Guatemala
Fuentes: Rebelión
En los últimos lustros se ha observado cómo una nueva articulación
política ha venido avanzando en el control totalitario del aparato
estatal en Guatemala. Dicha articulación se ha constituido en una fuerza
que aglutina, por coincidencia o alianza basada en intereses, un
conjunto de grupos de poder tradicionales y emergentes devenidos
relativamente en nuevos nichos de acumulación de capital, lícitos e
ilícitos.
Sus coincidencias
están dadas en el dejar hacer y dejar pasar con relación a la apropiación de
bienes públicos, al saqueo de las arcas nacionales, a la profundización de
privilegios, a la creación de condiciones para la evasión fiscal, al uso de las
instituciones para facilitar el crimen organizado y al control y liberalización
de nichos de mercado con altas tasas de ganancia.
En esa dinámica, sin
duda alguna, han ido emergiendo nuevos grupos de empresarios, políticos,
militares y redes de crimen, que han entrado a disputarles el control del aparato
estatal a las elites históricamente dominantes. Esta disputa explica algunos
momentos de enfrentamiento como los ocurridos durante los gobiernos de Serrano
Elías, Alfonso Portillo y Álvaro Colom. Tal enfrentamiento ha quedado
supeditado cuando sus intereses han sido coincidentes, de manera particular en
aquellos momentos en que se han visto amenazados en sus privilegios y prácticas
o han sido procesados por prácticas ilícitas.
Tales grupos, a
través de diversas figuras políticas, operadores y partidos políticos, se
aglutinaron en torno al Partido Patriota, un partido que, según quedó
demostrado, constituyó una organización criminal que se legalizó y legitimó en
unas elecciones que le permitieron llegar al control del Gobierno y gestar una
alianza congresal que desplegó toda su creatividad para saquear los recursos
públicos. Al verse descubierto, impugnado y procesado judicialmente el núcleo
dirigente de dicha gestión gubernamental, quienes ahí se aglutinaron se fueron
rearticulando finalmente en el partido FCN-Nación y en su candidato ganador de
las elecciones de 2015, Jimmy Morales, gobierno que, sorteando su desgaste,
pudo concluir su mandato. En las elecciones de 2019, dichos grupos nuevamente
vuelven a unirse en torno al partido Vamos y a la actual alianza que controla
los organismos Ejecutivo y Legislativo, así como a la Corte Suprema de Justicia
(CSJ). Es decir, son grupos que han tenido la capacidad de controlar, asimismo,
el sistema de particos políticos y, con ello, buena parte de los aparatos del
Estado.
No obstante sus
diferencias, han sido habilidosos para garantizar la defensa de sus intereses
coincidentes. En ese sentido, después de la crisis política de 2015 y del logro
de una salida favorable con la elección de Jimmy Morales, lograron recuperar el
control de entidades como el Ministerio de Gobernación y la Secretaría de
Administración Tributaria, dirigidos por cuadros sostenidos por la agenda e
influencia nodal de la Embajada de Estados Unidos, que en ese momento era
proclive al combate de la corrupción. En esa misma dirección, finalmente logran
expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),
paso clave para debilitar al Ministerio Público, institución a la que
finalmente alinean a sus propósitos.
Son esos grupos de
poder los que coinciden y concretan una alianza que, según parece, les
permitirá elegir a los magistrados integrantes de la CSJ y de las cortes de
apelaciones y que mantienen una puja de carácter constitucional frente a la
Corte de Constitucionalidad (CC), a la cual pretenden igualmente supeditar.
Algo similar ocurre con la institución y gestión del actual procurador de los
derechos humanos, férreo crítico de las ejecutorias que estos grupos impulsan
desde organismos e instituciones estatales.
Lo que esta
articulación pretende es el control absoluto del aparato estatal. Probablemente
podrán elegir una CC y un procurador de los derechos humanos afines y concretar
una reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que les permita
continuar con el manejo del sistema de partidos y de los procesos electorales
venideros. Con ello lograrían garantizarse políticas de Estado favorables a su
interés, instituciones y presupuestos a su entero beneficio e impunidad para
aquellas acciones reñidas con la ley. Con una orientación profundamente
conservadora, autoritaria y antagónica al interés público, esta alianza amenaza
con hacernos retroceder al período anterior a 1985, dado que su estrategia
atenta contra la Constitución Política y la institucionalidad que devino de su
aprobación. Por eso se afirma que nos amenaza un proyecto totalitario.
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