Costa Rica, maestros y maestras nuevamente a las calles
Rel-UITA
El sector educativo
costarricense vuelve a abarrotar las calles del país. La protesta llega
después de la huelga de tres meses del año pasado, contra la reforma
fiscal que el gobierno quería imponer a toda costa.
En octubre
del año pasado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo
Benavides, presentó el proyecto de ley 21.049 que buscaba imponer
restricciones al derecho a la huelga en el país.
Un mes después,
la legisladora Yorleni León presentó otro proyecto de ley (21.097) que
pretendía prohibir el derecho a huelga a distintos sectores que brindan
‘servicios esenciales’, entre otros, la educación pública.
También
preveía la aplicación de descuentos al salario si la huelga es
declarada ilegal -sin posibilidad de acuerdos para reposición de tiempo -
y la prohibición de la huelga contra políticas públicas.
El 9 de agosto, ambos proyectos fueron fusionados en un dictamen afirmativo de mayoría.
Ante
el peligro inminente de un cercenamiento del derecho constitucional a
huelga, la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y otras
organizaciones magisteriales convocaron a una primera huelga
intermitente.
Asimismo, solicitaron la mediación de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) logrando la instalación de
una mesa de diálogo.
“Acordamos varios puntos, entre otros que no
se considerara la educación como un servicio esencial, garantizando de
esta manera el derecho a huelga. Lamentablemente, al momento del voto
los diputados presentaron varias mociones que alteraron el contenido del
acuerdo alcanzado, dejándonos sin otra opción que volver a las calles”,
explicó a La Rel, Gilberto Cascante, presidente de la ANDE.
Cascante
manifestó también que sobre el gremio magisterial pende otra ‘espada de
Damocles’, es decir el proyecto que pretende unificar el régimen de
pensiones del magisterio con el de la Caja Costarricense de Seguro
Social.
Después de la aprobación en primer debate del proyecto de
ley 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas”,
ANDE, entre otras organizaciones magisteriales, lograron iniciar una
acción de inconstitucionalidad.
“Conseguimos la firma de
diez diputados y presentamos la solicitud ante la Sala Constitucional,
que ahora tiene un plazo máximo de 30 días para decir si esta ley
violenta el derecho constitucional a la huelga. No podemos perder el
derecho que como pueblo tenemos de manifestarnos en las calles del país y
de protestar cuando nos sentimos maltratados”, dijo Cascante.
Modelo neoliberal
Para
el presidente de la ANDE, lo que está ocurriendo en Costa Rica y en
otros países de América Latina y el mundo es parte de un plan macabro
trazado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial
(BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
“Criminalizan la protesta social, precarizan la educación
y nos convierten en mano de obra barata expuesta a la explotación. Nos
estamos enfrentando a un modelo que deteriora la calidad de vida de los
pueblos, les quita el derecho a la salud, a la educación y a un trabajo
digno y contribuye a enriquecer más al gran capital nacional y
transnacional”, apuntó Cascante.
Una ofensiva que cuenta con el
apoyo incondicional de los medios de comunicación corporativos, como
parte activa del proceso de estigmatización y criminalización de la
protesta social.
Si la ofensiva es global, también la respuesta
debe serlo. Es por eso que la Internacional de la Educación (IE) se está
reuniendo en estos días con un grupo de abogados para presentar
denuncias a nivel internacional.
“Unificar fuerzas es fundamental si queremos enfrentar esta nueva embestida”, concluyó Cascante.
Fuente: Rel-UITA
No hay comentarios:
Publicar un comentario