Temen analistas un vuelco a los cuarteles
▲ Protesta contra el candidato presidencial brasileño de ultraderecha
Jair Bolsonaro en Sao Paulo. Imagen tomada el 10 de octubre.
Río De Janeiro. En el ocaso de un gobierno que desde hace
mucho parece moribundo e inerte, Michel Temer, el más impopular
presidente de la historia de los periodos democráticos brasileño,
avanzó, y mucho, en la apertura de espacios de poder para las fuerzas
armadas, ampliando el camino para un cada vez menos tenue vuelco hacia
los cuarteles.
El lunes 15 de octubre, y en medio del torbellino provocado por la
disputa electoral, Temer promulgó un decreto que poco o casi nada llamó
la atención en un primer momento. El objetivo de la medida se refiere a
la creación de una ‘fuerza-tarea de inteligencia’ para el combate a las
organizaciones criminales.
El problema, dicen analistas, es que en primer lugar, ya está
asentada, por ley, la competencia de la Policía Federal para tratar de
crímenes, valga la redundancia, federales, como narcotráfico o lavado de
dinero. Otro punto que llamó la atención es que, en términos de
jerarquía, la ‘fuerza-tarea’ obedece, en primer lugar, al
gabinete de seguridad nacionalde la presidencia de la República, una institución que había sido abolida en los gobiernos del PT y que Temer trajo de vuelta. Y el otro punto que creó alarma en organizaciones sociales se refiere a la vaguedad del tema
organizaciones que atenten contra el Estado o sus instituciones. Desde luego tanto el lavado de dinero como el narcotráfico atentan contra las instituciones y el Estado, pero, ¿qué más? Los sindicatos, por ejemplo, si decretan una huelga general, ¿estarían
atentando contra las instituciones? Si el Movimiento de los Sin Tierra promueve una ocupación en áreas improductivas, ¿estaría atentando contra el Estado?
Muchos analistas señalan que se prepara el terreno para que el
ultraderechista Jair Bolsonaro y su grupo de generales retirados, en
caso de que efectivamente lleguen al poder, puedan desatar una ola de
control y represión contra lo que consideran una extemporánea
amenaza comunista.
Desde que llegó al sillón presidencial gracias a un golpe
institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, no han sido
pocos los pasos de Michel Temer en dirección a abrir espacio para
militares en la estructura del gobierno.
Por primera vez desde su creación, todavía bajo la presidencia de
Fernando Henrique Cardoso, el ministerio de Defensa fue entregado a un
general. La intervención militar en el estado de Río de Janeiro,
decretada el pasado febrero, ha sido otro paso: bajo el mando de un
general en activo quedó toda la estructura policial, desde la
investigativa hasta la civil común, pasando por el sistema carcelario.
Por si fuera poco, Temer también promulgó un decreto determinando que
cualquier caso de violencia cometido por un militar que participe de la
intervención en Río será juzgado por la justicia militar, y no la civil,
como determinaba la legislación anterior.
También llamó la atención que el nuevo presidente del Supremo
Tribunal Federal, Dias Toffoli, un magistrado que no logró ser aprobado
en un concurso público para ser juez de primera instancia, pero llegó a
la corte máxima de justicia, haya convocado –para ser una especie de
superasesor– a un general retirado, muy cercano a Jair Bolsonaro y su
grupo.
Para inquietar aún más al campo progresista brasileño, el nuevo
decreto de Temer creó un núcleo duro de inteligencia, reuniendo no sólo
al todopoderoso Gabinete de Seguridad Nacional y la Agencia Brasileña de
Inteligencia, también los servicios de la Marina, Fuerza Aérea y
Ejército, además del control de actividades financieras del Ministerio
de Hacienda, la Secretaría de Ingresos y todas las policías, inclusive
la responsable por carreteras.
Resumiendo: si realmente llega a la presidencia de la República, Jair
Bolsonaro y el grupo de oficiales retirados que le rodea, contarán con
instrumentos ilimitados –todos controlados por generales en activo– para
controlar la vida de cada brasileño, teniendo como blanco primordial
asegurar que no ocurran atentados
contra el Estado y las instituciones. Le tocará, desde luego, al núcleo duro del eventual gobierno de ultraderecha decidir qué atenta o no contra
el Estado y las instituciones.
Juristas, sociólogos y organizaciones sociales de defensa de los
derechos humanos en Brasil recibieron la nueva medida como una especie
de antesala de lo que podrá ocurrir si Bolsonaro llega al poder con
semejante instrumento de control en las manos.
El hombre que en repetidas ocasiones proclamó a los gritos ser
favorable a la torturay que aseguró que
ninguna elección resolverá nuestros problemas, la única salida será una guerra civil que mate al menos a unos 30 mil, empezando por Fernando Henrique Cardoso (en alusión al ex presidente), seguramente ampliará aún más, si llega a ganar la elección, el espacio abierto por Temer tanto para militares en activo como, especialmente, para los retirados, que arman su programa de gobierno.
Foto Afp, Eric Nepomuceno
Especial Para La Jornada
Periódico La Jornada
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