los
estándares normativos básicos/indispensables, la no supervisión, la no
transparencia y por estar sobrepoblados. Finalmente, tampoco garantizan
las condiciones para la defensa legal y el reconocimiento de los
derechos de los detenidos
Todo lo anterior, tiene impactos en
las condiciones de vida de los detenidos. En el rubro de la salud, la
situación física y mental de los detenidos es alarmante y deplorable, no
hay atención médica, tienen malos alimentos y habitan en contextos
antihigiénicos e insalubres. Las enfermedades y muertes de los migrantes
han sido una prueba de ello. En lo psicosocial, la separación de las
familias y los menores aislados y detenidos, detonan condiciones y daños
psicológicos muy graves, que pueden tener repercusiones permanentes. Y
en lo económico, buena parte de los detenidos son el principal sustento
económico de sus familias en sus países de origen.
Medidas para reducir la violación de los derechos humanos
Frente a esta situación, es indispensable que:
1)
Los centros de detención deben ceñirse a los marcos jurídicos y
estándares prescritos por la ley. Esto implica de manera urgente y
obligatoria el mejoramiento de las condiciones de vida de los detenidos.
2) Se debe disminuir la detención como política migratoria y fronteriza, hay otras alternativas para los migrantes irregulares.
3) Hay que detener la criminalización socio mediática, política y jurídica.
4)
Se necesitan políticas migratorias diferentes, no de seguridad nacional
y basadas en el racismo, sino políticas con un eje de seguridad humana.
5) Finalmente hay que reconocer el carácter forzado de la
migración irregular. Los migrantes no son criminales, sino personas en
precariedad expulsadas de sus países.
No hay comentarios:
Publicar un comentario