Ernesto Reyes*
Con la luz verde de la Casa
Blanca, que no hace más que asegurar el rápido y buen traslado de su
estrategia político-militar hacia territorio boliviano, el gobierno de facto de
Jeanine Áñez se prepara con todo para responder con el recurso
desproporcional de la fuerza represora a los más mínimos movimientos de
resistencia popular que se den en ese país sudamericano, particularmente
en los núcleos indígena campesinos leales a Evo Morales, quien fue
desalojado del poder mediante un golpe de Estado el 10 de noviembre.
El modo como los golpistas bolivianos se han propuesto mantenerse en
el gobierno, evitar la protesta social contra sus medidas antinacionales
y seguir contando con el apoyo de amplias capas fascistizadas de la
clase media, es por la vía de la represión concentrada y selectiva a la
vez del movimiento campesino-indígena, que es el
sujeto históricoque lideró el proceso de cambio.
Hay tres hechos –uno interno y dos externos– que confirman el modo
del cómo el gobierno ilegítimo pretende avanzar en la línea estratégica
de desmontar las bases materiales y simbólicas del proceso de cambio,
así como las conquistas sociales logradas en el Estado plurinacional.
El primero, de ninguna manera sorpresivo y el más importante respecto
de los otros dos, es el pronunciamiento del presidente estadunidense
Donald Trump, quién mediante su cuenta en Twitter, sostuvo en la tarde
del martes 17: “Apoyamos a @JeanineAnez
en Bolivia mientras trabaja para garantizar una transición democrática
pacífica por medio de elecciones libres. Denunciamos la violencia en
curso y las que la provocan tanto en Bolivia como desde lejos. ¡Estados
Unidos apoya a la gente de la región por la paz y la democracia!”.
No es nada sorpresiva la posición del presidente estadunidense. Para
decirlo claro, no es que Áñez recibe el apoyo de EU a una línea propia,
autónoma y nacional, sino es Trump quién respalda la política general de
los golpistas que, mediante una senadora desconocida hasta antes de ser
colocada como presidente, sólo están materializando la estrategia
norteamericana para América Latina en un país importante desde el punto
de vista geopolítico en la subregión.
La estrategia, que recupera los aspectos positivos para los intereses
imperiales de la Doctrina la Seguridad Nacional y de la Guerra de Baja
Intensidad –desarrolladas en la región entre las décadas de los 60 y
80–, consiste en el despliegue de la
guerra total y permanentecontra todos los gobiernos y movimientos de izquierda y progresistas de América Latina, con el objetivo estratégico de
cerrarles el paso a todos los espacios legales e institucionalesque amenacen la hegemonía del imperio y el orden establecido.
Esta estrategia se opera mediante la combinación de viejos y nuevos
métodos de desestabilización, intervención y dominación conocidos en la
historia de América Latina. A diferencia de algunas interpretaciones
parciales y erróneas de algunos ingenuos políticos e intelectuales
progresistas, que llegaron a suponer que el poder duro ( hard power) había sido sustituido por el poder blando ( soft power), sobre todo en la llamada
era Obama, la combinación de lo empleado antes y de lo incorporado en los pasados años, es la principal característica de la estrategia en curso. Esos métodos van desde el uso, directo e indirecto, del componente militar (golpes de Estado e intervenciones directas) hasta los novedosos juicios políticos ( lawfare) y noticias falsas ( fake news), pasando por las ya conocidas sanciones y acciones internacionales por medio de organismos como la OEA.
El segundo hecho es la promulgación del decreto supremo 4116 que hizo
hace pocos días la autonombrada presidenta Áñez, por el cual se
autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición, en el extranjero, de
material bélico de uso militar. ¿Cómo justifica la compra el ministro de facto de Defensa? La respuesta es como escuchar al mismo Trump:
El país está amenazado, y el boliviano y la boliviana están amenazados permanentemente por gente del exterior armada, por narcoterroristas y por un ex presidente (Evo Morales) que permanentemente está incitando al odio y la violencia, el terrorismo y la sedición. Debemos estar preparados para eso.
Esto quiere decir, para no equivocarse, que la represión será la
política general de este gobierno y se basará no en el uso legítimo de
la fuerza policial, como encargada de mantener el orden público, a veces
con excesos, sino en la participación de las fuerzas armadas. Esto
implica, al mismo tiempo, que las masacres de Sacaba y El Alto no habrán
sido un hecho aislado, sino que se tiene previsto otras masacres donde
sea necesario, para evitar la organización del descontento popular. Ya
las masacres de Sacaba (15 de noviembre) y Senkata, El Alto (21 de
noviembre) se registraron producto de la acción combinada de policías y
militares (a estos últimos se les garantizó mediante decreto estar
exentos de procesos penales), con un saldo de más de 32 muertes y
centenas de heridos, según da cuenta un informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que visitó Bolivia en la segunda
quincena del mismo mes.
Cómo ocurrió desde la mitad de la década de los 80 hasta fines de
2005, la represión como política general se concentrará, principalmente,
en la región del Chapare y en base al discurso, característico de la
estrategia estadunidense desde la caída de la URSS, del
terrorismo y el narcoterrorismocon presencia externa.
El tercer hecho, en el que no vamos a profundizar ahora, es la
peligrosa militarización de la política de defensa y seguridad de
América Latina, como ya se aprecia en los casos de Ecuador, Colombia,
Brasil y Bolivia. Este
retornode los militares a la escena política es uno de los efectos de la
guerra permanente y totalque EU impulsa en la región.
* Sociólogo boliviano
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