La medida presentada por el Frente Guasú y coalición de organizaciones de la izquierda se enfoca en los peligros vividos continuamente por los miles indígenas y sus familiares.
Los partidarios de la propuesta han recordado los derechos de los indígenas expresados en la Constitución de Paraguay, la cual ordena defender y preservar su forma de vida, su organización social y sobre todo el derecho a la tierra tan vulnerado por latifundistas y gobiernos de turno.
Asimismo han advertido de las sanciones internacionales ya dictadas contra el Gobierno por no cumplir con esa obligación, además de avisar de los más recientes abusos cometidos contra la comunidad mencionada según pruebas documentadas.
En esta línea, se ha mostrado en la sesión imágenes del desalojo violento cometido en tierras del pueblo Ava Guaraní, por presión de los geófagos y grandes agroexportadores de la soja, acompañados con fuerzas militares, policiales y civiles empleados de los latifundistas.
Las fotos hacen referencia a la expulsión de 150 familias propietarias de tierras a las que pertenecen, y también el incendio de sus humildes viviendas, una pequeña unidad médica, e incluso la pequeña escuelita montada por el Ministerio de Educación.
Según el último censo paraguayo, el país cuenta con una población indígena que supera las 112 mil personas. La falta de atención del Estado hace que sus pueblos se vean afectados por problemas de salud, ambientales y de despojos.
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