Por una auditoría ciudadana de la deuda pública
Los pagos de la deuda
se postergaran. Hay un acuerdo tácito con los acreedores. Se presenta
así la oportunidad para investigarla, desnudar las razones de semejante
endeudamiento en tan corto plazo, ver en que se aplicaron esos fondos...
Obrar en consecuencia.
Tanto el presidente Alberto Fernández como el
ministro de Economía Martín Guzmán lo han dicho sin ambigüedades: “El
país está en un virtual default”. “Así como está la deuda no puede
pagarse”. “Para pagarla la economía tiene que crecer”. Es obvio, sacar
al país de la recesión y “encender la economía” no es posible si al
mismo tiempo se quiere hacer frente a los vencimientos. No habría
perspectiva de crecimiento y la recesión se prolongaría por varios años
más.
Señales
Ni lerdo ni perezoso el gobierno ha
comenzado a enviar señales a los “mercados”. Reperfila a agosto 2020
8.100 millones en LETES emitidas bajo legislación nacional mientras
cumple con las obligaciones amparadas por legislación extranjera. Estas
incluirán casi con seguridad el cupón semestral por 100 millones del
bono a 100 años que vence este sábado 28 (¡el Día de los Santos
Inocentes!) y el cupón de bonos Discount por 750 que vencen el 31 (nada
para festejar).
La señal más contundente es la “Ley de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica”
que con algunos cambios acaba de ser aprobada por el parlamento. El
sesgo es profundamente fiscalista, con eje en la sostenibilidad de la
deuda pública. Todo apunta a establecer un marco en el cual renegociar
la deuda que deberá “…ser compatible con la recuperación de la economía
productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”. Para
más en su art. 57 habilita al Tesoro Nacional a emitir Letras a 10 años
para comprar al Banco Central 4571 millones de dólares, importe que
cubre los intereses que hay que pagar en 2020 a acreedores privados. Hay
que señalar que contiene transferencias de recursos hacia los más
desposeídos -jubilaciones mínimas y AUH- que se complementan con la
Tarjeta Alimentaria y líneas de crédito ultrablandas. Sin embargo el
mayor aporte lo hacen los jubilados de haberes medios, también el agro,
mientras reduce retenciones a mineras y petroleras y no toca a los
bancos.
Todo al 30 de marzo
El ministro de
economía lo ha reiterado varias veces: el plazo para renegociar la deuda
vence el 30 de marzo próximo. ¿Porqué esta premura? Veamos:
El
problema se presenta en el primer semestre del 2020. De los 65.000
millones de dólares que vencen durante el año, 45.400 se concentran en
los primeros seis meses. Si se despeja lo que corresponde a deuda
intra-estado (renovación automática) y lo que corresponde a organismos
de créditos internacionales (refinanciable) lo que queda con el sector
privado asciende a unos 19.400 millones. Las reservas de libre
disponibilidad no alcanzan a cubrirlos y el país entraría en default en
mayo próximo…
Una dudosa legitimidad
Es muy
evidente, la postergación de los pagos no es por convicción sino por
necesidad, sin embargo esta postergación legitima la deuda sin
cuestionarla, ni siquiera se piensa en revisarla a través de una
auditoria. Simplemente se argumenta que es legítima porque fue contraída
por un gobierno elegido por el voto popular, pero no es el carácter de
un gobierno lo que la puede legitimar o no sino el objetivo y el destino
de esos fondos.
Y no es claro el objetivo, mucho menos el
destino de la mayoría de los más de 100.000 millones de dólares tomados
por la administración Macri. No hay ninguna explicación convincente de
porqué se emitió un bono a 100 años, con un rendimiento del 7,9%, que
duplicaba la tasa promedio de mercado. Se fue al FMI de urgencia porque
no se podía pagar la deuda en bonos, poco más de un año después estamos
en default. Según La Nación del sábado pasado el presidente lo explicó
así a los empresarios: “Todo ocurrió con la anuencia del Fondo... es
corresponsable. ¿Cómo le prestaste a este país semejante cantidad de
dinero, que además dejaste que salga del sistema financiero
graciosamente?”. En la propia pregunta del presidente está la necesidad
de encontrar las razones reales de este despropósito.
Es que el
FMI violó sus propios estatutos. Primero concediendo un préstamo cuando
era evidente que esa deuda era insostenible, luego autorizando la venta
de dólares de ese préstamo para contener el tipo de cambio, algo
expresamente prohibido por sus reglas. Más aún con el préstamo la
economía no se fortaleció, por el contrario incrementó su fragilidad y
sus desequilibrios internos. ¿No es válido indagar el porqué?
Bajo
las presidencias del Banco Central, primero de Federico Sturzenegger y
luego de Luis Caputo, se sucedieron maniobras poco claras con Fondos de
Inversión que significaron la salida de miles de millones de dólares en
pocos días ¿Mala praxis, connivencia dolosa? Incluso el día posterior a
las PASO, ya en la presidencia de Guido Sandleris, el central dejó
avanzar la corrida del dólar sin intervenir (¿alguna orden de más
arriba?).
Como se comprenderá hay muchas razones para pensar que
esta deuda no es legítima, incluso que puede entrar en la categoría de
“odiosa”. Esto es una deuda que no se ha tomado en beneficio del país ni
de sus ciudadanos (ver recuadro).
No perder la oportunidad
Que
los pagos se suspendan por dos o tres años es una oportunidad única
para aprovechar ese tiempo para realizar una auditoría por medio de una
comisión independiente, constituida por representantes parlamentarios,
referentes locales e internacionales y abierta a la ciudadanía, con el
objetivo de identificar la parte ilegítima y odiosa de la deuda. Y
repudiar lo que haya que repudiar.
Estimados lectores esta es mi
última columna del año, les deseo lo mejor para todos/as y que en el
brindis del 31 incluyamos el deseo de que no se deje pasar una nueva
oportunidad de investigar una deuda tan gravosa y de dudosa legitimidad.
¡Felicidades!
Según Eric Toussaint, portavoz del Comité por la
Anulación de las Deudas Ilegales (CADTM) para que una deuda sea odiosa, y
por lo tanto nula, debe cumplir dos condiciones:
1.- Haberla
contraído en contra de los intereses de la Nación, o en contra de los
intereses del Pueblo, o en contra de los intereses del Estado.
2.- Los acreedores no pueden demostrar que ellos no podían saber que la
deuda era contraída en contra de los intereses de la Nación.
Según la doctrina de la deuda odiosa, la naturaleza del régimen o del
gobierno que la contrae no tiene especial importancia, ya que lo que
cuenta es el uso que se hace de esa deuda. Si un gobierno democrático se
endeuda en contra del interés de la población, esa deuda puede ser
calificada de odiosa, si también reúne la segunda condición. Por lo que,
contrariamente a una versión errónea de esta doctrina, la deuda odiosa
no concierne solamente a regímenes dictatoriales.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)
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