Luego de más de cuatro décadas de acción militarizada en la Nuestra América por el gobierno estadounidense, bajo el pretexto del enfrentamiento al tráfico ilegal de drogas, Washington persiste en utilizarla guerra contra las drogas como estrategia imperial.
La cruzada antidroga fue declarada en 1971 por Richard Nixon y desarrollada por Ronald Reagan para Latinoamérica y el Caribe, en la década de 1980. Durante la Administración de Barack Obama (2013-2017), se han producido cambios importantes que inciden en la forma de encarar y percibir la lucha contra este flagelo.
Sin embargo, los matices en la forma de desarrollar la guerra contra las drogas no conllevan necesariamente a una reforma integral de las políticas antinarcóticos, que han estado marcadas por la continua militarización. Por el contrario, estas reformas se orientan a encubrir la impunidad y la violencia generada por las fuerzas militares, policiales y privadas, que actúan en los países más afectados de América Latina y el Caribe.
Siguiendo la historia de guerrerista contra las drogas se perciben dos lecturas básicas, la del manifiesto fracaso en la reducción del narcotráfico y la penetración político, militar y diplomática en la región, gracias su mantenimiento. Pero esta guerra ha presentado algunas modificaciones en los últimos años, fundamentalmente en la forma en que se proyectan el binomio del Pentágono y el Departamento de Estado, y sus más fieles agencias: la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (Droga Enforcement Administration, DEA) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID).
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA vienen consolidando sus nexos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID) desde finales de la década del 80. En ello se ha acrecentado la participación de las Unidades de Investigación Confidencial (SIU), que son “(…) son grupos ultra secretos de agentes élite, casi siempre policiales, de la región que son equipados, entrenados y sometidos a escrutinio por parte de agentes de la DEA. Sus integrantes deben pasar por indagaciones de antecedentes, y someterse periódicamente al polígrafo y a pruebas por consumo de drogas. (…) Las SIU tienen acceso a las bases de datos de inteligencia de la DEA.”(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
A ello se le suman, en franca alianza con sus embajadas en la región, las acciones desplegadas desde la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Comando Sur o Meridional (USSOUTHCOM), en especial del uso que tienen en el segundo mandato de Obama, las Fuerzas Especiales Inter-Agencias Conjuntas Sur (JIATF-S), un componente del Comando Sur que opera desde Key West, Florida y los medios no tripulados (drones).
En esta trasformación de la militarización en la guerra contra las drogas también se emplean los Equipos de Apoyo en Asesoría Destacados en el Exterior (FAST) por la DEA. “FAST es un programa táctico de ofensiva que despliega escuadrones de aproximadamente 10 agentes de la DEA con entrenamiento militar en todo el mundo. Los FAST han sido destacados al menos en 15 oportunidades en América Latina, y han estado presentes en cinco países: Haití, Honduras, República Dominicana, Guatemala y Belice.”(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
El despliegue de Fuerzas de Operaciones Especiales sobre diversos países reflejan un cambio de forma, mas no de contenido en cuanto a los propósitos geoestratégicos de Washington. Por ello continúa la visión intransigente, respecto a un reforma integral de las políticas antidrogas, que tomen en cuenta las características de los países de la región, los verdaderos niveles y tipos de consumo tanto en Latinoamérica y el Caribe como en Estados Unidos, y que profundicen el tratamiento al consumo de narcóticos y psicotrópicos como un problema de salud.
El debate por una mayor tolerancia al consumo de la marihuana gana espacios al interior de Estados Unidos, cómo lo reflejan su legalización en Washington y Colorado. Evidentemente el tráfico las armas de fuego, la guerra contra carteles y la diseminación de la violencia y la criminalidad en la región, valoriza la necesidad de reformas hacia una mayor tolerancia, ante el obstinado enfoque unidireccional con que tradicionalmente se ha orientado la política antidroga estadounidense.
A nivel internacional, logra consenso la necesidad de reformas importantes en las políticas antidrogas. En la Reunión especial de alto nivel en Viena, celebrada el pasado26 de junio de 2013, se platearon pautas hacia la necesaria Revisión sobre Drogas de la ONU en 2016. Al respecto apuntó Yury Fedotov, El Director Ejecutivo de Organización de acciones Unidas contra la droga y el Crimen (UNODC) puntualizó:
“Nos hemos puesto de acuerdo en un camino para nuestra discusión en curso. Espero que conduzca a una afirmación de la importancia de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, así como un reconocimiento de que las convenciones son humanas, con enfoque de derechos y flexibles. También debe existir un firme énfasis en la salud y debemos apoyar y promover medios de vida alternativos sostenibles. Asimismo, es esencial que reconozcamos el importante papel que desempeñan los sistemas de justicia penal en la lucha contra el problema mundial de las drogas y la necesidad de mejorar el trabajo en materia de precursores químicos.”(ONUDC, 2013)
Las políticas de mayor tolerancia son defendidas por varios gobiernos Centroamérica, Suramérica y el Caribe han entrado al debate sobre la despenalización y legalización o no del cannabis (marihuana), esta última subregión a través de la CARICOM. Se parte de la lógica de legalizar los aspectos menos nocivos en los países más afectados, atendiendo a las particularidades de cada país, sus culturas y situaciones político-institucionales.
Para el caso caribeño, el cultivo, la venta y el consumo de marihuana está legalmente prohibido-en Jamaica lo está desde hace un siglo-- pero la posesión de pequeñas cantidades -para el consumo personal -hasta 14 gramos- es tolerada por las autoridades de la mayoría de países.
La situación caribeña resultará de gran atención en los próximos años por la reactivación de esa zona como ruta de trasiego de drogas, lo que ha manipulado a su favor Washington para incrementar la militarización del área, con el empleo de Drones y Fuerzas de Operaciones Especiales en tal empeño. Para esos propósitos y otros menos declarados, fue también reactivada la IV Flota en el verano de 2008 (1 de julio).
En el despliegue estadounidense sobre las costas del Caribe y el Golfo de México se ha resaltado la Operación Martillo desde enero de 2012. Ello se “justifica” con el creciente trasiego de drogas por la zona. “Los Estados Unidos estimaban que, en 2012, más del 80 por ciento del flujo principal de cocaína traficada hacia este país, transitaba inicialmente a través del corredor de América Central”, señala el Informe de Estrategia para el Control Internacional de Estupefacientes del Departamento de Estado para 2013”.(Departamento de Estado, 2013)
Esta cifra es superior según del jefe del Comando Sur, general John Kelly, quien considera que “un volumen estimado de 92-94 por ciento de la cocaína destinada a los EE.UU. aún fluye a través de América Central, de hecho, en 2012, según el Comando Sur, mediante la Operación Martillo interceptó152 toneladas de cocaína.(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
Este mismo informe indica: “Los componentes del Comando Sur que están más involucrados en esta operación son: JIATF-S; las Fuerzas Especiales Bravo, ubicadas en Honduras; Fuerzas Navales Sur (también conocidas como la 4ta Flota), y las Fuerzas de la Marina Sur. Las agencias dependientes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos incluyen la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP).” (Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
Para profundizar el cuidado de Centroamérica y el Caribe, el Comando Sur ha desplegado dos iniciativas subregionales: la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).La CARSI cuenta con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y Fiscalización (INL) del Departamento de Estado, del FBI y respalda las Unidades Transnacionales Anti-Pandillas (equipos TAG), las cuales son unidades policiales en El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte),que comparten información sobre las actividades de los grupos de narcotraficantes.
Llama la atención en medio de los recortes presupuesto militar, se incrementen las partidas de dinero en asistencia en seguridad para las Fuerzas de Operaciones Especiales y las Iniciativas de Seguridad para Centroamérica, el Caribe y Perú. En el caso peruano, viene a consolidar el posicionamiento geoestratégico en la subregión andina, llegando a establecer en ese país 9 bases militares.
El gigante suramericano, Brasil, se haya rodeado por 25 bases militares estadounidenses (23 en tierra), con posiciones estratégicas respecto a PRESAL y a la Amazonía. Por otra parte, la vulnerabilidad de la frontera entre Paraguay y Brasil, y los intereses estadounidenses sobre la Tripe Frontera, aumentan las amenazas para los proyectos integracionistas de la región.
El incremento de la presencia de Fuerzas de Operaciones Especiales, junto a las acciones del personal de inteligencia y los llamados contratistas, le otorga una menor trasparencia e impunidad la proyección exterior de seguridad de Washington en la región. Entretanto, Colombia se involucra en el entrenamiento de militares y policía en el exterior auspiciado por agencias estadounidenses, que aumentan su influencia sobre los efectivos de seguridad de varios países latinoamericanos y caribeños.
Análisis de las tendencias de la guerra contra las drogas de EE.UU. en América Latina y el Caribe
El tráfico ilícito de drogas es un problema de dimensión global. El impacto de este flagelo sobre la humanidad tiene consecuencias incalculables sobre la calidad de vida de la sociedad, la estabilidad política, la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y la convivencia democrática, por lo cual se ven seriamente afectados los países de la región.
Para una valoración más integral de la situación actual de Latinoamérica se deben considerarse las tendencias de la producción y consumo de las drogas ilegales, contrastándolas con las políticas que asume el gobierno de Estados Unidos para su enfrentamiento en la región. Los problemas de corrupción, vulnerabilidad institucional y una violencia generalizada por la guerra entre los carteles y de estos con las fuerzas antidrogas, genera un clima de violencia y criminalidad que perjudica a todos los sectores de la sociedad.
Estas circunstancias denotan un difícil panorama de inestabilidad en los países más afectados, lo que limita su capacidad para proyectar líneas políticas coherentes de manera unilateral, por lo que hace insoslayable la búsqueda de consensos a nivel regional y la colaboración con el gobierno de Estados Unidos. El mayor reto en esta dirección, radica en cómo ajustar esa colaboración para que no se comprometa la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los países que más sufren por este flagelo. A estas complejidades se suman las contradicciones y carencias entre las políticas desarrolladas por el gobierno de EE.UU. para contrarrestar el flagelo de las drogas con las normativas internas de los Estados latinoamericanos.
En la actualidad EE.UU., se mantiene como el principal mercado de drogas y el primer productor de armas a nivel global. Además, es el líder indiscutible de las fallidas estrategias que delinean y definen las políticas antidrogas en todas las regiones del mundo. La ineficacia de políticas como el Plan Colombia (1999), la fenecida Iniciativa Regional Andina (IRA, 2001) la Iniciativa Mérida (2007), la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), reflejan las limitantes de una estrategia antidroga que no se ha planteado un enfoque integral al fenómeno del tráfico ilegal de drogas (TID). Ello ha imposibilitado la proyección de políticas que ataquen los incentivos de este flagelo, desde la esencia que lo promueve.
Este problema básico impide la promoción de políticas antidrogas coherentes con cada país y región, donde se incite la inclusión ciudadana en los programas sociales y políticos. Ello tiene como trasfondo el mantenimiento de una visión unidireccional que prepondera tanto la seguridad para las fronteras y los intereses estadounidenses, que termina por ser ineficientes tanto para la región de América Latina y el Caribe como en el propio territorio estadounidense.
No obstante, los mayores afectados con la sostenida militarización de la guerra contra las drogas siguen siendo los países de la región, que con el curso de los años no sólo amplían sus vínculos en el mercado de estupefacientes estadounidense sino que generalizan las rutas y el consumo de drogas ilegales por toda la región; con efectos devastadores para la seguridad ciudadana, la criminalidad, los derechos humanos, la corrupción y la estabilidad política de los países más afectados.
La extensión de narcotráfico en la mayoría de los países de la región en un contexto donde continúan padeciéndose los problemas de la crisis económica mundial, ha conllevado a una serie de ajustes en la proyección exterior y de seguridad de EE.UU. Ello ha tenido implicaciones para la forma en que se realiza la militarización en la región y para los programas diplomáticos, económicos y de inteligencia que se encausan hacia los países de mayor interés en las Américas.
Valorando esas realidades, se reducen los grandes despliegues militares, siendo sustituidas por un mayor uso las Fuerzas de Operaciones Especiales (huella ligera) y la llamada “guerra de cuarta generación.”Para ello se emplea un mayor uso de las tecnología de la informática y las telecomunicaciones (TICs), de los medios no tripulados (drones) para labores de monitoreo y enfrentamiento a los a los flujos ilícitos trasnacionales.
En este contexto, varios países latinoamericanos aumentan las presiones tanto a nivel gubernamental como por parte de la sociedad civil para lograr, de forma paulatina, la despenalización y legalización del consumo de algunas drogas, particularmente la marihuana y algunos estupefacientes de origen sintético y semi-sintético.
En la medida que siga creciendo la demanda de drogas ilegales (DI) en los países se hace más difícil contener la oferta. Entretanto, las multimillonarias ganancias del trasiego ilegal de drogas, continúan incrementado la corrupción, el blanqueo de capitales y el fomento de paraísos fiscales y centros offshore; favoreciendo los fondos de los bancos y empresas transnacionales que participan o se benefician, de alguna manera, en las diferentes fases de este negocio.
A pesar de que los delitos de blanqueo de capitales, corrupción, trasiego de armas de fuego y precursores químicos, forman parte esencial de la cadena criminal que apoya y reproduce el negocio de las drogas, estos resultan menos atacados que la esfera de la producción de estupefacientes. Ello tiene una razón eminentemente geoestratégica, puesto que su enfrentamiento supone la ubicación de facilidades militares en zonas de alto interés geopolítico y geo-económico para la élite del poder de EE.UU.
Ello explica la continua penetración político-diplomática y de seguridad en regiones claves de la región, entre las que resaltan la Amazonía y la Triple Frontera, sin olvidar la importancia para su seguridad nacional de México, y en un segundo orden, los países más afectados de Centroamérica y del área caribeña.
La militarización de la región se ha intentado justificar durante las últimas décadas por que una de las drogas ilegales (DI) consideradas más perjudiciales, la cocaína, registra sus mayores producciones en países de Latinoamérica, lo que ha servido de pretexto para profundizar el pilar militarista de las políticas antidrogas, a pesar de su manifiesto fracaso.
Sin embargo, los cambios de patrones de consumo en los principales mercados de esa droga a nivel mundial (el estadounidense y el europeo) unido a los éxitos que han conllevado políticas antidrogas de mayor tolerancia y valoración a las culturas y las situaciones específicas de cada país y región, descolocan la intransigencia del gobierno estadounidense en la guerra contra las drogas. En estos cambios de consumo de drogas, resalta el auge del trasiego de precursores químicos y el incremento del consumo de las drogas sintéticas.
El dinamismo de la producción de drogas sintéticas, la variedad de sus tipos y formas de comercialización, desmonta las vías tradicionales de control e interdicción. Para que se tenga una idea, “(…) sólo en Europa se registraron en 2011 un total de 49 nuevos tipos de drogas sintéticas, lo que representa un récord en los últimos años, ya que en promedio cada semana llega al mercado una nueva droga. (…) entre 2010 y 2012, aumentó hasta 690 el número de páginas web que ofrecen sustancias estupefacientes producida en laboratorios, las así llamadas "drogas de diseño", bajo nombres como "Legal Highs" o "Herbal Highs".(Notimex, 2013)
A pesar de estos cambios, Washington prosigue con la llamada política de mano dura contra las drogas, hacia Latinoamérica “justificándose” por la necesidad de interdicción de cocaína cuando los estudios internacionales más avanzados revelan transformaciones en el consumo, que priorizan las sustancias sintéticas. La rigidez de esta política puede explicarse por los intereses colaterales que encierra para la conformación de la política exterior y de seguridad de Washington en la región.
En la actualidad se realiza una revisión en el Departamento de Defensa de EE.UU. que valora el reajuste de los comandos de defensa estadounidenses, lo que pudiera tener interesantes implicaciones, por el lugar que se le otorgará a la guerra antidroga, así como en la delimitación de funciones que se le precisen a las diferentes estructuras de seguridad destinadas hacia la región.
Independientemente a los cambios burocráticos que se realicen en los Departamentos de Estado y de Seguridad, en Latinoamérica y el Caribe continuará politizándose la guerra contra las drogas. Para ello se perfecciona constantemente el poderío militar, político, diplomático e informacional destinado hacia la región, tanto con la penetración de fuerzas militares del gobierno como de contratistas y subcontratistas a su servicio. Las cuotas de control y poder que confiere la guerra contra las drogas a los intereses geoestratégicos de ese gobierno en la región, hacen factible realizar los cambios y matices necesarios, para prolongar el combate armado contra los grupos de narcotraficantes, cuánto sea posible y necesario.
Analizando la evolución y las tendencias de la guerra contra las drogas en la conformación de la política exterior y de seguridad de EE.UU. puede puntualizarse una mayor importancia de las políticas antidrogas estadounidense en las dinámicas político-diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, donde crecen las implicaciones del capital trasnacional estadounidense en el blanqueo de capitales.
Además, se aprecia un auge de la tendencia a la despenalización y legalización del consumo de marihuana y algunas drogas de origen sintético, con disímiles consecuencias sociopolíticas y culturales; que tienen implicaciones para la relación norte-sur y para el sostenimiento de la errada guerra contra las drogas de Washington. Este fenómeno cuenta con el impulso de los gobiernos de Uruguay, viendo también la propuesta del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, así como los casos de Portugal, España y Países Bajos, que ya tienen un mayor tiempo en la liberación del consumo de drogas.
Los efectos que pudiera conllevar a mediano y largo plazo un escenario donde legalización y despenalización del consumo de drogas, principalmente de las drogas blandas, sin descartar el de otras sustancias de origen sintético, conllevaría a importantes modificaciones en las políticas antidrogas de Estados Unidos.
La rígida posición de ese gobierno ante las presiones de movimientos y gobiernos de la región por la legalización y despenalización de algunas drogas consideradas menos nocivas para la salud humana, parece desmontarse en el tiempo. Por otra parte, luego de la legalización en Washington y Colorado del consumo de marihuana, el tema a debate no sólo cobra importancia en la conformación de la política exterior y de seguridad de EE.UU., sino también en el orden interno. Los históricos problemas del consumo de estupefacientes en ese país obligan a una reevaluación sobre la visión y posibles acciones del gobierno en ambas direcciones.
En la pasada Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en abril del 2012, se evidenció la voluntad de algunos gobiernos latinoamericanos de estudiar los beneficios que podría producir para sus correspondientes países la eventual despenalización y legalización de la producción, la comercialización y el consumo de algunas de la drogas de origen natural que se producen, se consumen y se “exportan” desde América Latina y el Caribe hacia el mercado estadounidense y el europeo.
Para un análisis más holístico respecto a los flujos ilícitos trasnacionales, resulta pertinente interrelacionar el tema del tráfico de drogas ilegales y su enfrentamiento con el trasiego de armas de fuego a la región, donde existen escandalosos precedentes que implican al gobierno estadounidense como las Operación Rápido y Furioso y la Naufragio.
La relación de negocio de las drogas con delitos como la trata y tráfico de personas, el trasiego ilegal de armas, el lavado de dinero y el tráfico de precursores químicos, conllevan a una valoración más integral respecto a los flujos ilícitos transnacionales. El trasiego de precursores químicos se acelera el dinamismo del consumo de sustancias sintéticas. Ello tiene implicaciones prácticas en la modificación de las rutas y en su enfrentamiento, debido a las facilidades de su producción, puesto que no se requieren de territorios específicos.
En este contexto el gobierno de EE.UU incrementa el uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TICs) y de medios de transporte marítimos y aéreos más modernos, las Fuerzas de Operaciones Especiales y la intervención de contratistas y subcontratistas en la guerra contra las drogas, lo que le pudiera posibilitar una militarización más efectiva y, por tanto, menos numerosa, que pudiera conllevar a confundir y reducir las “presiones” en el plano político- diplomático.
Entretanto, se mantiene la carencia de políticas públicas concretas contra el tráfico ilegal de drogas y sus disímiles consecuencias para la sociedad y la estabilidad política internacional. Por otra parte, no se delimita de forma adecuada el tratamiento antidroga como problema de salud y en sus afectaciones a la seguridad y la estabilidad de los países más afectados tanto por su producción, trasiego y consumo.
La necesidad de profundizar más la atención a la salud pública en el problema de los drogas continúa ocupando un segundo plano. Sin embargo, “(…) aunque las drogas sean lícitas. Comercializadas abiertamente, incluso a través de internet (…) pueden ser mucho más peligrosas que las drogas tradicionales. Los nombres por los que son conocidas en las calles, como "especias" ("spice"), "miau-miau" y "sales de baño" inducen al error a los jóvenes que creen que se trata de diversión de bajo riesgo.”(ONUDC, 2013)
Estas deficiencias limitan el papel de las políticas públicas, ya que no se aprecia la importancia de la participación ciudadana para la credibilidad y la eficiencia de las políticas antidrogas. Para ello se necesita de una verdadera colaboración, que tome en consideración la visión de ambas partes y las características culturales, políticas y socioeconómicas de cada región, de manera que se proyecten políticas de seguridad públicas que viabilicen la cooperación al desarrollo.
Las fallidas consecuencias de la guerra contra las drogas de EE.UU. merecen la inclusión de múltiples temas no militares, que permitan reconocer otras aristas del enfrentamiento a los flujos ilícitos trasnacionales, orientadas hacia factores político-diplomáticos y socio-culturales. Estos tienen una estrecha relación con las políticas públicas, los proyectos de inclusión ciudadana, reducción de las brechas socioeconómicas y de los índices de violencia y criminalidad que hoy afectan a la región. Ello no se resume a los temas estrictamente militares, sino que tienen un abanico de impactos hacia la seguridad ciudadana, la economía, el medio ambiente y la sociedad en general, que ameritan mayores esfuerzos.
En las trasformaciones ocurridas en la última décadas, se aprecia una mayor producción y consumo de drogas sintéticas. Los países que tradicionalmente eran productores y/o rutas han incrementado sus índices de consumo. La expansión de este problema de la subregión andina hacia toda Nuestra América, con sus particulares efectos en México y Centroamérica, evidencian el doble rasero de la guerra contra las drogas de EE.UU.
Entretanto, la producción de cocaína continúa disminuyendo. “Las estimaciones de la cantidad de cocaína fabricada, oscilaron de 776 a 1.051 toneladas en 2011, cifra igual en gran medida a la del año anterior. Las mayores incautaciones de cocaína del mundo (sin ajustar la pureza) se siguen notificando en Colombia (200 toneladas) y los Estados Unidos (94 toneladas). El consumo de cocaína sigue disminuyendo en los EE.UU., el mayor mercado de cocaína del mundo. Por el contrario, un aumento significativo de las incautaciones se ha observado en Asia, Oceanía, América Central y del Sur y el Caribe en 2011.”(ONUDC, 2013)
El reforzamiento de las rutas del Caribe en el trasiego ilegal estupefacientes, conlleva a un necesario incremento del control de esta área, donde resulta estratégico, el progreso en la cooperación bilateral entre el gobierno estadounidense y la República de Cuba, entre otras acciones bilaterales que debiera acelerar el gobierno estadounidense en la región.
La persistencia en fórmulas militaristas y la continua politización de la lucha antidroga denota el doble rasero de la guerra contra las drogas de Estados Unidos en el proceso de conformación de la política exterior y de seguridad hacia Nuestra América. Ante esta realidad, se necesita de una articulación de fuerzas política y actores diversos, que pugnen por una verdadera cooperación al desarrollo. Ello viabilizaría cambios trascendentales, donde se parta de un enfoque crítico, interdisciplinario y regional, sobre los diversos problemas asociados con los flujos ilícitos entre América Latina, el Caribe y EE.UU., así como los actores estatales y no gubernamentales, regionales y trasnacionales, en aras de proveer alternativas de políticas cooperativas, que tengan en cuenta el carácter transfronterizo y trans-regional de este flagelo.
Nuestra América ante la guerra contra las drogas de Washington
El tráfico ilícito de drogas a nivel internacional genera dividendos que superan los 320 000 millones de dólares anuales. Se estima que el trasiego de cocaína mueve anualmente montos de 85 mil millones de dólares.(ONUDC, 2012)
“Al año, el crimen organizado mundial mueve unos 870 mil millones de dólares. De esa cantidad, el narcotráfico maneja 320 mil millones de U$; 32 mil millones se movilizan por “trata de personas”; siete mil millones en torno al tráfico ilegal de migrantes; casi 80 mil millones por negocios delictivos relacionados con la madera y especies animales; 140 mil millones por juego de apuestas ilegales.”(Rambaldi, 2012)
No obstante, otras fuentes registran datos superiores como los confirmados por el Secretario de la OEA, José miguel Insulza durante su participación en el Foro Económico Mundial para América Latina 2013 al plantear: “Las drogas son un negocio que mueve al año 84,000 millones de dólares en el mundo, por lo que es importante adoptar políticas para enfrentar ese flagelo de forma integral, sostuvo hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)”(El negocio de las drogas mueve al año 84,000 millones de dólares, 2013)
Esta situación acrecienta su impacto para la paz y la seguridad internacionales. La interconexión del crimen organizado trasnacional dificulta su enfrentamiento, dado el amplio abanico de oportunidades que se abren, ante las vulnerabilidades en la seguridad y la asistencia social que presentan los Estados-nacionales.
Los derroteros del crimen transnacional, recrudecen los problemas socioeconómicos y políticos que padece Latinoamérica, con un gran impacto sobre los procesos electorales, los proyectos de gobierno y la proyección exterior de los líderes de la región. Bajo esas circunstancias, el Consejo Sudamericano de Defensa, resulta una opción para el enfrentamiento, al menos de forma más autónoma, contra flagelo de las drogas. Esta Institución, creada como respuesta de la región, bajo la impronta del ex presidente brasileño Lula Da Silva, en el marco de la UNASUR, resulta un intento por dar respuesta, a los problemas más urgentes que atentan contra la paz y a seguridad latinoamericana.
Fortalecer los enfoques desde el sur al enfrentamiento antidroga es una necesidad existencial, ante las proyecciones del Comando Sur y el perfeccionamiento de las facilidades militares del hegemón en la región; la cual combinan con un paquete de cooperación en materia de asesoría jurídica, policial y “apoyo institucional”, que acentúan sus intereses sobre la región.
En este juego de poderes, vale la pena considerar qué papel desempeña Brasil como líder regional. La difícil situación sociopolítica de México, llamado a concentrar todas sus fuerzas en frenar el auge de los cárteles y la sangrienta guerra contra las drogas que tantos crímenes y víctimas cobra día a día, le impide una proyección más influyente hacia la Latinoamérica. Esa situación, consolida Brasil como actor principal, por lo que necesita fortalecer los esquemas de integración, para impulsar iniciativas que impidan la consolidación hegemónica de Estados Unidos en la región.
Entretanto, Obama afina su política exterior y de seguridad para el hemisferio en su segundo mandato, bajo la impronta de John Forbes Kerry como Secretario de Estado, que expone como paradigma de las relaciones con Latinoamérica al gobierno colombiano.
Pero las políticas militaristas de la guerra contra los carteles continúan cobrando vida, y la extensión de Plan Colombia hacia todo el Hemisferio se asemeja a la crónica de una muerte anunciada. No obstante, debe considerarse de forma especial, la creciente participación de contratistas y subcontratistas en la llamada guerra contra las drogas. Esta tendencia, ha devenido en la receta ideal para alentar desarrollo el Complejo de Seguridad Industrial, tan necesaria para ese país.
La utilización de contratistas ha tenido una generalización en la práctica político-diplomática del gobierno de Obama (2009-2013 y 2013-2017), ya no sólo con los traslados de funcionarios políticos y diplomáticos a Nuestra América, sino también en una mayor utilización de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Estas acciones reflejan continuidad respecto a la proyección de la Administración de W. Busch (2001-2009), pero con los matices necesarios de una política exterior y de seguridad más hábil, delineada desde el smart power y las tres D (apreciando a la Diplomacia y el Desarrollo como complemento de la Defensa).
Del fracasado pero aún con vida Plan Colombia, la fenecida Iniciativa Regional Andina (IRA), la extensión del Plan Colombia en Plan México, luego retitulado como Iniciativa Mérida, se puede reconocer una geoestrategia de dominación que se va perfilando y consolidando, a través de la justificación político-diplomática del flagelo de las drogas, para incrementar su penetración en la región, decididos a no perder su equilibro hegemónico.
Desde esa perspectiva, el gobierno de EE.UU. ha recrudecido la guerra antidroga, con la autorizaron de la utilización de aviones no tripulados (Drones), para su utilización en la persecución de narcotraficantes e inmigrantes, en aras de aumentar la seguridad en la fronteras de EE.UU. con México y aquellas que le interesan allende a sus tierras y mares.
Las últimas transformaciones de la segunda Administración Obama permiten reconocer, independientemente del recorte presupuestario del gasto militar, una mayor utilización de Fuerzas de Operaciones Especiales y las tecnologías más modernas en la guerra antidroga, lo que refuerza el pilar militar sobre aspectos insoslayables como el control del consumo de drogas ilegales y el impulso a programas de asistencia social. Esta ineficaz estrategia, impide una mayor promoción de políticas que contrarresten la falta de empleos y la crisis en la economía, de manera que se reduzcan los incentivos del negocio ilícito de las drogas.
La situación de inseguridad y violencia que viven varios países de la región, validan la continuidad de análisis críticos y propuestas encaminadas hacia una reforma integral de la guerra contra las drogas de Estados Unidos en Nuestra América.
Conclusiones:
El tráfico ilícito de drogas mantiene un creciente impacto en la sociedad contra la seguridad ciudadana, los derechos humanos, el Estado de derecho, la gobernabilidad y la convivencia democrática de los países con una mayor incidencia del crimen organizado transnacional. La responsabilidad compartida de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe no se asume con seriedad por dicha potencia.
Lo que se manifiesta como tendencia en la proyección exterior y de seguridad de EE.UU. es la utilización de la lucha antidroga como justificación para el re-fortalecimiento de su dominio político y militar. La consolidación de su poderío militar en Latinoamérica a través de la guerra antidroga perfecciona su posicionamiento geoestratégico, desde el orden militar y de inteligencia, lo que supone una modernización tecnológica y de métodos a implementar que les asegura una hegemonía en este aspecto.
Estados Unidos se consolida como líder entre las potencias centrales en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, logrando incluir en sus estrategias a otros gobiernos imperiales tildados como “grupo de amigos”, haciéndose de un mayor control sobre Latinoamérica.
Los Estados Unidos y la OTAN practican una política incoherente en el enfrentamiento al TID, con estrategias desiguales en la erradicación de cultivos agrícolas que sirven de materia prima para las drogas ilegales (DI), que responden a sus intereses geoeconómicos y geopolíticos en cada región.
Las campañas mediáticas validan su imagen para controlar los recursos naturales, ubicar sus fuerzas militares y de inteligencia, deslegitimar los procesos de izquierda y/o reformistas en América Latina, en un intento de impedir sus alianzas. La estabilidad que cobre la región de forma autónoma es negada por el imperio norteño, reconociendo sólo aquellos programas que se adecuan a sus intereses.
Las medidas extremas y la injerencia en los asuntos internos de los Estados, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico vulneran la soberanía de los países y varios principios del Derecho Internacional Público. Bajo el manto del multilateralismo aplica una retórica cuando en realidad sostiene una política bilateral con cada país, sin afectar la lucha contra el TID y protegiendo sus intereses geopolíticos y geoeconómicos.
Se estrechan los vínculos entre la producción y tráfico ilícito de estupefacientes con empresas legales en delitos conexos como la trata y el tráfico de personas, el lavado de dinero, el trasiego de armas de fuego y precursores químicos, utilizados para el procesamiento de drogas.
La diversificación del mercado de las drogas y los altos niveles de producción y consumo, siguen prevaleciendo en los Estados Unidos -con una tendencia al aumento del consumo de drogas sintéticas y semi-sintéticas demuestra la unilateralidad, la ineficacia y los fines esencialmente geopolíticos y geoeconómicos de las estrategias impulsadas por los gobiernos de ese país contra el mal llamado narcotráfico, evidenciándose la ineficacia de sus programas.
La militarización de la lucha contra la producción y el tráfico de las drogas -en particular de las de origen natural que se producen en los países Latinoamérica- inciden en el aumento de la violencia y de la inseguridad ciudadana, aspectos que son aprovechados por las clases dominantes para criminalizar las protesta sociales y reprimirlas.
En los países latinoamericanos y caribeños con mayores índices de producción y exportación, se produce un giro en las agendas políticas, que priorizan la seguridad ciudadana sobre otras demandas sociopolíticas.
Finalmente pude asegurase que el Estados Unidos impulsa estrategias “multilaterales” contra el “narcotráfico” y otros delitos conexos, como pretexto para el re-fortalecimiento de su dominación político-militar, particularmente en América latina y el Caribe.
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