Supresión de votantes, racismo y una pandemia mortífera
Fuentes: Salon
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Foto:
Una
anciana navajo en Brigth Sun (Shutterstock)
La
Nación Navajo ha permanecido confinada los dos últimos fines de
semana mientras los casos de COVID-19 se disparaban a niveles
dramáticos en Arizona y Utah, lo que potencialmente echa por tierra
semanas de esfuerzos denodados para contener la propagación del
virus.
La pandemia ha devastado el territorio Navajo, donde han muerto
más personas que en 16 estados y donde la tasa per capita
(una dramática cifra de 177 muertes por 100.000 residentes) es mayor
que en cualquiera de los estados de Estados Unidos. Mientras los
brotes en Florida, Texas y otros lugares aparecen en los titulares
nacionales, el virus también hace estragos aquí, lejos de la
conciencia nacional.
Por supuesto, no se puede separar esta crisis que estamos viviendo
de década tras década de abandono, promesas rotas y, sí, genocidio
que Estados Unidos ha infligido al pueblo navajo y a otros pueblos
originarios. Estos siglos de abusos también han creado unas
desigualdades estructurales generalizadas y unas condiciones de vida
cotidiana que hacen aún más difícil contrarrestar el coronavirus
en estos momentos. Esto no es historia, somos los causantes de esa
vergüenza.
Una tercera parte de la población navajo carece de agua
corriente. En 27.000 millas cuadradas hay trece tiendas de
comestibles. Las viviendas están superpobladas y muchos navajos
viven juntos en casas comunales. El sistema hospitalario y de salud
carece de fondos y de personal. El acceso a la electricidad y a
internet no es fiable. Los gobiernos estatal y federal acordaron
cubrir estos costos por medio de tratados y estatutos, pero no han
cumplido su palabra. No se han pagado los miles de millones de
dólares que se debían.
Es más, en los estados que tienen una gran población de personas
nativas estadounidenses siguen abundando los intentos de suprimir y
manipular el derecho de voto, y otros intentos atroces de negar a las
personas navajos y a otras una representación justa y un acceso
justo a los recursos y a los dólares del gobierno. De nuevo esto no
es historia, está ocurriendo ahora mismo y lo ha exacerbado la
pandemia de COVID-19 y llevado a tasas de mortalidad innecesariamente
altas.
“Nos han mentido y nos han provocado durante años y años”,
afirma Leonard Gorman, director ejecutivo de la Comisión de Derechos
Humanos de la Nación Navajo. “En una parte la historia siempre
cambia. Nosotros siempre estamos frustrados”.
Veamos el caso del condado de San Juan en el sur de Utah, un solo
condado que tiene casi las dimensiones de Nueva Jersey que se
extiende a lo largo de miles de millas cuadradas bordeando Arizona y
Colorado. Aunque su población es mayoritariamente navajo (se calcula
en solo 15.000 personas), dos ciudades pequeñas de mayoría de
población blanca, Blanding y Monticello, han monopolizado sus
recursos durante décadas por medio de tácticas turbias y de tratos
sucios. Cuando los mormones llegaron a esta región en la década de
1880 eliminaron por la fuerza a los navajos y a otras tribus nativas,
y empujaron a quienes no habían muerto al desierto situado en el
sur. Se apropiaron de la tierra y después exigieron todo el poder.
Utah no concedió el voto a las personas nativas americanas hasta
1957 y sólo por orden judicial. Se necesitaron otras tres décadas
para que una persona navajo fuera elegida para desempeñar un cargo
público. Hasta mediados de la década de 1980 los votantes blancos
del condado de San Juan mantuvieron el control total al elegir la
comisión del condado con distritos extensos. Como los blancos
votaban sin problemas siempre fue mayor su cantidad de votantes y
mantuvieron todos los escaños. Pusieron las cosas difíciles a las
personas navajo: los funcionarios del condado se negaban a
registrarlas, eliminaban a las y los candidatos nativos de las
papeletas por motivos inventados o nimios, e imprimían las papeletas
sólo en inglés.
Finalmente en 1983 el Departamento de Justicia se dio cuenta y
obligó al condado a abolir este sistema tan discriminatorio y
sustituirlo por tres distritos, con lo que se garantizaba una voz a
las personas navajo. Sin embargo, los distritos que diseñaron los
funcionarios blancos estaban tan injustamente divididos que se
aseguraron tener más peso. Las dos ciudades blancas más grandes se
situaron en distritos separados, mientras que se concentró a más
del 90 % de la población navajo en el tercer distrito.
De ese modo las poblaciones blancas controlaban la comisión sólo
dos a uno, pero se aseguraron de mantener todos los recursos y los
dólares públicos. Hasta bien entrada la década de 1990 los
funcionarios del condado negaban tener responsabilidad alguna en la
educación de las y los niños navajo. En Blanding y Monticello se
abrieron escuelas, bibliotecas, centros de salud, campos de golf y
centros comunitarios nuevos, a menudo con fondos públicos, mientras
que las carreteras a través del territorio navajo son intransitables
tras una buena lluvia. Los horrorizados funcionarios del Departamento
de Justicia concluyeron que “no habían visto nada tan horrible
desde la década de 1960 en el Sur”.
Y, aun así, después de los censos de 1990, 2000 y 2010 los
funcionarios no se molestaron en absoluto en volver a distribuir en
distritos a los funcionarios del condado. Tras una larga batalla
legal un juez federal ordenó que un experto especial rediseñara los
distritos antes de las elecciones de 2018 y con un mapa justo los
navajos tenían posibilidades de vencer en dos de los tres distritos.
Los funcionarios del condado volvieron a sus viejos trucos y
conspiraron para impedir que se presentara el principal candidato
navajo, Willie Grayeyes. En noviembre de 2018 por primera vez en la
historia los candidatos navajo obtuvieron dos de los tres escaños.
No fue fácil. En 2018 el condado de San Juan se convirtió en un
condado de voto por correo, lo que suponía otra ventaja para
Blanding y Monticello sobre el territorio navajo, donde en todos esos
cientos de millas hay tres oficinas postales situadas en la parte
posterior de las pequeñas tiendas en las que se vende de todo.
Cuando quedé con Grayeyes para tomar café y pasteles de maíz
azul en el Café Twin Rocks en Bluff, Utah, días antes de su
victoria, me dijo que el condado recibe dólares federales en función
de su tamaño y población. Pero después “los dólares para el
agua, los recursos naturales y la educación se detienen todos ahí”.
Nada fluye hacia el sur más allá de lo que denominó “el muro
invisible” de las dos ciudades blancas. “No importa cuántas
millas o cuántas personas tengamos”, afirmó. “¿Dónde están
las carreteras? ¿Los servicios sanitarios? ¿La seguridad
pública?¿La infraestructura de telecomunicaciones? Tenemos que
derribar ese muro, piedra a piedra”.
En parte ese muro se construyó y se mantuvo gracias a la
supresión de votantes. Las elecciones amañanadas crearon y
mantuvieron en parte las profundas desigualdades y las disparidades
estructurales entre el condado de San Juan y la Nación Navajo (los
problemas de salud exacerbados por años de abandono y ahora
exacerbados por una pandemia que afecta a esta población más
duramente que cualquier otra en el ámbito nacional), no en 1880 o en
1964, ahora mismo, en nuestra época. Y está llevando a la muerte de
la población nativa, no en 1630 o en 1830, sino ahora mismo.
Mientras una pandemia causa estragos en toda la Nación Navajo las
reparaciones que desde hace se esperan desde el ámbito nacional
también debe lidiar con esto.
David Daley es el autor de Unrigged:
How Americans Are Battling Back to Save Democracy y un veterano
miembro de FairVote.
Esta
traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar
su integridad y mencionar al autor, a la
traductora y Rebelión como fuente de la traducción.
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