Guatemala
La teoría política
sobre los partidos políticos plantea que este tipo de instituciones,
propias de la democracia representativa, tienen funciones de primer
orden que trascienden su papel en la competencia por espacios de poder
en el Estado. Estas funciones principales son las de representar,
agregar e intermediar intereses de la ciudadanía.
En contextos
como el guatemalteco, en el cual ha sido configurado un sistema de
partidos políticos de orientación conservadora, tales funciones han sido
plenamente cumplidas en favor de grupos de poder económico y social.
Los principales partidos en cada coyuntura o período de gobierno han
legislado y dirigido las políticas públicas con el propósito de
beneficiar los intereses de grupos corporativos, grandes empresas de
capital local y transnacionales. Esto se expresa en ejemplos como la Ley
de Minería; la política económica, financiera y crediticia, y la Ley
Tigo, entre muchos otros.
Los partidos políticos han sido
orientados, asimismo, a tratar de que sus dirigencias se consoliden como
intermediaciones principales de grupos de poder y se beneficien
personalmente del manejo de instituciones y presupuestos, lo que ha
quedado claro con su involucramiento en redes y estructuras de
corrupción y crimen organizado, así como para satisfacer las visiones
del mundo y de la vida de fuerzas poderosas en lo económico, social,
político y religioso garantizando la reproducción del statu quo ,
promoviendo un Estado cada vez menos laico, que se niega a reconocer
los derechos colectivos de los pueblos indígenas, las mujeres y los
grupos de la diversidad sexual, y retrotrayendo los pocos avances en
materia de interculturalidad.
Investigaciones académicas y
judiciales han desvelado a los partidos políticos como instrumentos que
operan en la reproducción de la captura del Estado. Y lo son en tanto
funcionan como propiedad de sus dueños y financistas, siendo estos
grandes empresarios, militares en retiro de alto rango, líderes
religiosos e incluso jefes de redes criminales de distinto tipo y
escala.
Sin duda, excepciones las hay, pero lo predominante en
el sistema de partidos políticos es lo antes dicho. En este sentido, el
problema esencial no es la falta de institucionalización de tales
instituciones, sino una institucionalización de las relaciones de poder,
de los intereses, de las visiones y de las prácticas que los determinan
en su carácter, que tienden a excluir de sus funciones de
representación e intermediación a mayorías sociales, con lo cual
mantienen y reproducen exclusiones de larga data. De ahí que su
orientación no sea la búsqueda de soluciones a los problemas históricos y
estructurales.
Quienes controlan el sistema de partidos políticos desde afuera y desde adentro
acuden a las elecciones con múltiples factores de ventaja: articulan y
accionan para sí las fuentes de financiamiento, el aparato del Estado,
los medios de comunicación masiva, las Iglesias, los poderes regionales y
locales y las instituciones electorales y judiciales para dirimir sus
recurrentes contradicciones y garantizar, al final de cada proceso
electoral, el control de los organismos públicos y de las políticas, a
los que acceden a través de los partidos y de aquellas otras
instituciones que mantienen capturadas a través de otros mecanismos de
representación y selección.
En este marco, la intermediación que
logran segmentos sociales excluidos es de carácter débil porque sus
expresiones partidarias actúan de forma desarticulada y, por
consiguiente, reproducen su marginalidad. Asimismo, dichos segmentos
sociales son de carácter contingente, en especial cuando activan formas
de movilización y de protesta social con las cuales presionan la
apertura de espacios de diálogo y gestión pública cuyos resultados, no
obstante, son insuficientes.
Modificar el carácter y la
problemática compleja del sistema de partidos políticos será complicado
si no se crean condiciones de distinto orden como una democratización
del financiamiento electoral, del acceso a los medios de comunicación
masiva y de la representación indígena y de mujeres en las instancias de
decisión partidaria y en los listados de participación electoral, así
como el establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de control
de los financiamientos ilícitos y de las coimas para la aprobación de
leyes, políticas y obras, entre otras.
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