En mis años de
estudiante en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la
Universidad de la República tuve la suerte de cursar Terminología, una
materia optativa que pertenecía a la carrera de Bibliotecología. Allí
recuerdo haber hecho un trabajo sobre neologismos. En ese momento nos
pidieron estudiar las nuevas palabras que aparecían vinculadas a la
informática, entre ellas muchos extranjerismos, como hardware, software, mouse,
etc. Mucho más de una década después, y ya con los extranjerismos
informáticos incorporados al lenguaje cotidiano, nos encontramos con
neologismos en la política, entre ellos dos que están siendo las vedettes: fakes news y lawfare.
El lawfare,
según una muy precisa definición de Camila Vollenweider y Silvina
Romano, es “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de
persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de
un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una
amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno
(incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más
vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda
apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción”.1
El
ejemplo más popular sin dudas sea el del expresidente brasileño Lula Da
Silva, encarcelado por el juez Sergio Moro, quien posteriormente
terminó siendo ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro,
pero hay muchos, algunos más publicitados que otros.
El lawfare
es una herramienta utilizada fundamentalmente en América Latina, pero
también ataca a políticos africanos y asiáticos, mientras que en Europa
es menos popular, aunque el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc
Mélenchon es una de sus víctimas.
“Antes nos hacían golpes (de Estado) o asesinaban, ahora también siguen haciéndolo, pero el lawfare
es menos costoso”, dijo Mélenchon en su visita a Montevideo, en el
marco de su gira latinoamericana en la que se encuentra denunciando esta
práctica de inhabilitación de actores políticos.
Sí es un
problema la persecución, el atosigamiento, la destrucción de la imagen y
la reputación, la imposibilidad de competir democráticamente en
elecciones o de asumir cargos públicos que sufren algunos actores
políticos, pero esa solo es una arista del problema; la otra, e igual de
importante, es la manipulación continua que padecen las ciudadanías,
que son verdaderas víctimas de acciones premeditadas por el sistema
político y judicial, que intentan hacer cambiar en base a estratagemas,
por lo general, una actitud electoral o como mínimo la percepción hacia
un político.
El auge de las fakes news y la implementación del lawfare
como estrategia político-electoral está dañando enormemente la salud de
las democracias latinoamericanas, o mundiales, si damos cuenta de lo
que denuncia Mélenchon. Estas acciones, amplificadas irresponsablemente
por algunos medios de comunicación, hacen crecer el descrédito del
sistema político, lo cual empeora aún más el estado sanitario
democrático.
Alertados sobre esta
situación, todos debemos asumir las responsabilidades que nos tocan: por
un lado el sistema político debe dotar a sus países de las herramientas
necesarias para que las ciudadanías tengan las garantías suficientes de
no sufrir manipulaciones electorales, por otro los medios de
comunicación deben ser más rigurosos con la información que publican, no
pelear por las primicia, por el hecho de publicar primero sino por no
caer o ser partícipes de trampas y operaciones políticas, y finalmente
la Justicia debería algún día dejar ser permeable al poder.
Nota:
1 Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. Informe en Celag.
Marcel Lhermitte es consultor en comunicación
política y campañas electorales. Periodista, licenciado en Ciencias de
la Comunicación y magíster en Comunicación Política y gestión de
Campañas Electorales. Ha asesorado candidatos y colectivos progresistas
en Uruguay, Chile, Francia y España.
1 comentario:
https://www.facebook.com/GuerraJudicialEnLatinoamerica/?modal=admin_todo_tour
Publicar un comentario