El estado de salud grave de los labriegos huelguistas y la amenaza de muerte que enfrentaban por la huelga de hambre mantenida por los procesados Rubén Villalba, Néstor y Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Felipe Benítez, ha obligado este domingo al juez penal Benito González a firmar la orden de traslado de los mencionados a sus respectivas residencias donde serán custodiados durante las 24 horas del día.
En un principio, el Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá había rechazado la solicitud del traslado de prisioneros. Sin embargo, un informe de última hora de médicos forenses hizo cambiar la decisión, por lo que en el fallo final el juez aceptó la necesidad de cumplir con la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“(Los pacientes examinados) se encuentran descompensados y con un alto riesgo de complicación clínica de consecuencias impredecibles”, indicó en su informe Alejandro Fretes, médico forense de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, el logro del fallo final se debe, en gran parte, a la movilización nacional e internacional de defensores de los derechos humanos y de personalidades paraguayas y extranjeras, y por supuesto a la firme posición de los labriegos prisioneros.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, cuando numerosos efectivos de la Policía, bajo la orden del fiscal Jalil Rachid, intentaron desalojar a grupos de campesinos que demandaban tierras pertenecientes al Estado y registradas a nombre de un latifundista local.
Durante el enfrentamiento surgido entre ambas partes, personas no identificadas dispararon contra campesinos y policías; dejando un saldo de 17 muertos, 11 labriegos y seis agentes, más de 70 heridos, varios detenidos y unos 40 prófugos por temor a perder sus vidas.
En una declaración emitida el sábado, el Frente Guasú anunció que el reclamo del derecho a la tierra les ha costado a más de tres mil campesinos paraguayos su libertad, pues se encuentran imputados y bajo proceso judicial.
Según el texto, el pueblo apunta al Tribunal de Sentencia de Saltos de Guairá de estar vinculado con el narcotráfico y el dinero mal habido.
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