Nicaragua
Nueva Sociedad
La revuelta social
contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciada en abril
pasado refleja diversas capas de descontento y articula desde campesinos
hasta empresarios, pasando por parte de la Iglesia católica. Iniciada
hace cinco meses contra una reforma en la seguridad social, la ola de
protestas derivó en un movimiento ciudadano que puso en primer lugar las
demandas democráticas y abrió la puerta a una nueva transición
política, todavía incierta.
La revolución, el proyecto de las esperanzas truncadas
El
derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza y el triunfo de la
Revolución Sandinista en 1979 abrieron la puerta a un desborde de
emociones y expectativas en Nicaragua y más allá de sus fronteras. Los
ojos del mundo se volcaron sobre el país centroamericano por el intenso
proceso político en el que la sociedad nicaragüense pensaba materializar
sus ansias de libertad y democracia. La revolución, encabezada por el
Frente Sandinista de Liberación Nacional ( fsln ), se transformó
tempranamente en un proyecto político en el que se entremezclaban de
manera híbrida perspectivas socialistas en el ámbito político y social, y
capitalistas en el ámbito económico. Y una gran parte de la población
se reconocía en ese proyecto.
Mientras la revolución se empeñaba
en llevar adelante proyectos sociales y económicos como la reforma
agraria, ampliar la cobertura de políticas sociales en el campo de la
educación, la salud y la seguridad social, extender la presencia del
Estado y generar empleos, a la vez que promovía amplios tejidos de
organización y participación social, la guerra llegó como expresión de
las grandes tensiones internas. Pero la guerra también fue la expresión
de un mundo bipolar que convirtió a Nicaragua en escenario de la
contienda geopolítica entre las dos potencias de la época de la Guerra
Fría: Estados Unidos y la Unión Soviética. La participación de los eeuu
de Ronald Reagan en el apoyo a la Contra fue la más nítida expresión de
esos tiempos.
Un Estado con grandes contradicciones, deficiencias y
equívocos, los altos costos políticos, económicos, sociales y
humanitarios de la guerra, la miopía política de la dirigencia
sandinista y una enorme presión internacional dieron lugar a una
transición inesperada cuando el sandinismo, con Daniel Ortega a la
cabeza del gobierno y como candidato presidencial, perdió las elecciones
en 1990. En ese momento se cerró una época que condensó emociones,
deseos, esfuerzos, sacrificios, dolor y enojo para quienes apoyaban la
revolución en distintas partes del mundo, y también para quienes se
oponían a ella.
Transición y democracia imperfecta
La
transición, que se inició en abril de 1990, se convirtió en un proceso
complejo en el que coincidieron en el tiempo el cambio del proyecto
político de la revolución por una democracia liberal, la pacificación y
reconstrucción después de la guerra y cambios en el ámbito económico que
significaron el establecimiento de un modelo neoliberal y la rápida
inserción del país en los procesos de la globalización económica. La
primera mitad de los años 90 se caracterizó por los intensos conflictos
sociales asociados a la transición, muchos de ellos encabezados por
ex-combatientes que exigían el cumplimiento de los acuerdos de
pacificación y simpatizantes sandinistas que reclamaban su derecho a
«gobernar desde abajo», como afirmó Ortega en una plaza pública poco
después de la derrota electoral.
En esa época, a la par que se
producía un restablecimiento de las libertades ciudadanas, se ampliaban y
fortalecían los tejidos organizativos locales y nacionales y se
construía una nueva cultura política de valores cívicos y democráticos,
se acumulaban también enormes déficits a causa de las grandes
desigualdades económicas y sociales del país, acentuadas por las
políticas económicas de reforma y ajuste estructural aplicadas desde
inicios de los años 90 y mantenidas a lo largo de los tres gobiernos
siguientes. El modelo de gobernanza adoptado por las elites políticas y
económicas en esa época combinó negociaciones y pactos excluyentes que
dieron como resultado varias reformas a la Constitución Política entre
1995 y 2007. El más importante de ellos es el denominado Pacto
Alemán-Ortega, firmado entre el entonces presidente y líder del Partido
Liberal Constitucionalista ( plc ) Arnoldo Alemán y Daniel Ortega,
principal líder del fsln . El pacto se concretó en el año 2000, cuando
Alemán todavía fungía como presidente y Ortega se encontraba en la
oposición. De ese momento ha quedado como evidencia una fotografía en la
que ambos aparecen sonrientes, rodeados de sus más cercanos seguidores y
operadores políticos.
El pacto forzó un cierre del sistema
político, que quedó reducido en la práctica a un bipartidismo que limitó
sensiblemente la competencia electoral. Significó, además, la
distribución de magistraturas de otros poderes del Estado, como la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, de acuerdo con la
conveniencia de ambos caudillos, y una reforma a la ley electoral que
redujo a 35% el porcentaje de votos necesario para acceder a la
Presidencia en primera vuelta.
El fsln , el partido de la
revolución, sufrió un desgrane de reconocidos cuadros políticos y
militantes en esa época, principalmente por la negativa a analizar en el
ámbito interno las razones de la derrota electoral de 1990 y el
posicionamiento desde la oposición. De esos desgajamientos surgieron el
Movimiento de Renovación Sandinista ( mrs ) y otros grupos que no
lograron constituirse como partidos. El fsln quedó bajo el control de
Ortega y sus colaboradores más cercanos, entre ellos, Rosario Murillo,
convertida en la segunda figura del partido.
«Cristiana, socialista y solidaria»
En
2007, Ortega regresó a la Presidencia de Nicaragua, ya no como el joven
revolucionario que representaba un novedoso proyecto político ante el
mundo, sino como un antiguo caudillo con poca credibilidad y confianza.
Desde el inicio intentó establecer un vínculo de continuidad
político-simbólico con el proyecto revolucionario original, definiendo
su gobierno como una segunda fase de la Revolución, ahora «cristiana,
socialista y solidaria». Ortega prolongó su estadía en la Presidencia
por tres periodos consecutivos, a pesar de que la Constitución Política
se lo impedía. En ese tiempo, transformó el régimen de democracia
liberal en construcción desde 1990 en uno de rasgos autoritarios. Un
elemento clave en esa transformación ha sido el control sobre los demás
poderes del Estado, especialmente el Parlamento, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo Supremo Electoral. El control de la Asamblea
Nacional le permitió modificar el marco jurídico del país mediante
reformas a la Constitución que redefinieron el modelo de Estado y
régimen político; además, se aprobaron nuevas leyes en el ámbito de la
defensa y seguridad que aseguraron una relación de subordinación directa
de las fuerzas armadas y policiales a la figura del presidente, la
controversial ley que le concede los derechos de construcción de un
canal interoceánico y otros subproyectos a una compañía china1 y la aprobación del Código de Familia, entre otras.
El
control sobre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo
Electoral ( cse ) le permitió eliminar las barreras que le impedían
competir como candidato presidencial en 2011, antes de las reformas
constitucionales introducidas en 2014 que borraron definitivamente ese
obstáculo. Mientras tanto, el cse ha sido acusado de permitir
irregularidades en los procesos electorales generales, municipales y
regionales para favorecer a Ortega. Al tiempo que hacía los ajustes
políticos necesarios para asegurar su continuidad en el poder, Ortega
también promovió el surgimiento de un nuevo grupo de poder económico
alrededor de su familia y un grupo de allegados, utilizando los recursos
del Estado, la apropiación privada de los fondos de cooperación
provenientes de Venezuela y una alianza con el gran capital nacional que
validó las decisiones más importantes en política económica.Consciente
de sus bajos niveles de confianza y legitimidad, desde 2007 Ortega
decidió contener las expresiones de descontento e insatisfacción con una
estrategia de control social, vigilancia política y represión; así,
todas las manifestaciones y acciones sociales de protesta han sido
impedidas o reprimidas independientemente de su motivación o propósito.
Derechos y libertades fundamentales como la libre organización y
movilización, la libertad de expresión y la libertad de prensa también
han sufrido fuertes restricciones desde 2007.
La represión y
contención de la acción social han descansado en la policía y en un
dispositivo conformado por civiles simpatizantes del gobierno
organizados en grupos de choque que se encargan de impedir, casi siempre
por la fuerza, las marchas y movilizaciones de protesta. La vigilancia y
el control social están a cargo de organizaciones promovidas por el
propio gobierno, como los Consejos del Poder Ciudadano, los Gabinetes de
la Familia, la Comunidad y la Vida, Comités de Liderazgo Sandinista, la
Juventud Sandinista y organizaciones gremiales, entre otras. En este
marco, el gobierno de Ortega ha intentado imponer su propio discurso a
través de mensajes en los que apela a viejas consignas maquilladas de
modernidad, sentimientos religiosos y vínculos afectivos con la pasada
Revolución Sandinista.
En estos diez años, la base partidaria del
fsln se transformó significativamente. Primero, con la salida de los
grupos disidentes en los años 90 y después con la decisión de la actual
vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, de poner en pie su
propio grupo de apoyo conformado por funcionarios públicos jóvenes y
leales, la mayoría de ellos fidelizados a través de la entrega de
beneficios y prebendas. Con una personalidad excéntrica, Murillo,
conocida como La Chayo, pobló Managua de gigantescas estructuras
metálicas, los Árboles de la Vida, inspiradas en imágenes del pintor
Gustav Klimt. Aparece a diario en los medios para dar las «buenas
noticias» del gobierno y ha sido la artífice del uso del discurso
religioso –una mezcla de cristianismo y espiritualismo– como forma de
legitimar el poder del orteguismo.
La militancia histórica,
aquella que participó en el derrocamiento de la dictadura somocista y en
la guerra de los 80, fue relegada, apartada e ignorada. Uno de los
casos más conocidos fue la confrontación pública entre Murillo y Lenín
Cerna, un ex-compañero de celda de Ortega en la época de la dictadura,
colaborador cercano, hombre de confianza y secretario de organización
del fsln. Tras las discrepancias, Cerna fue apartado y sustituido por
personas cercanas a Murillo, tal como les sucedió a muchos otros
militantes históricos.
El binomio Ortega-Murillo pensó que lograr
la captura del Estado, el control sobre las fuerzas armadas y policiales
y la colaboración del gran capital era suficiente para afianzar su
régimen autoritario y dinástico. También pensó que renovando y
construyendo parques, promoviendo el acceso gratuito a internet en
sitios públicos y organizando fiestas y celebraciones deportivas podía
contener a los jóvenes, la mayoría de la población y el actor histórico
de los cambios en el país. Lo cierto es que, por más que la superficie
parecía lisa y tranquila, el germen del descontento y la insatisfacción
aumentaba cada día de manera subterránea, toda vez que las expectativas
de mejoría económica y mayor cobertura de las políticas sociales se
vieron frustradas por la continuidad de las políticas económicas de
corte neoliberal, la agudización de la desigualdad y exclusión social,
el clientelismo y el cierre de los espacios políticos. Dos expresiones
tempranas de ese descontento e insatisfacción fueron los altos
porcentajes de abstención en las elecciones de 2016 y 2017, en medio de
una guerra de cifras entre oficialistas y opositores. En el ámbito
internacional, la Nicaragua de Ortega se alió con el gobierno venezolano
–y recibió ingentes recursos petroleros–, al tiempo que negoció con
eeuu políticas y programas en materia de migración y seguridad2.
Por
otra parte, un nuevo ciclo de acción social se abrió en 2013 alrededor
de reivindicaciones vinculadas a la oposición ciudadana al canal
interoceánico, los conflictos por concesiones para explotaciones
mineras, los procesos de saneamiento y titulación de las tierras
propiedad de comunidades indígenas, el acceso al agua, la protección de
recursos naturales y los derechos ciudadanos. Al frente de estas
acciones estaban un renovado y fortalecido movimiento campesino, el
movimiento de mujeres y organizaciones sociales. A inicios de 2018, en
el país se podían identificar al menos 20 focos de conflictos en
diferentes localidades, casi todas ellas de las zonas rurales del país.
Entre
2013 e inicios de 2018, el movimiento campesino realizó más de 100
marchas. Las más importantes, como la de octubre de 2015, fueron
amenazadas y obstaculizadas por la policía y simpatizantes del gobierno.
En 2013 también se produjo la protesta conocida como Ocupa inss, que se
inició cuando adultos mayores reclamaban pensiones al seguro social y
se instalaron frente al edificio de la institución demandando una
respuesta. Grupos de jóvenes autoconvocados llegaron a acompañarlos por
varios días e instalaron puestos médicos, hasta que el 22 de junio de
ese año, ancianos y jóvenes fueron atacados por los grupos de choque del
gobierno, que los golpearon, les robaron sus pertenencias y los
expulsaron del lugar a la vista de la policía, que no actuó para detener
la violencia. Ese acontecimiento marcó un hito en la memoria de las
generaciones jóvenes, tal como se ve en los acontecimientos que
transcurren desde abril de 2018. Recurrentemente, las fuerzas de la
policía y los grupos de choque se encargaron de impedir y reprimir las
acciones sociales, especialmente aquellas organizadas por el movimiento
campesino anticanal y por los grupos ciudadanos que demandaban el
restablecimiento de la democracia.
La rebelión cívica de abril
Los
catalizadores de la rebelión cívica de abril fueron las protestas por
la actitud negligente del gobierno para atender el incendio en la
reserva biológica de Indio Maíz, una de las más importantes del país y
de la región centroamericana, y luego por la reforma del sistema de
seguridad social a mediados del mismo mes3. Las dos protestas
fueron encabezadas por jóvenes autoconvocados y reprimidas abiertamente
por la policía y los grupos de choque del gobierno. En el caso de las
reformas a la seguridad social, el 18 de abril los grupos de choque
atacaron e hirieron a personas de la tercera edad que reclamaban por los
efectos que tendrían sobre sus precarias pensiones y periodistas que
cubrían los acontecimientos. La imagen de los ancianos vapuleados,
heridos y tirados en el suelo fue suficiente para que miles de personas
se lanzaran a las calles a protestar en diferentes ciudades, a pesar de
que los equipos antimotines de la policía intentaron detenerlas. Al día
siguiente, los jóvenes de las universidades se sumaron a la protesta
ocupando los recintos y las calles aledañas, y se convirtieron en los
principales protagonistas de las protestas. La respuesta del gobierno
fue más represión y violencia. La ciudad de Masaya, antiguo bastión de
la lucha sandinista contra Somoza, se declaró «Territorio libre del
dictador» y después de varias semanas de resistencia, finalmente fue
ocupada por grupos parapoliciales movilizados en camionetas y
fuertemente armados, que pusieron en marcha la llamada «Operación
Limpieza», una terminología con resonancias somocistas, precisamente
cuando combatían a las guerrillas sandinistas4.
A
partir de ese momento la espiral de movilización social, represión y
violencia estatal ascendió de manera acelerada e insospechada y provocó
una profunda crisis política y de derechos humanos por las graves
violaciones cometidas por las fuerzas policiales, los grupos de choque y
los grupos paramilitares. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (cidh), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (oacnudh) y Amnistía Internacional han
documentado en sus informes la gravedad de la situación. Hasta la fecha,
se contabilizan más de 300 personas fallecidas, miles de heridos y de
detenidos y varias decenas de desaparecidos; y a eso se suman más de
20.000 personas que han salido del país huyendo de la violencia y la
represión estatal. Otras violaciones incluyen las desapariciones
forzadas y los secuestros de líderes sociales ejecutados por policías y
grupos paramilitares, maltratos, torturas y violencia sexual a
detenidos, procesos judiciales espurios, ataques, intimidación y
amenazas a personas y periodistas, censuras a la prensa y ataques
armados a manifestaciones cívicas.
A finales de abril, Ortega
convocó a un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal de la
Iglesia católica. El diálogo se inició el 16 de mayo y la sesión de
apertura se convirtió en un hito por la forma en que los jóvenes
representantes del movimiento estudiantil interpelaron públicamente al
matrimonio presidencial. En las semanas siguientes, el diálogo alcanzó
algunos acuerdos importantes, entre ellos que el gobierno permitiría la
entrada de una misión de observación de la cidh y, posteriormente, la
conformación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua
(meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei)
de la cidh, así como una misión de oacnudh . Sin embargo, cuando el
gobierno no logró desmovilizar las acciones de protesta con la
represión, los informes de los organismos internacionales de derechos
humanos revelaron la gravedad de la situación y se hizo inevitable
abordar los temas relativos a la democratización, incluyendo la
posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales previstas para
2021, el gobierno obstaculizó el diálogo hasta llevarlo a un impasse.
Mientras tanto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la
coalición conformada por los representantes de los diferentes sectores
que participan en el diálogo, incluidos los empresarios privados, han
seguido trabajando en la elaboración de propuestas, acciones de
incidencia y coordinación con otros grupos del movimiento ciudadano.
La
crisis ha llegado hasta tal punto que los organismos internacionales de
derechos humanos coinciden en señalar que se han producido tres fases
en la represión y han urgido al gobierno para que la detenga; la
comunidad internacional, especialmente el Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (oea), el Parlamento Europeo y
numerosos gobiernos han hecho llamados al gobierno de Nicaragua para que
cese la represión, se reinicie el diálogo y se busque una salida
pacífica a la situación. Ortega ha optado por confrontar, movilizar a
sus partidarios, atacar y tomar represalias contra la Conferencia
Episcopal y los empresarios privados, esperando plegarlos a sus
posiciones. También ha ofrecido numerosas entrevistas a cadenas de
televisión internacionales, luego de 11 años de silencio, a fin de
explicar su versión de la crisis a la comunidad global, denunciando un
proceso de desestabilización en marcha. En los medios, el orteguismo ha
lanzado el hashtag #NicaraguaQuierePaz para contrarrestar la
fuerte actividad de la oposición en las redes y denunciar lo que percibe
como una conspiración de delincuentes y poderes externos que ha
sumergido a Nicaragua en la violencia.
Un apretado balance de la
situación muestra que el barco está haciendo agua para Ortega. Sus
apoyos son escasos y se reducen a las agotadas fuerzas policiales, los
grupos de choque y paramilitares, una parte de los empleados estatales y
un ejército que ha optado por sustraerse convenientemente de la crisis.
Hasta ahora no ha logrado desmovilizar al movimiento ciudadano y ha
conseguido que la comunidad internacional vuelva sus ojos sobre el país,
especialmente desde la salida anticipada de la misión de oacnudh a
petición del mismo gobierno. La profundidad de la crisis es clara a ojos
de todo el mundo y no admite soluciones paliativas o temporales. Lo
sabe Ortega y lo sabe la sociedad nicaragüense. Nicaragua está lista
para una nueva transición.
Notas:
1. Arturo Wallace: «Nicaragua, un país dividido por un canal que aún no empieza a construirse» en BBC Mundo, 23/12/2014.
2.
Puede verse una cordial reunión entre Ortega, Murillo y representantes
del Comando Sur de EEUU en «Presidente Daniel se reúne delegación del
Comando Sur de los Estados Unidos», video en El 19 Digital, 3/5/2016, www.youtube.com/watch?v=ccyd-y5azus
3. «¿Qué ocurre en Nicaragua? Claves para entender la reforma del Seguro Social» en CNN en español, 20/4/2018.
4. V. el reportaje de Jon Lee Anderson: «‘Fake News’ and Unrest in Nicaragua» en The New Yorker, 3/9/2018.
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