Ángel Guerra Cabrera
La gran rebelión de masas
chilena se anotó una victoria muy importante ayer. Hacía días que se
esperaba lo que ya es un hecho: la aprobación en ambas cámaras del
Congreso del derecho de los 11 millones de afiliados de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a retirar por una sola vez
10 por ciento de lo cotizado, equivalente a unos 20 mil millones de
dólares. Algunos argumentan que no es la solución más idónea para el
drama social que viven esas personas, pero la mayoría lo ve como una
ayuda económica muy importante. Más por venir en un momento en que el
gobierno del presidente Sebastián Piñera ha hundido al país en una de
las peores situaciones a escala internacional debido a su desastrosa
gestión de la pandemia. También ha sido incapaz de adoptar planes
sociales que signifiquen un verdadero apoyo a grandes sectores populares
muy afectados económicamente por el encierro, pero que venían con
grandes carencias desde antes, pues el coronavirus ha servido para
agravar y mostrar en carne viva los daños ocasionados a las sociedades
por las políticas neoliberales. Frente a la pandemia, el gobierno de
Piñera únicamente buscaba salvar la cuota de ganancia de sus amigos en
los grandes grupos económicos, pero ni eso ha logrado, dado el daño tan
grande que la enfermedad está haciendo a la economía.
El combativo y diverso movimiento social chileno iniciado con el
estallido del 18 de octubre de 2019 se agrupa en la Unidad Social, un
gran frente de organizaciones populares que antes de la pandemia inundó
avenidas y espacios públicos, pero ha sabido encontrar en esta etapa
otras formas de exigir la satisfacción de sus demandas, entre ellas las
redes digitales, presencia simbólica en las calles y también huelgas de
sectores esenciales. Por ejemplo, una huelga nacional de trabajadores
portuarios fue decretada, como forma de presión, a la vez que las
cámaras de diputados y senadores debatían el derecho al retiro de 10 por
ciento de las pensiones.
La rebelión chilena hizo ver a algunos sectores pensantes de las
élites que el patrón de acumulación capitalista del país austral era ya
intolerable para las mayorías y, en todo caso, infundió miedo y una
sensación entre ellas de que algo tendrían que ceder para continuar
disfrutando de sus irritantes privilegios. Creó así las bases subjetivas
para ser capaz de seguir ejerciendo una fuerte presión social sobre el
poder económico y político, aunque ya no pudiera hacerlo desde las
calles. De modo que recientemente ha hecho reaccionar favorablemente a
muchos legisladores, incluso oficialistas, y logrado que estos dieran
los pasos que han permitido llegar en las cámaras a la aprobación de la
medida con las AFP. Esto se ha conseguido plasmar a pesar de una cerril
oposición del presidente Sebastián Piñera y su círculo más cercano,
unidos, por supuesto, a los grandes grupos económicos, con el apoyo de
los medios de comunicación corporativos y de los más renombrados
economistas neoliberales adscritos a los distintos partidos que
administran el modelo.
Una gran mayoría de los eventuales beneficiarios del proyecto de ley
estaban ya endeudados cuando estalló la rebelión, pues el famoso
milagrochileno había erosionado considerablemente el poder adquisitivo de la población, con una combinación de bajos salarios y privatización de derechos humanos básicos, como el acceso a la educación, a la salud y a otros servicios públicos, más la ilusión de las tarjetas de crédito. La pandemia agravó la situación, pues quienes reciben pensiones han tenido en muchos casos que apoyar durante el encierro a otros miembros del núcleo familiar, integrantes del ejército de 2.6 millones de trabajadores informales.
Pero, aunque es famosa la tacañería de Piñera para destinar recursos
públicos a los que menos tienen, su férrea oposición a esta medida junto
a los grupos oligárquicos no tiene tanto que ver con los 2 mil millones
de dólares que costaría. No. Sino con el precedente de que la presión
popular sobre diputados y senadores rompa con la práctica aplicada en
las AFP desde su creación durante la dictadura pinochetista consistente
en que una minoría insignificante de potentados utiliza los fondos
previsionales de los trabajadores como propios para distribuirlos entre
los principales grupos económicos que operan en el país. Más injusto e
indignante por la miserable cuantía de las pensiones que recibe la
mayoría de los trabajadores chilenos. Las AFP, en resumen, constituyen
el corazón del neoliberalismo chileno y no es por gusto que Unidad
Social exige su disolución y el regreso a un fondo de pensiones público y
solidario como existía anteriormente.
Piñera está más débil políticamente que nunca, muchos de los suyos lo
han dejado solo y han votado a favor del retiro de 10 por ciento de los
fondos de las AFP. Si llegara a vetar esta ley o a ponerle cualquier
obstáculo, las consecuencias políticas podrían incluir un gran
levantamiento en medio de la pandemia hasta que renuncie el
ultraderechista presidente y cuando menos el fin de las AFP.
Twitter: @aguerraguerra
No hay comentarios:
Publicar un comentario