La
teoría política sobre los partidos políticos plantea que este tipo de
instituciones, propias de la democracia representativa, tienen funciones
de primer orden que trascienden su papel en la competencia por espacios
de poder en el Estado. Estas funciones principales son las de
representar, agregar e intermediar intereses de la ciudadanía.
En
contextos como el guatemalteco, en el cual ha sido configurado un
sistema de partidos políticos de orientación conservadora, tales
funciones han sido plenamente cumplidas en favor de grupos de poder
económico y social. Los principales partidos en cada coyuntura o período
de gobierno han legislado y dirigido las políticas públicas con el
propósito de beneficiar los intereses de grupos corporativos, grandes
empresas de capital local y transnacionales. Esto se expresa en ejemplos
como la Ley de Minería; la política económica, financiera y crediticia,
y la Ley Tigo, entre muchos otros.
Los partidos políticos
han sido orientados, asimismo, a tratar de que sus dirigencias se
consoliden como intermediaciones principales de grupos de poder y se
beneficien personalmente del manejo de instituciones y presupuestos, lo
que ha quedado claro con su involucramiento en redes y estructuras de
corrupción y crimen organizado, así como para satisfacer las visiones
del mundo y de la vida de fuerzas poderosas en lo económico, social,
político y religioso garantizando la reproducción del statu quo,
promoviendo un Estado cada vez menos laico, que se niega a reconocer los
derechos colectivos de los pueblos indígenas, las mujeres y los grupos
de la diversidad sexual, y retrotrayendo los pocos avances en materia de
interculturalidad.
Investigaciones académicas y
judiciales han desvelado a los partidos políticos como instrumentos que
operan en la reproducción de la captura del Estado. Y lo son en tanto
funcionan como propiedad de sus dueños y financistas, siendo estos
grandes empresarios, militares en retiro de alto rango, líderes
religiosos e incluso jefes de redes criminales de distinto tipo y
escala.
Sin duda, excepciones las hay, pero lo
predominante en el sistema de partidos políticos es lo antes dicho. En
este sentido, el problema esencial no es la falta de
institucionalización de tales instituciones, sino una
institucionalización de las relaciones de poder, de los intereses, de
las visiones y de las prácticas que los determinan en su carácter, que
tienden a excluir de sus funciones de representación e intermediación a
mayorías sociales, con lo cual mantienen y reproducen exclusiones de
larga data. De ahí que su orientación no sea la búsqueda de soluciones a
los problemas históricos y estructurales.
Investigaciones
académicas y judiciales han desvelado a los partidos políticos como
instrumentos que operan en la reproducción de la captura del Estado.
Quienes
controlan el sistema de partidos políticos desde afuera y desde adentro
acuden a las elecciones con múltiples factores de ventaja: articulan y
accionan para sí las fuentes de financiamiento, el aparato del Estado,
los medios de comunicación masiva, las Iglesias, los poderes regionales y
locales y las instituciones electorales y judiciales para dirimir sus
recurrentes contradicciones y garantizar, al final de cada proceso
electoral, el control de los organismos públicos y de las políticas, a
los que acceden a través de los partidos y de aquellas otras
instituciones que mantienen capturadas a través de otros mecanismos de
representación y selección.
En este marco, la
intermediación que logran segmentos sociales excluidos es de carácter
débil porque sus expresiones partidarias actúan de forma desarticulada
y, por consiguiente, reproducen su marginalidad. Asimismo, dichos
segmentos sociales son de carácter contingente, en especial cuando
activan formas de movilización y de protesta social con las cuales
presionan la apertura de espacios de diálogo y gestión pública cuyos
resultados, no obstante, son insuficientes.
Modificar el
carácter y la problemática compleja del sistema de partidos políticos
será complicado si no se crean condiciones de distinto orden como una
democratización del financiamiento electoral, del acceso a los medios de
comunicación masiva y de la representación indígena y de mujeres en las
instancias de decisión partidaria y en los listados de participación
electoral, así como el establecimiento y fortalecimiento de los
mecanismos de control de los financiamientos ilícitos y de las coimas
para la aprobación de leyes, políticas y obras, entre otras.
En
un momento en el cual se abrirá la discusión sobre nuevas reformas a la
Ley Electoral de Partidos Políticos, será esencial trascender los
enfoques institucionalistas y replantear las estrategias para lograr
cambios que permitan configurar un sistema de partidos políticos menos
capturado.
https://www.alainet.org/es/articulo/202042
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