Juan Javier Dávalos dice que admira al
Che Guevara por “su voluntad de transfromar el mundo”; que el hábito que
tiene y quisiera cambiar es fumar y se declara admirador de Rafael
Correa. Lo dijo, respondiendo a un breve cuestionario que
GK propuso a los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, en febrero de 2019. Tras las elecciones y aunque Rafael
Correa y varios personajes afines al correísmo apoyaron la candidatura de Dávalos, no logró quedar entre los consejeros principales, pero sí para suplente. Pronto se principalizaría, después de que cuatro consejeros fueran destituidos por la Asamblea,
todos, supuestamente afines al correísmo. La mayoría cambió. Ahora
Dávalos es el único consejero que se ha pronunciado públicamente
simpatizante de Correa.
Tiene 34 años, estudió Artes Liberales en la Universidad San
Francisco de Quito, en donde fue parte del Gobierno Estudiantil. Durante
el gobierno de Rafael Correa fue funcionario en la Empresa Pública
Yachay, en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Senescyt). Durante su candidatura, el Consejo Nacional Electoral (CNE)
abrió un expediente para investigarlo —junto a otros cinco candidatos—
que, supuestamente, habían hecho proselitismo político, prohibido por
Ley para los postulantes al CPCCS. Posteriormente los expedientes fueron
archivados.
Tras la victoria de Paola Pabón como Prefecta de Pichincha,
Dávalos fue su asesor hasta que tuvo que principalizarse en el CPCCS,
cuyas oficinas están ubicadas en la Santa Prisca, en el centro de Quito.
Allí nos recibió el primer día que asistió a su despacho como consejero
principal.
Pasamos de un Consejo que se consideraba mayoritariamente correísta a uno anticorreísta. ¿Cuál es su lectura de ese cambio?
Aquí vale la pena una reflexión. Si uno mira las declaraciones
de la mayoría de asambleístas que votaron a favor, uno de los argumentos
a favor fue que necesitaban “descorreizar” el Consejo de Participación y
lograr que una mayoría correísta salga del Consejo.
Esa motivación no es una causal para un juicio político. Como
consecuencia, tenemos una destrucción, por así decirlo, de la
institucionalidad. Es decir, por intentar descorreizar, por hacerle daño
a un expresidente, por estas revanchas políticas, por estas disputas
políticas, lo que estamos haciendo es destruyendo la institucionalidad
del país y destruyendo la democracia, porque no nos olvidemos que estos
cuatro consejeros fueron electos por voluntad popular. No les importó,
no se respetó esa voluntad, la del pueblo ecuatoriano.
Pasaron por encima de ella y rompieron con un principio básico
que es el respeto a la democracia y el respeto al pueblo ecuatoriano.
Por eso hago un llamado a la clase política de este país para
deponer posturas que lo único que hacen es empeorar las condiciones de
institucionalidad del Ecuador. Uno puede ver los índices, los
indicadores —el riesgo país está por las nubes. Somos el tercer país con
peores indicadores de estabilidad institucional, después de Venezuela y
Argentina.
Eso trae consigo menos posibilidades de atraer inversión, más
desempleo, más pobreza. Es decir, este circo al que nos ha llevado la
Asamblea y los actores políticos, lo que trae es más pobreza y más
desempleo. Es hora de pasar del revanchismo político, del odio al
expresidente, a la capacidad de respetar nuestras ideologías y nuestras
posiciones políticas.
Tras un poco más de un mes de ser posesionados, cuatro consejeros fueron destituidos por la Asamblea Nacional, entre ellos José Tuárez, quien era presidente del organismo y Rosa Chalá, su vicepresidenta. Una de las causales para destituirlos fue desacato:
el CPCCS quiso revisar la designación de los jueces de la Corte
Constitucional, hecha por el anterior Consejo Participación Ciudadana
Transitorio, que estuvo a cargo de Julio César Trujillo.
Si hacemos únicamente esa lectura querría decir que todas las instituciones están actuando básicamente por odio a un líder, que según el discurso que usted menciona sería el expresidente Correa. Sin embargo, sí hubo algunas causales para seguir el proceso, si hablamos de los consejeros del CPCCS (incumplimiento de funciones, falta de probidad) y ellos sí son sujetos de control político por más que hayan sido electos por vía popular. Quizá también es un tema de que no hubo probidad, hubo faltas y en efecto, la Asamblea tiene entre sus funciones la fiscalización.
La anterior mayoría del Consejo de Participación cometió errores, más de forma que de fondo.
Esos errores pasaron por una mala estrategia de comunicación, por no
socializar adecuadamente lo que estaban buscando con la resolución que
habían aprobado sobre la Corte Constitucional.
Pero, de ninguna forma, merecía ser una causal de destitución.
Es decir, no veo sustento para decir que incumplieron funciones. Y uno
lo puede ver en la mayoría de las declaraciones de los asambleístas, son
declaraciones que hablan de que no pueden permitirse el lujo de tener
correístas en el Consejo de Participación.
Y la demostración más grande es lo que acaba de pasar ayer.
Ahora tienes un Consejo formado por seis consejeros que son afines al
gobierno y un consejero, yo, que digamos que en ningún momento ha
intentado hacer alianzas con este gobierno.
Sin embargo uno de los ponentes del juicio, Fabricio Villamar, coincidía de alguna manera en lo que usted dice. El empezó con el juicio político a Tuárez, pero él dijo que él no considera que el Consejo sería mejor si la mayoría dejase de ser correísta. El CPCCS ha sido cuestionado desde su nacimiento, incluso el Transitorio. ¿Qué piensa usted de eso?
Creo que el Consejo le hace bien a la democracia y a la institucionalidad del país. El
Consejo se creó en la Constitución del 2008 pensando en que tenemos que
resolver un problema fundamental que teníamos y que podríamos volver a
tener: el hecho de que no podemos darnos el lujo de que las autoridades de control sean nombradas por los partidos políticos. Ese problema lo resuelve el Consejo de Participación Ciudadana.
En los 90 y principios de los 2000, caímos en una crisis
institucional y esa crisis institucional estaba, en mucho, basada en el
hecho de que todas las instituciones de control respondían a los
partidos políticos.
Este Consejo de Participación Ciudadana resuelve este problema
entregándole poder a los ciudadanos para que sean ellos los que, a
través de mecanismos de selección de concursos de oposición y méritos,
puedan nombrar a las autoridades de control, logrando más transparencia
en estas instituciones, logrando que estas autoridades puedan hacer lo
que tengan que hacer, más allá del poder de turno.
Lo que vivimos ahora último con el Transitorio fue una relación de dependencia entre el ejecutivo y el Consejo de Participación. Eso le quitó institucionalidad al Consejo. El
Consejo Transitorio no hizo un trabajo en beneficio de la mayoría de
ecuatorianos sino en beneficio del gobierno. Politizó nuevamente las
instituciones. Ahora tenemos autoridades de control que responden directamente al Ejecutivo.
Si hacemos caso a la posición de Fabricio Villamar, si
devolvemos las atribuciones de nombrar esas autoridades al Congreso
Nacional, a la Asamblea, vamos a tener los mismos problemas de siempre. Y
aquí una reflexión: es probable que la próxima Asamblea Nacional esté conformada en su mayoría por correístas. Es una de las fuerzas políticas más importantes que tiene el país.
Si es que avanzamos, si es que el país avanza con la propuesta de eliminar el CPCCS, de
darle la facultad de nombrar esas autoridades a la Asamblea, va a pasar
que ahí sí, los “correístas” nombren a las autoridades de control. Y en
ese escenario ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una consulta popular para eliminar la Asamblea Nacional? ¿Vamos a ir hacia una Asamblea Constituyente?
El discurso que maneja la clase política no puede
estar basado en los antagonismos de si el correísmo controla o no la
Asamblea o cualquier institución, y en función de eso le vamos quitando
las atribuciones que sean necesarias.
Es hora de pensar en la institucionalidad del país. Esa
institucionalidad se basa en los principios dados en Montecristi. Uno es
que el Consejo de Participación nombre a las autoridades de manera
transparente.
Dávalos: “El problema es que hemos satanizado el correísmo”. Fotografía de Diego Ayala León para GK.
Uno de los principales cuestionamientos, incluso del primer Consejo de Participación, era que varios de los funcionarios venían del correísmo. Si consideramos además los nombramientos que han hecho los anteriores Consejos de Participación, muchos vinieron del correísmo. Eso demuestra que el argumento de que es una institución meramente ciudadana no fue real en la práctica.
En realidad esto no llega a pasar con este nuevo Consejo, desde
que se elige las autoridades a través de la voluntad popular. Uno de
los requisitos para ser consejero es no estar afiliado a ningún partido
político, eso garantiza mínimos niveles de independencia de los
consejeros que llegan a este espacio. Obviamente, yo concuerdo en que los partidos políticos siempre van a tener relaciones con alguno de los consejeros, siempre va a haber acercamientos.
Pero los concursos de oposición y méritos que lleva adelante el
Consejo de Participación, que incluye veedurías, que incluye mecanismos
de participación ciudadana para velar que estos procesos sean lo más
transparentes posibles, creo que solo se pueden llevar a cabo desde el
Consejo de Participación y no desde una institución tan politizada como
la Asamblea Nacional, donde básicamente tendrán que ponerse de acuerdo
las fuerzas políticas para designar a una de las autoridades de
control.
En un escenario como el de ahora cuando tienes una Asamblea
Nacional donde no se ponen de acuerdo ni siquiera para cambiar un
artículo de una ley, imagínate pedirle a esa Asamblea que nombre una
autoridad para los 12 millones de ecuatorianos. O sea, podemos llevarle
al país a una crisis institucional que nos lleve a una Asamblea
Constituyente.
Pero la contraposición a eso es lo que puede pasar aquí, usted es minoría en el CPCCS. Usted es uno. Usted puede estar en contra de todo y la mayoría no le va a permitir plantear una cosa distinta.
Sí existe una normativa y una Ley para el proceso de selección
de esas autoridades. Digamos, en este caso concreto, 16 consejeros
deciden poner a dedo a una autoridad, eso no puede ser llevado a cabo
porque hay que respetar una Ley, unos procedimientos, unos procesos que
yo creo que pueden ser mejorados incluso.
Por esta razón, porque creo que hay como mejorar la
institucionalidad del país y no retroceder a los 80 ni los 90,
podríamos trabajar en conjunto con la Asamblea Nacional en una propuesta
de reforma a la Ley de Participación, al Código Orgánico del Consejo de
Participación Ciudadana, para mejorar estos procesos de selección.
Una de las propuestas que podría mejorar la transparencia en el
proceso de selección es que nosotros, el Consejo de Participación,
elijamos a los 3 mejores puntuados de cualquiera de estos concursos y le
pasamos esa terna a la Asamblea y con eso garantizamos, de una u otra
forma, la decisión de los partidos políticos y la legitimidad de los
partidos políticos en la designación de estas autoridades. Pero esta es
una vía que implica unos diálogos y unos consensos que no pasan por la
destrucción de la institucionalidad, no pasan por este discurso de “hay
que destruir el consejo, no sirve para nada”. Hace falta un proceso de
reflexión mayor. No llevarnos a un pasado por los odios y los
revanchismos.
Pero regresemos un poco a las contradicciones porque usted dice que ahora que las autoridades del Consejo son electas vía votación popular y que eso garantiza ciertos niveles de independencia. Sin embargo, usted mismo ha dicho que es afín al correísmo, lo cual pone en duda la independencia, por poner su caso. Entonces, puede que exista la formalidad de no estar afiliado a un partido, pero en la práctica, no significa que no haya cercanía política ¿No hay una crítica a ese sistema?
De acuerdo. Ahí hay que matizar porque mi
identidad político-ideológica es cercana a la identidad
político-ideológica del partido de Rafael Correa, de Compromiso Social
en este caso. Es decir, yo me considero una persona de izquierda,
progresista, defiendo la salud pública, la educación pública, la
soberanía nacional. Los principios que promulgaba la Revolución
Ciudadana, los considero míos también.
Esto no implica, en la práctica, que yo responda políticamente al partido porque no soy parte de ese partido. Es
sano porque la defensa de estos principios implica también una defensa
de la institucionalidad y de la democracia de este país. Cuando hablo de
que se debe respetar el voto popular, hablo de progresismo. Cuando
entiendo que no se puede beneficiar a una banca privada por encima de
los intereses de la mayoría de ecuatorianos, también estoy en una
posición progresista.
Esos principios voy a defender. Eso es lo que voy a plantear en
el Consejo de Participación porque, en función de esos intereses, uno
ejerce el cargo que ostenta. En función de esos intereses y esos
principios, uno plantea una agenda programática dentro del Consejo de
Participación. Dentro de esos principios me muevo y me moveré.
El problema es que hemos satanizado el correísmo.
Le hemos quitado la base político-ideológica y entendemos el correísmo
como un grupo de personas que se dedicaron a gobernar. A mí me
encantaría utilizar otro nombre que no sea correísmo. A mí me encantaría
decir que soy progresista y que la gente entienda que soy progresista
diciéndolo o caracterizándolo de esa manera. Pero como los medios de
comunicación han construído el término correísmo, creo que, bueno, para
mí, es más fácil utilizar ese término. No nos olvidemos acá que, y hay
que hacer una reflexión adicional y es que correísmo como tal no existe
en la Ciencia Política. Es decir, todavía no hay una corriente
ideológica que se llame correísmo.
Claro pero cuando hablamos de correísmo está claro que nos estamos refiriendo al gobierno del expresidente Correa y a la corriente política que él implantó. Progresista se pueden decir muchas personas e incluso personas que en su momento fueron parte del proyecto de Correa y luego se separaron, aún se denominan a sí mismas progresistas. Y si queremos hablar casos puntuales yo le podría decir que el expresidente Correa no era tan progresista cuando hablabámos de derechos reproductivos. Acuérdese cuando las asambleístas quisieron discutir la despenalización del aborto y él amenazó con renunciar si siguen hablando de eso. Entonces si nos ponemos a ahondar en lo que es de correísmo y progresismo nos podemos enredar, lo que me llama la atención es que usted habla de la destrucción de la institucionalidad de la democracia como si esto fuera un tema de este gobierno.
Durante el período electoral, Dávalos se declaró admirador de Rafael Correa. Fotografía de Diego Ayala León para GK.
Hubo muchos cuestionamientos desde muchos ámbitos de la opinión pública y de distintos sectores sociales, empresariales, medios de comunicación, al gobierno del expresidente Correa precisamente por la forma de acaparar poderes. Y si hablamos de institucionalidad, acuérdese que cuando hubo casos como el de los chicos del Central Técnico o los Diez de Luluncoto, el expresidente Correa cuestionaba en las sabatinas decisiones de los fiscales. Entonces no es algo que ocurre ahorita, o algo que ocurrió solo en el correísmo, es un tema ya casi estructural del país. ¿Dónde queda la autocrítica en ese sentido?
Yo soy súper autocrítico con el gobierno de Rafael Correa.
Nunca tuve un cargo, digamos que respondía a una dinámica de un nivel
jerárquico superior. Nunca fui subsecretario, nunca fui viceministro,
ministro mucho menos. Por eso tengo la libertad de ser lo
suficientemente autocrítico para reconocer muchos de los errores que tú
mismo acabas de mencionar.
Pero eso no me impide tampoco reconocer que estamos en una
situación que si yo lo pongo en perspectiva, hemos retrocedido muchísimo
en cuanto a derechos, a libertades, a institucionalidad. Es decir, yo
no veo en la actual coyuntura política, en el actual gobierno, una
intención siquiera de avanzar hacia un mejor país. Creo que hemos
retrocedido muchísimo de lo que tuvimos con el expresidente.
Depende a quién le pregunte, ¿no? En el caso de los periodistas había dificultades serias para ejercer el periodismo, por citar un ejemplo.
Eso es subjetivo, dependiendo incluso a quién le preguntes.
Si le preguntas a una persona que ahora está desempleada, te va
a decir que estaba mejor con el correísmo. Si le preguntas a una
pregunta que necesita acceso a medicina, te va a decir que estaba mejor
con el correísmo. Es decir, obviamente son subjetividades pero los
indicadores también están ahí, ahora tienes apenas un 16% de
ecuatorianos que cree en este gobierno.
Pero bueno, eso suele ocurrir en los gobiernos. El presidente Correa tuvo también sus momentos de quiebre en cuanto a popularidad, no tan bajos pero los tuvo. Es normal dentro del desgaste político de un gobierno. Si regresamos a hablar del Consejo de Participación como institución, hay más de 2700 denuncias de corrupción represadas, según la información que nos dio el Secretario de Transparencia, eso demuestra que la transparencia no ha sido una prioridad. Además, en sus competencias únicamente está la revisión de casos para enviarlos a las instituciones correspondientes, como la Fiscalía o la Contraloría. ¿De qué sirve la función de Transparencia?
Hay que mejorar la lucha contra la corrupción por parte del
Consejo de Participación Ciudadana, una de las formas de hacerlo es
despolitizando el trabajo de esas investigaciones.
Necesitamos que esa Secretaría de Transparencia funcione:
mejorar las condiciones técnicas y los equipos de esa secretaría para
tener mejores investigaciones y para poder entregar productos mejor
elaborados en la Fiscalía General del Estado o a la Contraloría General
del Estado.
Pero es también importante reconocer que aquí en el Consejo de
Participación tienes algo que en otras instituciones no: las
organizaciones sociales o los ciudadanos de pie pueden entregar
información para que sus denuncias sean canalizadas. Aquí lo importante
es anotar que muchos de los casos de corrupción no se investigan porque
el denunciante tiene miedo.
Que un ciudadano pueda venir de manera anónima a entregar
información a uno de los Consejeros o a la institución es lo que
garantiza que esta institución pueda luchar efectivamente contra la
corrupción. Es por eso que también hay tantos y tantos casos
represados.
Obviamente, si se le entrega recursos al Consejo de
Participación Ciudadana puede mejorar el talento humano que está a cargo
de esa dependencia. Tenemos un problema gravísimo producto de estos
revanchismos, de este descontento del gobierno por tener a cargo en el
Consejo anterior a un grupo identificado con el correísmo; se le quitó los recursos financieros y esto ha impedido que se pueda trabajar con normalidad.
El expresidente Tuárez dijo en la Asamblea que el Ministerio de Finanzas no había entregado los recursos que debe entregar a la institución pero ¿tiene más detalles sobre ese tema?
El hecho es que todas las instituciones públicas para funcionar
necesitan de estos desembolsos del Ministerio de Finanzas. El
Ministerio de Finanzas, desde que fueron las elecciones, dejó de
desembolsar estos recursos.
Lo que pasa es que te cierran las partidas presupuestarias
correspondientes. Entonces no puedes ejecutar, el Banco Central no te
acredita los recursos. Eso pasó. Cuando el Transitorio se enteró de los
resultados de las elecciones de marzo de 2019, pidió a la Corte
Constitucional la sentencia que blindaba sus decisiones. El Consejo
Transitorio desapareció muchos de los archivos de los procesos de
selección que ellos realizaron. El Consejo de Participación Transitorio,
cuando se enteró del resultado de las elecciones, devolvió al
Ministerio de Finanzas unos recursos que ellos decían que no iban a
utilizar y pidió el recorte presupuestario de la institución.
Todo esto para hacerle daño a un Consejo de Participación electo por
voluntad popular que estaba identificado en su mayoría con una fracción
política.
“Al
CPCCS se le quitó los recursos financieros y esto ha impedido que se
pueda trabajar con normalidad”. Fotografía de Diego Ayala León para GK.
Ha habido varias voces que hablan sobre lo difícil que ha sido para este consejo acceder a los archivos de algunas de las decisiones tomadas por el Consejo anterior. ¿Hay forma de recuperarlos?
Sí, yo no estoy muy al tanto de qué archivos están. Me acabo de
incorporar al Consejo pero tengo la plena seguridad de que esta nueva
mayoría, como responde a una alianza con el gobierno actual, va a lograr
que el Consejo vuelva a funcionar administrativamente.
¿La recuperación de archivos es posible?
Voy a preguntar. No estoy muy al tanto de cuáles realmente son los expedientes.
Usted ha dicho que el mayor reto de este organismo es sobrevivir estos 5 años. ¿Cree que lo logre? Hay ya propuestas en marcha para eliminarlo vía consulta popular.
Lo importante de esta reforma es que obligatoriamente tiene que
pasar por una decisión de pueblo ecuatoriano a través de referéndum.
Por eso yo estoy convencido que el Consejo de Participación va a sobrevivir,
porque si uno reflexiona realmente las consecuencias de eliminar el
Consejo de Participación y pasar estas funciones a la Asamblea Nacional,
con el desprestigio de los partidos políticos, con el desprestigio que
tiene la Asamblea Nacional, yo estoy convencido de que los ciudadanos
van a votar un NO rotundo. Entendiendo que nosotros tenemos la
responsabilidad como Consejeros de hacer un buen trabajo y recuperar el
buen nombre de la institución.
Entiendo que hasta hace poco era asesor de la Prefecta de Pichincha Paola Pabón.
Sí, apenas dos meses.
Se ha declarado admirador de Rafael Correa ¿usted tiene una relación persona, política o profesional con Rafael Correa? ¿Habla con él?
No, yo en realidad le he visto a Rafael Correa solo una vez en
mi vida en un evento que organicé cuando era estudiante universitario.
Organizamos un frente de universidades particulares y fue la única vez
que lo vi. No tengo una relación personal, ni cercana con Rafael.
Usted es uno de los consejeros a los que le abrieron un expediente, supuestamente porque habían hecho propaganda a favor suyo. Uno de los personajes que le impulsó con vehemencia fue Rafael Correa ¿por qué cree que pasó eso si ahora me dice que ustedes no tienen una relación y dice que, aunque es ideológicamente cercano no es parte de su movimiento?
Por las razones que más o menos le mencionaba ya, por mi propuesta de campaña.
No nos olvidemos cuáles eran: yo estaba proponiendoles a los
ecuatorianos luchar contra las privatizaciones desde el Consejo. Es algo
que el gobierno está comprometido a avanzar. Desde acá voy a fiscalizar
esas concesiones que se quieren hacer con la empresa privada para
evitar que se entreguen los recursos que nos pertenecen a todos a las
manos de unos pocos.
“No tengo una relación personal ni cercana con Rafael”. Fotografía de Diego Ayala León para GK.
[El apoyo de Correa se da] porque me identifiqué con la lucha
en contra de los beneficios de la banca privada. No nos olvidemos que
también ahí este gobierno está entregando beneficios extraordinarios a una banca que ya tiene una rentabilidad enorme en este país.
Eso, para mí también es corrupción. No es solo corrupción cuando hay
alguien que se roba recursos públicos para beneficio personal, sino
también cuando promulga un decreto, cuando firma un acuerdo que lo que
hace es, en la práctica, entregarle más recursos a los banqueros a costa
de la mayoría de ecuatorianos. También, entiendo yo, hubo esta afinidad
con Rafael cuando planteé que iba a revisar lo realizado por el
Transitorio, algo que ya no voy a poder a hacer porque, entre comillas,
perdimos la mayoría.
¿Cuál es su objetivo mientras esté en el Consejo?
Voy a avanzar en dos temas que creo son importantes en función de las nuevas condiciones que tengo acá al ser minoría.
La primera es poner la cara en relación a defensa de la
institución. Necesitamos más debate, más reflexión sobre lo que pierde
el país al perder el Consejo de Participación.
Mi trabajo se enfocará en llevar a las universidades, a los espacios de debate público, estas reflexiones.
Como segundo eje de trabajo estoy comprometido en luchar contra la corrupción de este, del anterior y del gobierno que venga.
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