Cristina Fernández y sus hijos, a juicio en Argentina

La causa: alquiler de inmuebles

Juez presume sin pruebas que hay lavado de dinero en el caso Los Sauces

▲ La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner con sus hijos, Florencia y Máximo, irán a juicio oral por presunta corrupción en un caso de alquiler de inmuebles que son propiedad de una empresa de la familia. La imagen es de archivo.

Buenos Aires. En el contexto de una persecución política del gobierno de Mauricio Macri mediante acciones judiciales y mediáticas contra Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta (2007-2015) y actual senadora, el juez Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa Los Sauces, por el alquiler de inmuebles propiedad de una empresa de la familia Kirchner, debido a supuestos sobornos, aunque los pagos están registrados legalmente en movimientos bancarios y no se detectaron sobreprecios ni falsas identidades.

En este juicio que lleva largo tiempo sin obtener pruebas concretas, junto a la ex mandataria son procesados sus hijos Florencia y Máximo Kirchner; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, Fabián de Souza, y el contador de la familia, Víctor Manzanares, además de Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la ex presidenta.

Este juez, que actuó abiertamente contra la ex presidenta cuando ella estaba en el gobierno, lleva adelante este juicio porque supone que el alquiler de esos inmuebles podrían ser un caso de lavado de dinero, aunque se entregó suficiente documentación que demuestra que las operaciones de alquiler fueron verdaderas y que todos los pagos se realizaron normalmente. mediante cheques y considerando el precio del mercado.

Es tan escandaloso este juicio que Florencia Kirchner está acusada, a pesar de que cuando presuntamente se cometía el delito tenía 12 años. Toda la documentación fue entregada por la familia Kirchner y en ninguna parte figura que haya cobrado fuera de los valores del momento.

Este accionar es lo que varios analistas aquí llaman otra cortina de humo, cuando la situación general del país es insostenible.

También las decisiones del juez Claudio Bonadio, quien ha ordenado allanamientos considerados extorsivos en la casa que la familia Kircher tiene en la provincia de Santa Cruz, y su departamento en Buenos Aires, fueron criticados y rechazados por varios juristas, ya que en el primero de estos lugares, los policías y fuerzas de seguridad permanecieron durante más de tres días causando daños y llevándose, entre otras cosas, el bastón de mando presidencial que le había regalado la familia del ex presidente Héctor Cámpora (1973-1974) a Néstor Kichner y a Cristina Fernández.

Mientras continúa el carnaval de las prisiones preventivas, Bonadio solicitó dos pedidos para quitarle los fueros a la senadora y aplicarle el esquema de prisión preventiva, que instaló el juez Martín Irirzún, pese a que va en contra de la Constitución, con el argumento de que los ex funcionarios detenidos y la propia ex mandataria podían fugarse o utilizar su poder (que por supuesto no tienen) para obstaculizar la causa, aunquel ministro de Justicia, Germán Garavano, se expresó contra esta ilegalidad.

En entrevista con El Destape Radio, Garavano se expresó contra quienes sostienen que la ex presidenta debe ser desaforada y detenida, como pide Bonadío en la causa que se sustenta en unas fotocopias de los cuadernos escritos supuestamente por el ex chofer de un ex funcionario.

Por su parte, el abogado y ex juez del Juicio a las Juntas Militares, Ricardo Gil Lavedra, de la Unión Cívica Radical (UCR) que forma parte de la alianza gubernamental Cambiemos, advirtió que ha habido ciertos excesos en la aplicación de la prisión preventiva y se expresó contra la existencia de la figura del arrepentido.

En entrevista con una radio local, Gil Lavedrae dijo que es probable que haya cierto uso indebido de la prisión preventiva, y afirmó que “no alcanza con la declaración de un arrepentido para condenar a una persona".

También el caso de los cuadernos es considerado uno de los grandes escándalos del gobierno de Macri, quien utiliza a la justicia y a los grandes medios de comunicación, como el Grupo Clarín, para intentar cambiar el rumbo de la política persiguiendo a los dirigentes políticos opositores.

A su vez, la diputada oficialista Elisa Carrió se expresó con furia contra Garvano y sostuvo que va a pedir su juicio político. Se supone que Garvano y Gil Lavedra saben que el tema de la ilegalidad de las prisiones preventivas es observado y criticado desde el exterior.

También el ministro de Justicia advirtió que los fueros sólo implican que una persona no pueda ser arrestada, como coinciden la mayoría de los juristas que se oponen a la embestida contra Fernández de Kirchner y la consideran una persecución política; mientras personalidades de la justicia, están señalando que se ha llegado a una situación en la que no hay estado de derecho, lo cual agrava la crisis del gobierno de Macri.

Foto Xinhua, Stella Calloni

Corresponsal, Periódico La Jornada