International Action for Peace
Se ha proclamado la
paz en Colombia, pero, para el movimiento social, el trabajo no ha
terminado. A decir de la mayoría de organizaciones defensoras de
derechos humanos [1],
el aniversario de la firma del acuerdo de paz -celebrado el pasado 24
de noviembre- se ha caracterizado por incumplimientos, implementación a
paso de tortuga, ataques brutales contra protestas pacíficas y un
aumento en los asesinatos selectivos a líderes sociales.
En mi
último acompañamiento pregunté a Jairo, de la Fundación DHOC, sobre su
opinión frente al proceso. “La respuesta breve es que va mal,” me
respondió. Nos encontramos en el departamento de Guaviare, a las puertas
del Amazonas, donde las asociaciones campesinas locales habían
convocado tres días de movilizaciones en defensa de los acuerdos. La
movilización hizo parte de una convocatoria nacional a raíz de los
múltiples incumplimientos de los que responsabilizan al gobierno.
Para
Jairo, los incumplimientos del gobierno son ninguna sorpresa. Como en
muchas zonas de Colombia las comunidades en Guaviare tienen montones de
acuerdos incumplidos acumulados, firmados después de paros y protestas
durante los años anteriores. Pero, para él, no es una razón para
resignarse. Entre otras cosas porque la atención nacional e
internacional hacia el acuerdo genera cierta esperanza de que se pueda
presionar al gobierno para que cumpla.
Las asociaciones campesinas
a las que acompaña IAP mantienen su apuesta por el camino de la paz,
tomando los acuerdos como una palanca crucial para alcanzar
transformaciones sociales. Enrique, un líder campesino de la zona, lo
explica de la siguiente manera unos días antes de la movilización: “El
acuerdo de paz no solo beneficia la guerrilla. Al contrario. El 95 % del
acuerdo busca solucionar las raíces del conflicto contrarrestando
injusticias históricas. El acuerdo trata de escuelas, vías y tierra para
nosotros los campesinos, y por eso nos toca a nosotros defenderlo.”
Hasta
la fecha, las FARC-EP han cumplido en gran medida con su parte del
acuerdo. En agosto de 2017 entregaron sus últimas armas y el primero de
septiembre se convirtieron en un partido político con un gran acto en la
Plaza de Bolívar en Bogotá. El partido fue nombrado la Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común, manteniendo sus siglas FARC.
El cumplimiento del Gobierno es más indolente [2].
Por eso el diagnóstico malo de Jairo. Él me recuerda que la paz tiene
muchos enemigos que se dedican a poner obstáculos al proceso; en la fase
legislativa, en la implementación e incluso por otras vías que van
mucho más allá de la legalidad colombiana.
¿Se puede dilatar el acuerdo hasta su quiebra?
En
octubre 2016 los colombianos votaron “no” al acuerdo de paz con una
abstención altísima y una mayoría estrecha. Más allá de las
modificaciones acordadas con los sectores contrarios a la firma, esto
significó que todos los puntos tienen que pasar por el sistema
legislativo normal, un proceso en el cual se está ahora poniendo trabas,
renegociando y dilatando cada vez más la implementación del acuerdo.
Un
ejemplo clave es el proceso legislativo de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP): una columna vertebral del acuerdo que define, entre
otras cosas, el sistema judicial que otorga amnistías, indultos y penas
reducidas a los actores del conflicto con la condición que aporten la
verdad. La JEP es un campo de batalla central entre los defensores y los
opositores del acuerdo. Los partidarios del “no” critican que los
líderes históricos de la guerrilla puedan presentarse a las elecciones,
mientras los sectores favorables a la paz mantienen que la esencia del
acuerdo es justamente eso; que la guerrilla reemplace las armas por
argumentos, tomando el camino de la política parlamentaria.
La JEP
ha sido dilatada por cientos de propuestas de cambio en ambas salas del
congreso; y numerosos congresistas han abandonado las salas a la hora
de votar con la intención de impedir el quórum necesario para pasar el
acto legislativo. La JEP por fin ha podido aprobarse, pero sin muchos de
los dientes que tuvo inicialmente (por ejemplo, los financiadores del
paramilitarismo no tendrán la obligación de presentarse ante el
tribunal, como estaba pactado en un principio).
El hecho que el
expresidente Alvaro Uribe y sus compañeros de partido traten de obstruir
el proceso de paz no es ninguna noticia; la novedad es que, con la JEP,
la coalición unida para su implementación se está quebrantando. Esto es
un síntoma claro de que se acercan las próximas elecciones, que se
llevarán a cabo en marzo y mayo de 2018. En el clima de campaña
electoral, puede ser más oportuno para alguno de estos políticos asumir
una posición crítica en detrimento del acuerdo de paz [3].
La
Corte Constitucional ha blindado jurídicamente el acuerdo de paz por
tres periodos presidenciales. A pesar de eso, hay un temor bien fundado
de que todo el proceso caiga si el sector del “no” gana las elecciones.
La mano dura
La
movilización en Guaviare se concentra en señalar dos incumplimientos
principales: las erradicaciones forzadas de coca y los asesinatos de
líderes sociales.
Respecto a la coca, el acuerdo promete apoyo a
procesos de sustitución voluntaria, pero, presionado por el gobierno de
los Estados Unidos, el estado colombiano está erradicando forzosamente a
gran escala. En toda Colombia, campesinos cocaleros ponen resistencia
frente a las erradicaciones, y estas protestas pacíficas han sentido la
mano dura del Estado. El ejemplo más grave pasó en Tumaco, Nariño, el 5
de octubre 2017, cuando la policía disparó y mató nueve campesinos en
una protesta. La policía argumenta que la protesta estuvo liderada por
disidencias de las FARC-EP y bandas criminales, un argumento muy
familiar en las zonas rurales de Colombia, donde desde hace muchos años
cualquier tipo oposición ha sido reprimida a la fuerza bajo el pretexto
de estar protagonizada por la guerrilla.
En el autobús hacia
Guaviare entró una noticia en el celular de mi compañero: cuatro
campesinos cocaleros han resultado heridos por disparos de la policía.
Durante los días siguientes se escuchaba una y otra vez la misma
demanda: que el gobierno termine de una vez de darles trato de guerra a
los campesinos, que cumpla el acuerdo de paz y termine las
erradicaciones forzadas.
El gobierno insiste en ejercer dos
estrategias simultáneas, las erradicaciones y la sustitución voluntaria.
En un acompañamiento anterior, en la región del Catatumbo, pude vivir
en primera persona la colisión entre ambas. Mientras los funcionarios
del programa de sustitución negociaban acuerdos locales con las
comunidades, el gobierno central mandó tropas para erradicar. Los
funcionarios decían muchas palabras bonitas en aquella cancha de futbol
donde 300 campesinos estaban reunidos para preparar la sustitución, pero
les resultó difícil superar la desconfianza arraigada de las
comunidades, viendo el comportamiento ambiguo del Estado. La sustitución
voluntaria es un proceso que requiere tiempo y recursos, pero por el
momento parece que hay más plata destinada a la mano dura. [4]
“¿Tiene que ser alfabético para ser sistemático?”
El
16 de julio 2017 fue hallado el cuerpo de Ezequiel Rangel, un joven
líder campesino perteneciente a ASCAMCAT. Él es uno más de los numerosos
líderes sociales que han sido asesinados desde la firma del acuerdo, a
pesar de las promesas de garantías de seguridad para el ejercicio de la
participación política [5].
Los
números varían. Un informe de Indepaz y Marcha Patriótica sostiene que
son 133 los defensores de derechos humanos asesinados solamente en el
primer semestre de 2017, mientras la cifra de ONU es de 78 líderes y
miembros de organizaciones sociales asesinados en 2017. A pesar de las
divergencias, las organizaciones de derechos humanos en Colombia
coinciden en su preocupación por los hechos, reclamando respuestas y
acciones del gobierno [6].
El
gobierno se niega a hablar de asesinatos sistemáticos. Por eso, entre
los campesinos, viene circulando un comentario de humor patibulario, con
la pregunta: “¿tiene que ser alfabético para ser sistemático?”
Jurídicamente, tiene que haber claridad sobre un victimario para poder
llamarlo sistemático, una claridad muy poco probable dentro de un futuro
cercano en Colombia.
Una característica común de la mayoría de
los casos es que han ocurrido en zonas antes dominadas por las FARC-EP.
Un hecho que indica que el Estado no ha logrado el control en los
territorios.
Los asesinatos traen memorias oscuras del genocidio
político de la Unión Patriótica; un partido fundado por distintos
sectores de izquierda en 1985 como resultado de un proceso de paz con
las FARC. La UP obtuvo un gran apoyo en las primeras elecciones, pero en
los años siguientes fue exterminada brutalmente con un saldo de entre
3500 y 5000 miembros del partido asesinados; entre ellos dos candidatos
presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11
alcaldes [7].
Los
líderes que acompaña IAP conocen muy bien la historia de su país, y
cuentan cómo, en aquellos años tan duros que parecen estar regresando,
la distancia entre los políticos bien peinaditos de los sectores más
guerreristas y los motoristas encapuchados que mataban a sus compañeros
era bien corta. Solo el futuro mostrará si el proceso logra acabar con
las fuerzas paramilitares que están conquistando terreno en gran parte
del país.
Aprovechar cualquier espacio de participación
También
tuvimos la oportunidad de estar en las afueras de la ciudad
Barrancabermeja, cuando 20 mujeres delegadas del Valle del Río Cimitarra
se encontraron para tratar el tema de la participación política de la
mujer, que el acuerdo de paz busca promover.
Después de haberse
quejado sobre los incumplimientos de siempre, una de las delegadas se
preguntó si era el tiempo de dejar a un lado su desconfianza. Las demás
la respondieron que era más bien una cuestión de mantener la presión
hacia el gobierno. “El primer paso es conocer bien el acuerdo”, dijo
una, “y después hay que aprovechar cualquier espacio de participación
que se abra.”
Las asociaciones campesinas en el Valle del Río
Cimitarra, en Guaviare y en Catatumbo están dispuestos a pelear por el
cumplimiento del acuerdo, y lo hacen en varios frentes; desde la
participación local, por la vía parlamentaria y mediante la movilización
en las carreteras y las calles, porque, ¡la lucha continúa por la
justicia social!
[3] Semana Edición No. 1855. “La JEP en cintura” y “Último minuto”.
[4] Semana Edición no 1849. ”La Batalla que se está perdiendo” y “Fracaso Anunciado”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario