La marea
Los
derechos abusivos que se prevé otorgar a las corporaciones al calor de
los tratados que actualmente negocia la UE con el continente
norteamericano podrían conducir a una expansión masiva del fracking y a un punto de no retorno en el camino hacia el suicidio climático y ambiental europeo.
El cuadro general de la energía y el clima
Cuando la Comisión europea anunció en enero de este año su propuesta de climática para el año 2030,
estaba haciendo toda una declaración política y enviando señales
nítidas a Canadá y Estados Unidos. Con ellos negocia actualmente sendos
acuerdos bilaterales de comercio e inversión que buscan principalmente
eliminar barreras “no arancelarias”: es decir, persiguen acometer una
homologación de legislaciones a la baja, también en materia ambiental,
para facilitar el desembarco de inversiones agroalimentarias,
energéticas, etc.
Las señales de la Comisión decían:
“Tranquilos, vamos a establecer unos objetivos mínimos de reducción de
CO2 y de renovables y no vamos a imponer restricciones al fracking,
para así dar vía libre a vuestros combustibles fósiles no
convencionales en el continente europeo“. Hablaban de combustibles como
las arenas bituminosas de Canadá o el gas de esquisto, de gran impacto
climático y ambiental. Ambos inviables en una Europa con unos objetivos
estrictos de reducción de emisiones o unos retos auténticos de avance
hacia el cambio de modelo energético.
Mecanismo coercitivo y disuasorio
¿Puede
un árbitro con conflictos de intereses, actuando en un tribunal
internacional privado, ajeno al control democrático de un país, dictar
la política ambiental o energética del mismo, o incluso la de un
continente entero? Europa, con la negociación de estos tratados, se
acerca a esta pesadilla.
Estos tratados prevén incorporar un
mecanismo que permite a las corporaciones reclamar una indemnización
por daños y perjuicios ante tribunales de arbitraje dependientes de
organismos como el Banco Mundial,
si consideran que sus beneficios económicos o incluso sus expectativas
de ganancias futuras, pueden verse afectados por las leyes o políticas
establecidas por un país.
No es política ficción. Este mecanismo tiene un protagonismo creciente en los acuerdos comerciales
y el componente ambiental es importantísimo. De los 169 casos
pendientes de resolución en el ICSID (Centro internacional del Banco
Mundial de arreglo de diferencias relativas a la inversión), el 37,5%
están relacionados con el petróleo, el gas o la minería.
El
caso Vatenfall es uno de los más relevantes. Esta empresa sueca exigió
por esta vía 3.700 millones de euros alegando enormes pérdidas, debido
al cierre nuclear anunciado por Alemania tras Fukushima. Ya en 2009, la
empresa había conseguido que Alemania redujera las salvaguardas
ambientales que afectaban a una de sus plantas de carbón tras exigir
una indemnización millonaria.
Abriendo las puertas al fracking en Europa…
El fracking
está en el punto de mira. Pongamos el ejemplo de Cantabria. Su
gobierno, elegido democráticamente, ha decidido prohibir esta técnica
en su territorio para proteger a la ciudadanía y al medio ambiente. Una
empresa norteamericana que entendiera que esta decisión afecta a sus
intereses de explotación de gas de esquisto, podría exigir una
indemnización ante dichos paneles de arbitraje. Una multa cuantiosa
ejerce un efecto coercitivo indudable para eliminar dicha prohibición y
un efecto disuasorio innegable para cualquier gobierno que hubiera
pensado seguir esos pasos. El resultado final es un juez de arbitraje
condicionando la política ambiental de un territorio, pisoteando de
paso el derecho a decidir de las comunidades.
Lone Pine Resources pretendía explotar yacimientos de gas en Quebec. La moratoria que había planteado sobre el fracking
esa provincia en 2011 iba contra estos planes. En 2012 la empresa,
presentó una demanda millonaria contra Canadá en base al tratado NAFTA.
…Y potenciando aún más su desarrollo en EEUU
La
perforación de decenas de miles de pozos nuevos cada año ha dejado en
EEUU un rastro de degradación ambiental, afecciones sobre la salud y
destrucción de la paz social.
El fracking hace soñar a
EEUU con convertirse en exportador de gas natural, y Europa, ávida de
una energía que no produce, mira al continente norteamericano para
diversificar sus fuentes de importación. El acuerdo con EEUU
facilitaría enormemente estas importaciones de gas que, de otro modo,
encontraría enormes trabas burocráticas. Esto significaría también más fracking en el país americano, para poder satisfacer la demanda europea.
Dictadura de las corporaciones
La
lectura de todo esto es clara: un acuerdo de este tipo puede sin duda
limitar la capacidad de los gobiernos para regular el desarrollo y
expansión del fracking y, desde una perspectiva más amplia,
puede socavar y condicionar las medidas de los gobiernos para luchar
contra el cambio climático y proteger a la ciudadanía y al medio
ambiente. Además, estos acuerdos puentean e ignoran la voluntad
popular, que en Europa se ha manifestado alto y claro contra esta
técnica, a pesar de la dura represión de los gobiernos, como vemos
estos días en Reino Unido o Rumanía.
Estaremos
al final sometiéndonos, sin que la ciudadanía tenga plena consciencia
de ello, a una dictadura de las corporaciones donde los gobiernos
actúan de lacayos. Es la perversión de la democracia en estado puro.
*Samuel Martín-Sosa es Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción
*Hector de Prado es Responsable de Clima y Energía de Amigos de la Tierra
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