El fin de la lucha contra la impunidad será tan destructivo como el más poderoso de los huracanes.
En Guatemala se vivió un período extraordinario durante el cual
salie
ron a la luz, por primera vez y con evidencias contundentes, las
redes intocadas de corrupción e impunidad entre los sectores político y
empresarial. Las escandalosas revelaciones de negocios ilícitos desde
las organizaciones del sector privado y funcionarios públicos –algunas
de las cuales se sospechaban desde mucho antes- abrieron un boquete en
el sistema blindado construido por quienes poseen la riqueza y quienes
operan los poderes del Estado. Este tsunami de denuncias, la mayoría de
las cuales desembocaron en procesos judiciales y cárcel para un número
inaudito de intocables, despertó la conciencia de la ciudadanía y
sacudió una modorra de siglos.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, en conjunto con el Ministerio
Público, recibidas con expectación y esperanza por un pueblo agobiado
por la pobreza, la injusticia y los abusos desde los círculos de poder
fueron, sin embargo, el detonante que puso en marcha todos los recursos
de las mafias. Estas, conscientes de la amenaza que significaba la
permanencia de la Comisión, utilizaron hábiles estrategias para dividir a
la opinión pública debilitando así cualquier intento de movimiento
popular capaz de poner en peligro sus planes. De este modo y de manera
irregular, violando acuerdos internacionales, pusieron fin a la misión
de la Cicig consolidando así su reino de la total impunidad.
Lo que espera a Guatemala a partir de la elección de un equipo de
gobierno cuyo perfil revela el continuismo del sistema, es el acelerado
empoderamiento de un sector económico enfocado en la explotación máxima
de su influencia sobre las políticas públicas y la protección de sus
redes en todos los estamentos del Estado, incluyendo por supuesto al
sector justicia. Para el pueblo de Guatemala la salida de la Cicig
–forzada por el gobierno más corrupto y descaradamente destructivo de
los últimos tiempos- será un regreso a los períodos oscuros de los
regímenes autoritarios, con la pérdida de libertades y derechos
ciudadanos como primera medida de las nuevas autoridades.
Si la presencia de la Cicig fue dolorosa para las organizaciones
criminales enquistadas en la institucionalidad, su ausencia constituye
la amenaza de un huracán categoría 5 para la precaria sostenibilidad de
los entes en donde se apoya el débil sistema democrático y la vida
social, económica y política de ese país centroamericano. A ello es
preciso añadir la amenaza implícita en el absurdo acuerdo de declarar
“tercer país seguro” al más inseguro, peligroso y empobrecido de la
región y convertirlo en centro de concentración para migrantes pobres,
desesperados y perseguidos, cuyas mínimas perspectivas de conseguir la
visa de ingreso a Estados Unidos auguran una estancia prolongada.
La contradicción entre los intereses de grupo y los de todo un país
quedan en evidencia al observar cómo las huestes defensoras del sistema
de privilegios y saqueo de los recursos nacionales han reaccionado ante
el cierre de operaciones de la Comisión, pero especialmente ante el fin
de la misión del Comisionado Iván Velásquez, quien representó para esas
estructuras el mayor de los peligros. Sin embargo lo hecho, hecho está; y
será muy difícil hacerse el desentendido ante un panorama que gracias a
profundas y bien desarrolladas investigaciones, denuncias y procesos,
es ya parte de la historia política y jurídica de Guatemala.
La Cicig marcó un antes y un después en la historia de Guatemala.
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