Perú
El presidente de Perú,
Martín Vizcarra, anunció que el Ejecutivo observó, y por lo tanto no
promulgó, la ley aprobada por el Congreso el pasado 11 de octubre que
habilitaba la liberación del exdictador genocida Alberto Fujimori,
conocida mediáticamente como “Ley Fuji”.
Vizcarra fundamentó su
decisión en el hecho de que el Parlamento no había dedicado tiempo
suficiente para analizar una medida de esas características. “Amerita
debatirse y buscar el consenso necesario entre las diversas fuerzas
políticas”, indicó Vizcarra, quien se mostró a favor de crear una ley
que posibilite que personas de avanzada edad, con males de salud, sigan
cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario.
El fujimorismo está
herido y algunos dicen que de muerte, gracias a la serie de errores que
se iniciaron desde la llegada del exdictador a Chile en 2005 y que
culminaron con Alberto y su hija Keiko privados de su libertad, mientras
los fujimoristas duros responsabilizan a Keiko por la caída de su líder
histórico.
El Parlamento peruano, dominado por los fujimoristas
de Fuerza Popular, aprobó de manera exprés y sin pasar por las
comisiones correspondientes una ley para liberar, por “razones
humanitarias”, con grilletes electrónicos a presos ancianos, lo que
impediría el reingreso en prisión de Fujimori, de 80 años, cuyo indulto
fue anulado a principios de este mes.
El exdictador se encuentra
nuevamente internado en un hospital de Lima a la espera de que los
médicos le den el alta médica para poder reingresar en prisión. Los
partidos Peruanos Por el Kambio, el centrista Acción Popular y los
grupos de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio cuestionaron al
fujimorismo por promover esta polémica ley y advirtieron que fomenta la
impunidad.
Una semana atrás, mientras Keiko iba a brindar una
declaración en el proceso que se le sigue, fue arrestada por casos de
corrupción. El caso de los Cuellos Blancos del Puerto identificaba cada
vez más a la “Señora K” como Keiko Fujimori y establecía su relación con
el fugado exmagistrado César Hinostroza, sindicado como jefe de la
organización criminal. El empresario Antonio Camayo se sometió a la
colaboración eficaz y no paró de hablar.
Paralelamente, el caso
Cocteles agregaba más indicios sobre la existencia de una organización
criminal al interior de Fuerza Popular que perpetró una serie de
acciones para el lavado de dinero ingresado de forma irregular, gracias
al famoso “Aumentar Keiko para 500” de Marcelo Odebrecht.
El
fiscal José Domingo Pérez investiga a 49 integrantes de la organización
de lavado de activos que Keiko Fujimori encabeza en Fuerza Popular, la
que actuaba para obtener el poder político, recibir aportes ilícitos y,
luego, estando en el poder, retribuirlos. Además de Keiko, a la cabeza
de esta organización están Vicente Silva Checa (vinculado a Vladimiro
Montesinos), Pier Figari y Ana Herz. El juez Richard Concepción debe
decidir si otorga los 36 meses de prisión preventiva que solicitó el
fiscal.
Francisco Pérez García se pregunta en La Otra Mirada, cómo
el fujimorismo pasó a convertirse de una de las dinastías políticas más
poderosas e influyentes en el país a una agrupación arrasada en las
últimas elecciones y con dos de sus principales líderes coqueteando con
la prisión.
Hoy el fujimorismo está perdiendo el control político
de país, que mantuvo por más de una década, mientras se va dividiendo
por el enfrentamiento entre los hermanos Keiko y Kenji, que precipitó,
tras el indulto, la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo
Kuzcynski, antes de ser expulsado.
El retorno sin gloria
Para
comprender este entramado, hay que remontarse al año 2000, cuando tras
la difusión de los vladivideos (por el asesor de Seguridad del dictador,
Vladimiro Montesinos), la convocatoria a nuevas elecciones, la fuga de
Montesinos y la revelación de la corrupción del régimen, Alberto
Fujimori renunció por fax desde Japón, donde se escudó en su doble
nacionalidad: el imperio japonés no entrega a sus súbditos, aun por
crímenes de lesa humanidad.
Cinco años después Alberto Fujimori
decide viajar a Chile, para luego entrar al Perú e una nueva campaña
política. Pero Chile lo apresó y extraditó a Perú para ser procesado por
los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, además de otros actos de
corrupción que aumentarían su curriculum delictivo. Preso en la Diroes,
siguió coqueteando con su regreso político, pero en 2007 fue sentenciado
a 25 años de prisión.
El 2006, Keiko, la hija de Fujimori,
postuló al Congreso, desde donde comenzó a reorganizar la fuerza
naranja. En 2011, con Fuerza 2011 (semilla de Fuerza Popular), con la
“K” en el logo, Keiko asumió la dirección, acompañada de su hermano
Kenji y se postuló a la presidencia en dos oportunidades, fallando en
segundas vueltas ante Ollanta Humala y Kuzcynski, mientras , Kenji era
el congresista fujimorista más votado.
En 2016 Keiko se deshace
del ala dura del fujimorismo en busca de los votos de los liberales de
la derecha. Pensaba que así le daba otra cara al fujimorismo, de acuerdo
a las exigencias de Washington. Es más, ofreció un discurso en la
Universidad de Harvard donde saludaba el informe de la Comisión de la
Verdad y “renunciaba” a usar su poder político para beneficiar a
cualquier familia.
Los hermanos sean unidos…
De allí
en más, todo fue guerra fratricida entre Keiko y Kenji, quien buscaba a
toda costa negociar un indulto para la liberación de su padre, con
acercamientos a Kuczynski, sumando a su campaña al ala dura que habían
sido alejada por su hermana y sus asesores Pier Figari y Ana Hertz.
La
bomba fratricida explotó durante el primer pedido de “vacancia” contra
Kuczynski (implicado en los sobornos de la trasnacional brasileña
Odebrecht) el 17 de diciembre de 2017, promovido por el Frente Amplio y
respaldado por casi todas las agrupaciones, incluyendo a fujimoristas y
apristas. Durante la votación, la televisión mostró a diputados
fujimoristas peleando con Kenji , mientras se hablaba de la negociación
de un indulto al exdictador.
Kucxynski fue salvado por Kenji y 12
legisladores más. Una semana más tarde, el presidente pagó el salvataje,
indulktando en Nochebuena al exdictador. A principios de enero de 2018,
una serie de videos y audios presentados por el hoy presidente del
Congreso, Daniel Salaverry, revelaron que un grupo de “kenjistas” había
negociado votos a cambio de favores políticos.
En ellos, el mismo
Kenji ofrecía a un congresista –Moisés Mamani- dádivas para votar en
contra de la vacancia. Mala puntería: era el hombre elegido por los
“keikistas” para sembrarle la trampa a Kenji y sus aliados. La mayoría
fujimorista pidió la cabeza de Kenji y los implicados en los videos.
Pocas
semanas después, Kuczynski seguía mintiendo y no tuvo más remedio que
renunciar. Tampoco le fue bien a Kenji: Keiko, Figari, y Vega lo
desaforaron, dejándolo fuera del Congreso. La guerra civil entre los
hermanos produjo un tremendo hoyo en el fujimorismo.
Pero sin
proponérselo, los videos grabados por Mamani a pedido de Keiko,
sirvieron para que los familiares de las víctimas de La Cantuta y
Barrios Altos, sustentaran ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que el indulto era irregular. Ésta exigió al Estado
peruano que se revisara si se cumplió o no con los requisitos necesarios
para un indulto humanitario. La sentencia de la sala Penal anuló el
indulto.
Los fujimoristas duros quedaron molestos con los errores
Keiko Fujimori y le pasaron la factura en las elecciones regionales y
municipales. Mientras, las encuestas de opinión muestran que su
desaprobación ha alcanzado niveles máximos.
¿Será el fin del
fujimorismo? ¿Se hará justicia para los familiares de asesinados y
desaparecidos durante la dictadura? Sólo el tiempo lo dirá, pero la
capacidad de negociación del fujimorismo va en caída libre.
Mariana
Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana,
analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE, www.estrategia.la)
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