Cambios en la ley de elecciones de Canadá

Carlos Angulo Rivas (especial para ARGENPRESS.info)

La propuesta de cambios en la ley de elecciones de Canadá ha creado una seria preocupación en los académicos, políticos y en las organizaciones internacionales que velan por la democracia y el respeto a los Derechos Humanos. El proyecto de ley C-23 elaborado por el gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper, de ser aprobado, dañará profundamente la integridad electoral dentro de Canadá, pues la nueva fórmula se distancia de los estándares internacionales de la llamada democracia representativa, la que de por sí ya tiene disminuidos los derechos ciudadanos. En esta dirección, el gobierno conservador de Harper pretende realizar una amplia reforma en los procesos electorales canadienses, reduciendo las atribuciones del organismo rector “Elections Canadá” una institución no partidarizada; además de reducir el derecho a votar y expandir el privilegiado rol que juega el dinero en la política de las democracias capitalistas.

El proyecto de ley C-23 busca modificar las normas fundamentales y las regulaciones que, hasta ahora, han regido las elecciones políticas en Canadá. Por ejemplo, la ley C-23 no permite la autonomía plena e independencia del presidente (Chief Electoral Officer CEO) que en comparación a nuestros países latinoamericanos vendría a ser el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Este solo hecho no permitirá elecciones limpias y confiables o una administración donde puedan detectarse infracciones a ser investigadas; tampoco permitirá la comunicación directa con los ciudadanos con la finalidad de promover la votación, la mayor participación cívica y la publicación de informes.

Existe en la propuesta C-23 una intervención directa del gobierno en los asuntos electorales a través de la Dirección de Persecución Pública lo que resta credibilidad en el proceso electoral, en tanto y en cuanto la independencia del organismo rector de las elecciones se ve intervenido por agentes ajenos a la libre determinación de los votantes, ya que a “Elections Canada” no se le permitirá comunicarse con el público acerca de los detalles de posibles investigaciones sobre irregularidades o presuntos fraudes cometidos. En estos casos, la nueva legislación obliga primero llevar la investigación al Procurador General (parte del gobierno) y luego al parlamento donde se juegan intereses políticos partidarios.

Con relación al derecho al voto la propuesta C-23 reduce la habilidad de los ciudadanos a votar, prohibiendo el uso de credenciales que atestigüen elegibilidad, información sobre identidad y lugar de residencia. Este cambio de regulación es ostensiblemente dirigido a los ciudadanos más vulnerables y tendrá un desproporcionado impacto en los Seniors, los estudiantes, los más pobres, y los nativos de las First Nations. Otra grave situación se presenta en la expansión del papel o actuación del dinero vinculado a los intereses de las grandes corporaciones y de los ciudadanos ricos, quienes dentro de la política nacional cuidan exclusivamente sus intereses. La C-23 en la práctica elimina el requerimiento a los partidos políticos de presentar detalles documentados de los ingresos y gastos de campaña y de las fuentes de financiamiento; además, incrementa el monto de las donaciones individuales por año de $ 1,200 a 1,500 a sus respectivos partidos y las contribuciones de los candidatos de 1,500 a 5,000 dólares en sus propias campañas.

En general, la propuesta C-23 crea un enorme vacío entre los contribuyentes ricos y los ciudadanos ordinarios, incrementando la influencia de los más poderosos en los gobiernos de Canadá sobre los más pobres y desamparados. Como se observa, el primer ministro Stephen Harper pretende partidarizar a su favor todo el proceso electoral a fin de consolidar un gobierno de los ricos por los ricos y para los ricos. Con el que estaría garantizando un poder absoluto de los capitalistas mediante una caricatura de democracia, estableciendo una burla a la voluntad popular y una especie de fraude con carácter legalista. Apostar por el poder distorsionante del dinero en las campañas electorales y en las elecciones convierte a la democracia representativa del capitalismo en una compraventa de votos, en una subasta al martillo del poder adquisitivo de los ciudadanos.

El gobierno conservador de Harper, de mayoría parlamentaria pero de visible minoría popular, con este proyecto de ley C-23 se inclina por permanecer en el poder del estado y eso ya es de cuidado. Ya que la reputación internacional de Canadá en el mundo, de años anteriores, ha sido destruida totalmente por los conservadores no sólo por acompañar las aventuras belicistas de la Casa Blanca en el Medio Oriente, Afganistán, Lybia, Irak, Irán, Syria, Ucrania, Cuba, Venezuela, etc. sino por desarrollar una política económica neoliberal de descomunal avaricia y egoísmo en los asuntos internos relativos a la educación, la salud, el bienestar general, la vivienda y el costo de vida; además de la contaminación ambiental en megaproyectos petroleros Tar Sand en provincia de Alberta y deforestación de bosques incrementando el “efecto invernadero. Y en los asuntos externos por las inversiones de empresas canadienses depredadoras del medio ambiente en diversos continentes, sobre todo en minería.

Con Stephen Harper, Canadá perdió el prestigio internacional de estado equilibrado reconocido en el mundo entero. Perdió la visión de protector de la paz y el respeto por los derechos humanos para convertirse en un satélite sumiso de Washington sin opción a una política de relaciones exteriores propia y soberana.

De pasar la ley C-23, Harper asegurará su permanencia en el gobierno de Canadá hasta consolidar una sociedad capitalista de corte imperialista y de dominación mundial junto a los Estados Unidos. La nueva ley electoral es una medida inclinada a ese objetivo, la otra es la creación de cerca de 30 espacios electorales nuevos que significan 30 nuevos miembros del parlamento MPs en lugares donde predominan los ciudadanos acaudalados, prósperos y opulentos, esta sería otra ventaja para continuar con su gobierno de mayoría parlamentaria pero de inmensa minoría popular.

Carlos Angulo Rivas es poeta y escritor peruano.