El Salto
Activistas de Guatemala denuncian una contraofensiva de la derecha religiosa y autoritaria frente a los movimientos por la despenalización del aborto y las luchas por la diversidad sexual en toda la región. |
En Guatemala, así como en Brasil o en Argentina,
la ola antiderechos se agiganta a ritmo acelerado y su contraofensiva
se expresa en las redes sociales, en las calles y en las instituciones
de los Estados latinoamericanos. Los grupos de derecha fundamentalistas
reaccionan de manera organizada en la urgencia de responder ante los
avances efectivos de los movimientos por la despenalización del aborto y las organizaciones LGBTIQ en toda la región.
En el montañoso departamento de Huehuetenango, en la frontera con México, Quetzalí,
una mujer indígena transexual de 22 años, obtuvo el galardón de “reina
trans” en un certamen que se celebró por primera en todo el país el año
pasado. Tras presentar en el escenario un baile ritual típico de su
comunidad que le valió la coronación, enfatizó que usará el título de
reina para perseguir la equidad. Quetzalí se convirtió así en la voz de
Guatemala para luchar contra la triple discriminación que sufren quienes
son indígenas, pobres y pertenecen a la comunidad LGBTIQ.
En
este territorio, tatuado con una larga historia de masacres orquestadas
por gobiernos títeres de los Estados Unidos que intentaron
infructuosamente arrasar con los pueblos originarios, aún gobierna una
élite de corte militar-empresarial. No obstante, las voces y cuerpos de
las personas identificadas con la disidencia sexual son cada vez más
visibles en las calles, en los parques, en los espacios públicos
desafiando los prejuicios históricos.
En Guatemala el aborto es
penalizado por el Código Penal, excepto cuando la mujer corre riesgo de
muerte. En la contracara de la prohibición, las organizaciones de
derechos sexuales y reproductivos apuntan que el 56% de los embarazos no
son planificados por las gestantes. Women on Waves,
organización holandesa que colabora con la interrupción de los
embarazos en países en donde el acceso es altamente restrictivo, señala
que se realizan todos los años unos 65.000 abortos inducidos en este
país. Cada año, alrededor de 21.600 mujeres son hospitalizadas y 660
mueren por complicaciones de aborto inseguro. Estas muertes son
totalmente evitables a través de la legalización del aborto.
En este escenario, sumado a un contexto de inestabilidad política que enfrenta el actual presidente Jimmy Morales,
se presentó el proyecto de ley 5272 que busca retroceder en el plano
del derecho a la salud sexual de las mujeres y del reconocimiento a una
vida sin violencias por parte de los colectivos LGBTIQ. Dicho proyecto
que aterrizó en el Congreso en 2017, lleva el título de Protección para de la vida y la Familia
y se opone principalmente al reconocimiento de las relaciones no
heterosexuales, busca frenar los planes de educación sexual integral con
perspectiva de géneros diversos en las escuelas, así como también
propone considerar el origen de la vida desde la concepción y, desde ese
punto central, criminalizar al aborto en todas sus formas y enviar a la
cárcel a las mujeres que cursen abortos espontáneos.
En
Guatemala viven alrededor de 15.000 personas transgénero, registradas
como tales gracias a los esfuerzos de las propias organizaciones LGBTIQ.
Al tiempo, las autoridades nacionales no reconocen las identidades de
género diversas y, por tanto, no permiten ajustar los documentos
oficiales. En este contexto, las organizaciones que representan al
colectivo trans, acompañados por la diputada Sandra Morán (Convergencia)
presentaron una iniciativa de ley de identidad de género, el proyecto 5395,
para dar curso a debates urgentes como la transfobia y la violación de
los Derechos Humanos básicos de las personas cuyas identidades de género
difieren de las expectativas binarias de la sociedad.
Lola Vasquez,
responsable del área de incidencia de la organización O-Trans,
considera que la situación actual es preocupante: “Se trata de una
agenda totalmente regresiva e inconstitucional, anti-derechos humanos.
No se basa en la Constitución de la República de Guatemala sino en La Biblia,
en la doble moral financiada por iglesias, financiada por grupos como
la Asociación Familia Importa. Quieren criminalizar a las mujeres en
caso de aborto espontáneo, perseguir a la población LGBTI, promover la
persecución y el odio en toda la nación, esto es muy grave”.
Para
Aldo Dávila, representante de la organización Gente Positiva, el
proyecto de ley 5272 vulnera aún más a las comunidades históricamente
excluidas de los derechos básicos como el acceso a la justicia, la
vivienda y el trabajo. También considera que el tema está siendo
utilizado como una cortina de humo que utiliza el Gobierno en la actual
coyuntura. “Cuando hablamos de estas situaciones en América latina,
Centroamérica vive un rezago. El proyecto de ley 5272 está siendo
lanzado por 17 diputados altamente cuestionados. Por ejemplo, el
diputado Fernando Linares Beltrán, que ha llamado a las mujeres “accidente biológico”
y es un personaje claramente misógino. Es una iniciativa de ley que
vulnera a las mujeres en un país en el que no hay una ley de educación
sexual integral así como tampoco acceso básico a la salud ginecológica”,
explica.
Ser migrante en la propia tierra: indígenas LGBTIQ
Guatemala —el segundo país de América Latina con mayor número de
feminicidios después de El Salvador— sufrió durante los años 80 una de
las dictaduras más conservadoras de América Latina, que dejó 200.000
personas muertas, 50.000 desaparecidas y un millón de refugiadas, y tuvo
como botín de guerra a las comunidades indígenas que hasta el día de
hoy definen la mayoría demográfica en el país.
“Para las
personas transgénero desarrollarse en la comunidad de origen es casi
imposible —explica Lola Vasquez—. Ellas sufren una triple discriminación
estructurante. Muchas veces, como mujeres trans, quisieran portar el
traje típico de sus comunidades. Y, en general, estos trajes tienen
diferentes significados vinculados a cada etnia. Obviamente, las
autoridades o los propios vecinos no les permiten vestirlos. En la mayor
parte de los casos son expulsadas y las fuerzan a los desplazamientos,
obligadas a partir y a desarrollarse en la capital”.
Leyes
asertivas como las de identidad de género permitirán, de ser debatidas y
aprobadas, que las personas de identidades disidentes dejen de ser
migrantes en su propio país. Estas políticas son necesarias para que las
dependencias públicas garanticen el acceso en igualdad de condiciones
al trabajo digno, la vivienda, la educación, entre otros derechos de los
que hoy se excluye a la población trans por completo.
En
Guatemala, un 61% de la población trans reporta ingresos por debajo del
salario mínimo y un 53% no finalizó la escuela primaria debido a la
exclusión del sistema educativo, según un estudio de 2015. Esta población también es vulnerable a discriminación y diferentes tipos de abuso sexual.
Por su parte, Pilar Salazar, comunicadora comunitaria trans, sostiene
que discursos de odio y proyectos de ley como el 5272 redundan hoy en
una mayor discriminación y exclusión: “Hay más violencia cotidiana. Hace
unas tres semanas salía de una actividad, cuando arrancó una camioneta
cerca mío y ¡me quisieron atropellar! Como no lo lograron, me comenzaron
a insultar. Hay un daño colateral. Estas propuestas están intentando
hacer legal que las personas no acepten a aquellas que nos salimos del
marco de la heterosexualidad”.
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