La transformación de Bolivia y el gobierno de facto

Luis Alberto Arce Catacora*

La Jornada

Hacia el año 2005 Bolivia era una de los países más pobres de Latinoamérica, con índices de pobreza extrema muy cercanos a 40 por ciento, una concentración del ingreso en pocas manos medida por el índice Gini de 0.60 –uno de los más altos de Sudamérica–, el salario mínimo nacional boliviano era el más bajo de la región (54 dólares), una diferencia de 128 veces entre el 10 por ciento más rico versus el decil más pobre de la población y la esperanza de vida al nacer de 63.5 años era la más baja de Sudamérica, muy lejos de la inmediata anterior que era Paraguay con 71.2 años.

Asimismo, desde agosto de 1985 Bolivia había adoptado el modelo neoliberal, que básicamente se resume en la aplicación del libre mercado interno y externo, liberalización del mercado de trabajo, privatización de las empresas públicas y de los recursos naturales tales como el gas y los minerales.

La tasa de crecimiento promedio del periodo neoliberal 1985-2005 era apenas de 3 por ciento y en todo ese lapso Bolivia nunca encabezó en la región este indicador y por el contrario mostró cifras inferiores al promedio de todos los países de la región.

En casi 15 años de gobierno democrático en Bolivia la aplicación de un modelo económico propio deja un país totalmente cambiado. Por una parte, Bolivia pasó a liderar por seis años la tasa de crecimiento económico en Sudamérica con un promedio de 5 por ciento entre 2006 y 2018, pese al entorno internacional desfavorable, con descensos importantes del precio del petróleo, gas y los minerales, estos últimos principales productos de exportación bolivianos.

De la misma manera, Bolivia presentaba en 2018 la tasa de desempleo más baja de la región, con una considerable reducción del Gini a 0.46 y también encabezando la reducción de la tasa de pobreza extrema, que en 2018 llegó a sólo 15 por ciento, el salario mínimo nacional en 2019 alcanzó 305 dólares, superando ya a varios países de la región. Asimismo, la diferencia entre los más ricos y los más pobres bajo de 128 a sólo 40 veces en 2017 y la esperanza de vida subió a 73.5 años.

Los indicadores financieros reflejaban mucha estabilidad macroeconómica: inflación controlada, estabilidad del tipo de cambio, sostenibilidad de la deuda externa e interna, reservas internacionales en niveles adecuados, el retorno de la población al uso de la moneda nacional (desdolarización) y un sistema financiero sólido que contribuía por medio del crédito productivo al aumento de la producción especialmente de las micro y pequeñas empresas.

Tras el golpe, y dada la composición del gobierno de facto y sus medidas, claramente se ve una tendencia por retornar al modelo neoliberal y a la distribución del botín de las instituciones estatales en función de los intereses de cada uno de los sectores que participaron en la asonada.

Si en el pasado claramente el neoliberalismo fue tras los recursos naturales bolivianos, especialmente el gas y los minerales, hoy el objetivo es el control del litio y toda su cadena de industrialización.

Parece que existe una campaña para desprestigiar y quebrar a las empresas públicas estatales para que luego, entregar éstas y los recursos naturales a la iniciatriva privada nacional e intereses extranjeros.

Pero este cambio de gobierno no será sin costo, especialmente para las clases medias. Claramente desde las pasadas elecciones la economía empezó a de-sacelerarse en medio de una enorme incertidumbre, producto de los bloqueos de los comités cívicos y la manera que el gobierno de facto enfrentó las movilizaciones de los sectores populares a favor de Evo, ya que por una parte el desabastecimiento y los precios domésticos se incrementaron afectando el bolsillo de la población, las dudas sobre el futuro de la economía en manos del actual gobierno de facto generaron retiros de depósitos en el sistema financiero, el fantasma de la dolarización reapareció y rumores de devaluación mermaron las reservas internacionales del Banco Central.

Por otra parte, tener a los militares y policías en las calles reprimiendo los movimientos sociales, en conjunto con los puentes aéreos que se realizaron para garantizar el abastecimiento de productos y alimentos, principalmente a la ciudad de La Paz, han presionado a un mayor déficit fiscal, con sus efectos sobre las fuentes de financiamiento.

Adicionalmente, el gobierno de facto, que se suponía era transitorio y cuya principal función era llevar adelante las elecciones generales, echaron a embajadores, cónsules y demás personal de las embajadas y los sustituyeron por personal afín, con el consecuente incremento innecesario del gasto público, que junto con otros gastos injustificados presionan sobre el déficit fiscal que posiblemente rebasará 9.5 por ciento del producto interno bruto, que representaría el déficit fiscal más alto desde la década de los 80 del siglo pasado.

Estos hechos sin duda van a afectar el desenvolvimiento de la economía boliviana desacelerándola, con sus negativas consecuencias sobre el empleo, el ingreso de los bolivianos, incluidos los de las empresas privadas bolivianas de todo tamaño y Bolivia dejará de encabezar la tasa de crecimiento de la región.

* Ex ministro de Economía del gobierno del presidente boliviano Evo Morales