Carolina Vazquez Araya
Finaliza el año con manifestaciones de protesta y violenta represión policial.
“Por qué voy a enfrentarme con Carabineros sabiendo que no hay una
movilización autorizada” fue la declaración que la ministra Karla
Rubilar, secretaria general del gobierno de Sebastián Piñera ofreció a
la prensa. La ministra justifica de este modo de manera implícita el
actuar del cabo Ofriciano Mauricio Carrillo Castillo, el carabinero que
literalmente aplastó al joven Oscar Pérez entre 2 vehículos blindados
ocasionándole graves heridas internas y 4 fracturas de pelvis. El vídeo
del momento del atropello perpetrado por Carrillo con toda intención, ha
circulado por las redes y los medios de comunicación generando
indignación y rechazo en el mundo entero contra la estrategia de
violencia extrema instaurada por Sebastián Piñera como política de
gobierno.
Es importante señalar que el carabinero en cuestión tiene
antecedentes de cuasidelito de homicidio de un trabajador y lesiones en
otras dos personas mientras se desempeñaba como miembro de la
institución policial en la ciudad de Concepción. Su prontuario delictivo
reviste especial importancia por el hecho de haberse incorporado
nuevamente a un cuerpo encargado de la seguridad ciudadana, el cual
supuestamente debería ser integrado por personas intachables. Sin
embargo, Carabineros de Chile ha transitado durante años y sin el menor
obstáculo hacia convertirse en un auténtico ejército de control
ciudadano eximido de toda responsabilidad criminal, desde los escándalos
de corrupción de su cúpula hasta la brutalidad con la cual agreden a la
población desarmada.
Llama la atención la inercia y el silencio sostenido por las
autoridades encargadas de mantener los marcos institucionales
–parlamento, sistema de justicia- cuyo papel es resguardar los
mecanismos de la democracia y velar por el correcto desempeño de todas
las instancias involucradas en la administración del gobierno. Las
manifestaciones de protesta de la ciudadanía han sido criminalizadas en
una absoluta ruptura del marco constitucional que las ampara y el
gobierno chileno ha transformado su debilidad en una guerra sucia, vil y
sangrienta contra el pueblo, utilizando para ello a todos los cuerpos
represivos que tiene a mano, mintiendo de manera descarada para
descalificar y adjudicar a una supuesta intervención extranjera la lucha
incansable y valiente de los millones de chilenos que siguen en las
calles decididos a hacerse oír.
A estas alturas resulta muy difícil hacer un diagnóstico sobre el
desarrollo de los acontecimientos en un Chile que de pronto ha salido
del silencio y ha emprendido una lucha franca y decidida contra el
modelo neoliberal que le está costando tan caro. De hecho, le cuesta
vidas y una profunda frustración por la traición de sus cuadros
políticos, históricamente responsables por el colapso social y económico
en donde se encuentra actualmente. Lo que fue el modelo latinoamericano
–gracias a una bien montada campaña internacional de imagen- ha
mostrado todas sus hilachas y hoy sus “bienes de exportación” como las
administradoras de fondos de pensiones, AFP, revelan su opacidad y
experimentan el rechazo masivo de la población al quedar en evidencia
cómo esos empresarios acumulan riqueza mientras los pensionados mueren
de hambre, sin acceso a los ahorros de toda su vida laboral.
Las navidades chilenas vienen marcadas por la indignación popular
contra los abusos de su gobierno. Niñas, niños y jóvenes experimentan,
quizá por primera vez, la urgencia de rebelarse contra un sistema
injusto, depredador y violento, por lo tanto su regalo para estas
fiestas deberá venir envuelto en una nueva Constitución, con la renuncia
de su Presidente.
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