Editorial La Jornada
El gobierno de Estados Unidos
anunció ayer un acuerdo con la farmacéutica Gilead Sciences para
adquirir prácticamente la totalidad de la producción mundial de
remdesivir por los próximos tres meses (100 por ciento de lo que
desarrolle en julio, y 90 de cada 100 de lo correspondiente a agosto y
septiembre). La compra, realizada por el Departamento de Salud y
Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés), garantiza la entrega
de medio millón de tratamientos para la atención de pacientes con
cuadros graves de Covid-19, cada uno de los cuales tendría un costo de 3
mil 200 dólares (unos 72 mil pesos).
Remdesivir es un antiviral desarrollado para combatir el ébola, pero
que no mostró eficacia alguna en el combate a dicha enfermedad, y que
hasta el 1º de mayo pasado no había recibido el aval de las autoridades
sanitarias para tratar ningún padecimiento. De acuerdo con un estudio
llevado a cabo en más de mil pacientes de varios países por el Instituto
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos
(NIAID, por sus siglas en inglés), el fármaco permite reducir 31 por
ciento el tiempo de recuperación de los enfermos; sin embargo, los
propios autores del protocolo médico señalaron que no puede evitar
muertes y el director del NIAID, Anthony Fauci, calificó sus resultados
de
modestosdesde un punto de vista
estadísticamente significativo. Un análisis realizado en China con un número menor de pacientes (237) no encontró beneficio significativo en el uso del remdesivir.
En resumen, se habla de un medicamento cuya eficacia dista de haber
sido comprobada y que no fue desarrollado para su uso específico contra
el nuevo coronavirus, pero que ya fue objeto del acaparamiento por el
gobierno de Donald Trump, así como de la imposición de un precio
absolutamente disparatado por el dueño de su patente. Ante estos hechos,
cabe hacer eco de las advertencias del subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acerca de la confusión
sembrada entre familiares de pacientes de Covid-19 para que consigan
remdesivir. Como señaló el funcionario en su comparecencia del martes,
tanto en hospitales públicos como privados se ha inducido la creencia de
que acceder a este fármaco es necesario para poner a salvo a los
contagiados graves, lo cual carece, hasta ahora, de sustento científico.
En cuanto al acaparamiento perpetrado por Estados Unidos, los
resultados que arroje el fármaco permitirán leer el enésimo arrebato
chovinista de Trump desde una de dos perspectivas. Si tiene un grado
significativo de efectividad, Gilead Sciences y Washington habrán
cometido un acto de discriminación y exclusión, que no puede calificarse
sino de monstruoso, al negar a decenas o centenas de miles de pacientes
graves los beneficios de un medicamento que podría salvar sus vidas.
No sería exagerado hablar de un crimen contra la humanidad, pues la
distribución de un medicamento con base en la nacionalidad de los
pacientes, y no en función de la estricta necesidad médica, es
abiertamente violatorio de cualquier derecho humano.
En el otro extremo, si el remdesivir se muestra de nula o escasa
utilidad en la lucha contra la pandemia, se habrá configurado un
monumental acto de corrupción.
Se trataría de una estafa en la escala de miles de millones de
dólares, con el agravante de haberse consumado mediante la manipulación
de las emociones y esperanzas de los familiares de los enfermos, y con
el apoyo de la jefatura de Estado del país más poderoso del mundo. Está
claro que, en cualquiera de los dos escenarios, el acuerdo coloca al
gobierno de Estados Unidos en una bancarrota moral pocas veces vista:
sea un acto de egoísmo o de corrupción, tal acaparamiento constituye una
suprema carencia de escrúpulos.
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