A través de un comunicado difundido este domingo, el organismo indicó que del total de hechos relacionados con homicidios y desapariciones de profesionales de la prensa, así como con atentados a medios de comunicación, solo un 19 por ciento de las investigaciones se consignaron ante un juez.
En tanto, apenas un 10 por ciento de estos casos terminaron en sentencia condenatoria, lo que arroja un índice de impunidad del 89 por ciento, sostuvo la entidad.
Mediante su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles, del 1 de enero de 2010 al 28 de febrero de 2014, el organismo recibió un total de 347 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas contra comunicadores y medios.
Precisó que del año 2000 a la fecha ha tenido conocimiento de la muerte de 88 reporteros o trabajadores del gremio, asesinados presumiblemente por su labor; mientras que de 2005 al presente ha documentado la desaparición de 20 profesionales de la información.
De acuerdo con la CNDH, en agosto de 2013 emitió su recomendación general número 20, en la cual señaló que las autoridades ministeriales incumplen con su obligación de investigar y recabar pruebas.
Esas pesquisas deberían tener el propósito de llegar a la verdad de los ilícitos cometidos contra comunicadores, como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras.
Los mandos encargados de la seguridad pública, consideró la entidad, tampoco lograron inhibir a los agresores o desarrollar políticas públicas en materia de prevención del delito, tendentes a impedir la violencia que aqueja al sector, lo cual constituye, por acción o por omisión, un aliento a la impunidad.
Según la CNDH, lo anterior vulnera los derechos humanos a la vida, integridad y seguridad personal, así como a la seguridad jurídica y, en consecuencia, a la libertad de expresión.
Como parte de su recomendación 20, la institución solicitó al secretario de Gobernación, mandatarios locales y a la Procuraduría General de la República, entre otras autoridades, garantizar las condiciones de protección y prevención suficientes para que el desempeño de la prensa no se vea coartado ni amenazado.
También pidió la implantación de medidas tendentes a permitir la seguridad, especialmente de quienes cubren situaciones de riesgo; promover adiciones y reformas necesarias a las leyes; y capacitar en materia de derechos humanos y libertad de expresión a los servidores públicos.
pgh/mar
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