México
(Prensa Latina) La aprehensión del exdirector de Petróleos Mexicanos,
Emilio Lozoya, y su aceptación de testigo protegido, destapa la olla
podrida de la corrupción en México.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador espera que ello permitirá 'aclarar muchas cosas,
porque se va a saber si se compró la reforma energética' aplicada por su
antecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), mediante la cual se destruyó
el sector con una virtual quiebra de Pemex y la Comisión Federal de
Energía (CFE).
La idea era, según el mandatario, poner en
crisis a las dos empresas estatales más importantes del país para
privatizar totalmente el sector con lo cual el petróleo y la generación
de energía eléctrica quedarían a cargo de la iniciativa privada,
principalmente extranjera, con las petroleras norteamericanas y las
eléctricas de España a la cabeza.
Con López Obrador
ocurre lo impensable por los que apostaron a ese panorama: los cuatro
ejecutores más importantes de la ola de corrupción que puso al borde de
la quiebra a Pemex y la CFE, están presos en México, España, Estados
Unidos y Canadá.
España accedió extraditar a Lozoya, en
Estados Unidos se tramita la de Genaro García Luna, brazo derecho del
expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y César Duarte, exgobernador de
Chihuahua, y en Canadá a Tomás Zerón, involucrado con el cártel de
Guerrero, estos últimos bajo el gobierno de Peña Nieto.
Lozoya
es el más mencionado por estar ya en México y haber comenzado a hablar
como prometió, pero sin revelaciones públicas hasta ahora, en tanto
López Obrador prometió que todo lo que diga se publicará, aunque ya se
saben muchas cosas.
El propio López Obrador adelantó algo
al señalar que la relevancia del caso Lozoya no sólo se circunscribe a
la reforma energética por la cual se fraguaba la quiebra de Pemex y de
la CFE, sino también al asunto Odebrecht y sus sobornos para obtener
contratos.
De igual manera, la compra con un sobreprecio
de más de 200 millones de dólares de la planta de fertilizantes Agro
Nitrogenados, empresa subsidiaria de Altos Hornos de México de Alonso
Ancira, también detenido en España, pero ya en libertad condicional tras
el pago de un millón de euros.
Según los trascendidos,
Lozoya entregó 15 horas de grabación de supuestas negociaciones y
presuntos sobornos que se dispersaron no solo respecto a Odebrecht sino
también para aprobar la Reforma Energética del gobierno de Peña Nieto
que hundió al sector, así como la compra de las plantas Fertinal y Agro
Nitrogenados en 2014.
En diciembre de 2016, la
constructora brasileña llegó a un acuerdo con autoridades de Estados
Unidos, Brasil y Suiza, para reducir sus sanciones económicas y
sentencias a cambio de dar detalles de los sobornos que dio a distintos
funcionarios de varios países, entre ellos de México.
Dicho
compromiso sirvió también de marco para un montaje contra el gobierno
de Venezuela a fin de intentar sacar al presidente Nicolás Maduro, y
contra Luiz Inácio Lula da Silva para impedir su participación en las
elecciones que ganaría holgadamente en Brasil.
Esto
tomando como plataforma una 'investigación' que comenzó en una
gasolinera en Brasil llamada Lava Jato, la cual alcanzó a funcionarios
latinoamericanos como el peruano Alan García, quien se suicidó antes de
enfrentar su arresto.
Odebrecht pagó cerca de 800 millones
de dólares en sobornos en toda la región para obtener contratos con
valor global superior a los tres mil 340 millones de dólares.
Solamente
en el caso Lozoya, la constructora repartió sobornos por 10,5 millones
de dólares en México en varias partidas, una de ellas por 4,5 millones
de dólares de 6,0 millones remitidos a un personaje con el seudónimo de
'Latino'.
A cambio obtuvo contratos energéticos clave en
México como el proyecto Los Ramones Fase II Norte, promovido por Pemex,
para la adquisición de materia prima de la planta petroquímica Etileno
XXI, y otro plan en la refinería de Tula, Hidalgo.
Tres
exdirectivos de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e
Hilberto da Silva confesaron, como parte de un acuerdo para reducir sus
condenas, que el principal beneficiario de los sobornos en México fue
Lozoya.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad señaló recientemente que, de los 10,5 millones de dólares,
tres millones 150 mil dólares fueron destinados a Lozoya, 5,6 millones
se asignaron al personaje identificado como 'Latino' y cuyo nombre real
no se ha revelado, y de 1,6 millones restantes no se precisa el
destinatario.
Las transferencias fueron realizadas a
través de Zecapan SA, una empresa fachada creada en Islas Vírgenes
Británicas, vinculada con Lozoya y su familia, incluida su esposa.
Lozoya
habría recibido además casi cuatro millones de dólares más por la
empresa Altos Hornos, por la compra de una fábrica inservible de
fertilizantes que nunca pudo operar con un sobreprecio además de 200
millones de dólares.
Gracias a Lozoya, México pagó casi
500 millones de dólares por pura chatarra. La Fiscalía General de la
República lleva, además, el expediente conocido como La Estafa Maestra
que involucra a Lozoya y a 11 dependencias federales del gobierno de
Peña Nieto, ocho universidades, más de 50 funcionarios y 186 empresas,
donde se repartieron 350 millones de dólares en contratos ilícitos.
Por
La Estafa Maestra, sólo Rosario Robles, exfuncionaria del gobierno de
Peña Nieto, enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del
servicio público y se encuentra recluida en el penal de Santa Martha
Acatitla, y ahora decenas de presuntos culpables tienen sus bardas en
remojo.
Los trascendidos indican que, en Pemex, con
Lozoya, ocurrió el presunto desvío entre las 11 dependencias
involucradas, con tres mil 576 millones de pesos (más de 162 millones
500 mil dólares); nadie ha sido condenado, y por eso hay tanto
nerviosismo ante la posibilidad de que enliste a las decenas de
encartados en el fraude que, además, deberán devolver lo robado.
López
Obrador proclamó que el objetivo no es solamente encarcelar a los
culpables de tamaña corrupción, sino recuperar el dinero robado y el
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que ya se han
congelado 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas con el
caso Lozoya.
Reconoció que hay más funcionarios
relacionados en el expediente Odebrecht, por lo que aseguró se
realizarán las investigaciones, pero descartó dar más detalles al
respecto porque la indagatoria se encuentra en curso.
Aunque
tampoco se han hecho público los nombres de los involucrados, la
revista Proceso menciona que en su primera declaración firmada en España
por Lozoya solo en el caso Odebrecht, menciona a los expresidentes
Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y al exfuncionario Luis Videgaray
Caso, quienes presuntamente realizaron negociaciones y autorizaron
contratos con la empresa brasileña.
En la instalación
hospitalaria, donde todavía se encuentra recluido, el extitular de Pemex
comenzó a hablar y, con base en esos testimonios se llamará a los
testigos e involucrados en el caso Odebrecht, según fuentes cercanas a
la Fiscalía.
La primera declaratoria de Lozoya en España
fue filtrada a militantes del Partido Acción Nacional, principal
opositor al gobierno de López Obrador, identificados con Calderón
presuntamente por el periodista español Antonio Navalón, cercano al juez
Baltasar Garzón, defensor del exjefe de Pemex, según lo publicado el
viernes 17 de julio en El Universal por el columnista Mario Maldonado.
Según
Maldonado, es probable que estén involucrados integrantes del círculo
calderonista, legisladores en esa época, entre ellos Ernesto Cordero,
Javier Lozano, Salvador Vega Casillas, así como Mariana Gómez del Campo,
Luisa María Calderón y Gil Zuarth, pero todavía no hay revelaciones
explícitas.
Es factible que también estén implicados José
Rosas Aispuro, Francisco Domínguez, Carlos Mendoza Davis, Martín Orozco y
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes hoy son gobernadores de
Durango, Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes y Tamaulipas,
respectivamente.
La olla podrida de la corrupción está al
fuego y reverbera como nunca nadie imaginó. La aprehensión de esos
cuatro individuos, y la gestión por extraditar a los tres que faltan,
más el empresario dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, y otros
exfuncionarios que huyeron del país, expresa la voluntad de López
Obrador de terminar con la corrupción en México.
Lo más
polémico de la postura del mandatario es su insistencia en no procesar
judicialmente a los expresidentes implicados en esos y otros actos
ilícitos, actitud que ha reiterado en las numerosas ocasiones, en las
cuales se le ha criticado o cuestionado al respecto.
En la
última ocasión en que abordó el tema en una mañanera a instancias de
los periodistas, quienes argumentaron cómo los caminos de esos grandes
hechos de corrupción conducen sobre todo a Felipe Calderón y Peña Nieto,
el mandatario dijo que, en última instancia, lo sometería a consulta
popular y si la gente decide que esos exgobernantes sean juzgados, lo
acatará.
https://www.alainet.org/es/articulo/208057
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