Contrabando de drogas, eliminación de opositores, crímenes y mentiras a granel…
El Estado de Guatemala está tomado por los cárteles de la droga y por
un ejército que ha traicionado la naturaleza de su misión, claramente
descrita en la Constitución como “…una institución destinada a mantener
la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad
del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior” (CPR).
Dedicado durante más de 65 años a fortalecer su poder haciendo el
trabajo sucio de los sectores de mayor influencia económica y política,
ha logrado entronizarse sólidamente tras el sillón presidencial buscando
no solo la cobertura de la impunidad, también la libertad y los medios
para depredar al país en las actividades ilícitas más diversas.
Dueños de una buena –e inexplicable- porción del presupuesto de la
nación gracias a su presión sobre los gobernantes de turno, los
integrantes de la alta cúpula militar mantienen a la tropa con salarios
de miseria y sufriendo la carga de su trabajo en condiciones
infrahumanas. Expuestos estos frente a los cárteles de la droga y las
organizaciones criminales de tráfico y trata de personas, cuyos nexos
con altas autoridades les permiten premunirse de un equipo bélico
infinitamente superior al de los soldados que a ellos se enfrentan,
estos efectivos se cuentan también entre las víctimas de la codicia de
una institución cuyos objetivos se han divorciado de manera radical de
su misión original.
Por estas razones es comprensible, entonces, la debilidad endémica de
la oposición política cuyas filas han sido sistemáticamente golpeadas
por la represión y la persecución en todos los ámbitos. Amparados por un
Estado débil, corrupto y vulnerable a las presiones externas, miembros
de la alta oficialidad del ejército han aparecido con una frecuencia
pavorosa como protagonistas en secuestros, desapariciones,
organizaciones de robo y tráfico ilegal de vehículos, asesinatos de
líderes políticos y comunitarios, genocidio, contrabando de piezas
arqueológicas, invasión de territorios con expulsión de las comunidades
que los ocupaban y un sinnúmero de otros delitos.
Por lo tanto, pretender aparecer como héroes ante una ciudadanía
consciente de la verdadera naturaleza de sus operaciones no solo es
indignante, también es una burla ante el dolor de quienes han perdido a
sus seres queridos por la violencia de la represión, sin tener el
consuelo de darles una digna sepultura. El proceso experimentado por
Guatemala desde el regreso a la democracia ha tenido indefectiblemente
esa sombra negra del poder castrense sobre todas sus instituciones. Esta
ha sido una forma de continuum de una dictadura solapada y nefasta,
cuyos efectos en la psiquis de la ciudadanía se percibe en su temor a
manifestarse, a opinar, a actuar de manera decidida y abierta contra los
desmanes de sus autoridades. Más aún, su actitud pasiva frente a la
participación política, se ha transformado en un factor capaz de abortar
cualquier iniciativa de recuperación de la institucionalidad y la
corrección política, de la justicia y el estado de Derecho.
El escenario solo deja una salida y es un nuevo despertar de la
juventud, un renacer de la conciencia política y una mirada crítica a un
sistema colapsado por los delitos y la complicidad de sus
representantes en las Cortes, en el congreso y en todas las
instituciones de cuyo desempeño depende el cumplimiento del orden
constitucional, un ejercicio indispensable para salir de la ruta actual
de pérdida de derechos civiles y libertades ciudadanas. La Constitución
es, en la actualidad, letra muerta en un país que regresa a las épocas
más oscuras de su historia. Una medida recomendable es leerla.
Leer la Constitución Política es lo mínimo que debe hacer un ciudadano consciente.
elquintopatio@gmail.com
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