@ARD3
(Quito, Ecuador ).- El Parque Nacional Yasuní, declarado reserva de la biósfera por la Unesco en 1989, se encuentra ante un dilema: el gobierno ecuatoriano buscará explotar el .01 por ciento de los recursos petroleros ahí existentes y enfrenta la oposición grupos ambientalistas, respaldados en los derechos constitucionales de la naturaleza que el mismo gobierno decidió otorgar. Ante la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral apruebe una consulta, el presidente Rafael Correa dijo el miércoles 16 que no teme a la voluntad del pueblo pues está seguro que éste lo respaldará.
El parque nacional ecuatoriano, extendido sobre 9 mil 820 kilómetros cuadrados, abarca parte de las provincias de Pastaza y Orellana en plena cuenca amazónica, en donde los grupos indígenas tagaeri, taromenane y wao viven en aislamiento voluntario.
Desde el año 2007, el mandatario ecuatoriano anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el compromiso de su gobierno para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo en el campo ITT (Ishipingo-Tambococha-Tiputini), equivalentes al 20 por ciento de las reservas del país.
Para lograr esto, Correa propuso a la comunidad internacional contribuir financieramente con al menos 3 mil 600 millones de dólares, cantidad que significaría el 50 por ciento del monto total que el Estado ecuatoriano recibiría en caso de elegir la explotación petrolera.
Sin embargo, el pasado 15 de agosto del 2013, Rafael Correa puso fin por Decreto Ejecutivo a la iniciativa denominada “Yasuní-ITT”, luego de recibir de la comunidad internacional solamente 13.3 millones de dólares, 0.37 por ciento de lo esperado.
Constitucionalmente, entre los derechos de la naturaleza o “Pacha Mama”, se establece que “se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”, además de que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.
“El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”, señala.
Sin embargo, la Carta Magna -emanada de una Asamblea Constituyente aprobada en el 2008 mediante un referendo con un respaldo contundente-, se indica que los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
Grupos ambientalistas han juntado más de 700 mil firmas para conservar intactos los recursos en el Yasuní, además de fomentar una consulta respecto a la situación de los hidrocarburos en esta región.
Ante este panorama, Rafael Correa aseguró este miércoles que de realizarse una eventual consulta popular sobre la explotación del Yasuní, cumplirá con el resultado y manifiesto del pueblo.
“Jamás le voy a temer al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano”, señaló luego de que la organización ambiental Yasunidos aceptara la revisión de las miles de firmas entregadas al Consejo Nacional Electoral para lograr que se realice la consulta popular sobre la explotación petrolera.
La campaña gubernamental emprendida por Rafael Correa ha insistido en que sólo se explotará el “uno por mil” con tecnología de punta que reduzca el impacto ambiental que esto pueda ocasionar.
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