El 10 de agosto es la
fecha nacional del Ecuador, pues se conmemora el inicio del proceso de
independencia del país en 1809, con la instalación de una Junta Suprema
de gobierno criollo. El aniversario ha servido de ocasión para
reflexionar sobre los últimos 40 años de la trayectoria histórica, pues
el 10 de agosto de 1979 se inició la fase de gobiernos constitucionales
más larga en la vida republicana, tras una década de dictaduras
militares.
Durante los primeros 17 años hubo cinco gobiernos:
Jaime Roldós (1979/81), Osvaldo Hurtado (1981/84), León Febres Cordero
(1984/88), Rodrigo Borja (1988/92) y Sixto Durán Ballén (1992/96). En
los siguientes 10 años hubo siete gobiernos: Abdalá Bucaram (1996/97),
Rosalía Arteaga (fin de semana), Fabián Alarcón (1997/98), Jamil Mahuad
(1998/2000), Gustavo Noboa (2000/03), Lucio Gutiérrez (2003/05), Alfredo
Palacio (2005/07) y una dictadura nocturna (enero 21 de 2000). Fueron
derrocados Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, quienes eran, además, los únicos
presidentes electos de esa década. Entre 2007/17 gobernó Rafael Correa,
sucedido por Lenín Moreno (2017/hoy).
Roldós y Hurtado (en sus
primeros dos años), obraron en el marco de la progresista Constitución
de 1979, bajo principios desarrollistas y reformistas. La deuda externa
heredada comenzó a pesar. Hurtado firmó (1983) la primera carta de
intención con el FMI, que inauguró los condicionamientos externos para
cubrirla. Febres Cordero rompió con las políticas “socialistas” de sus
antecesores (así los acusó) e inauguró el modelo empresarial, continuado
y profundizado por Durán Ballén y desde 1996 por todos los gobiernos
sucesores, que tuvieron en la Constitución de 1998 el paraguas económico
para el camino neoliberal. Entre 1983 y 2003 se firmaron 16 cartas con
el FMI. La consigna de reducir el Estado, privatizar sus bienes y
servicios, así como subordinarse a intereses de banqueros y altos
empresarios, para cumplir con el ideario neoliberal y del FMI, fue
especialmente seguida por Febres Cordero, Durán Ballén, Mahuad y Noboa;
la flexibilidad laboral sobre todo por éste y por Gutiérrez.
El
legislativo inauguró la “pugna de poderes” durante el gobierno de
Roldós, fenómeno que se reprodujo largamente. La “clase política”,
institucionalizada por la ley de partidos y presente sobre todo en los
sucesivos congresos, edificó un Estado-de-partidos, para
reproducir sus propios intereses en él, sin importar las
responsabilidades ante los electores. Han predominado partidos
regionales, empresas electorales, movimientos personalistas y objetivos
coyunturales. La función judicial permanentemente fue cooptada por las
elites del poder político, al mismo tiempo que la arraigada corrupción
interna y administrativa resultó solo episódicamente afrontada.
De manera que a la economía empresarial neoliberal y a la subordinación
de las funciones públicas a sus intereses, acompañó la inevitable
desintitucionalización del país, que derivó en la crisis gubernamental
destapada desde 1996. Jaime Roldós defendió los derechos humanos incluso
frente a la política del gobierno de los EEUU, auspiciante de las
dictaduras terroristas latinoamericanas de la época. Febres Cordero, en
cambio, fue el mayor violador de esos derechos (según la Comisión que
investigó fueron crímenes de “lesa humanidad”). Borja fue democrático,
sin lograr superar las bases neoliberales de su antecesor. Durán Ballén
obró al servicio de las elites económicas, desinstitucionalizando
servicios y capacidades estatales, que también continuó Noboa. El
gobierno de Bucaram fue el más corrupto de la era. Alarcón arrinconado
por su ineficiencia política, comparable a la de Palacio. Mahuad dio
continuidad a Durán Ballén en la subordinación del Estado a intereses
bancarios, que tampoco superó Gutiérrez, autoproclamado “el mejor amigo”
de los EEUU.
Bajo esas circunstancias, las condiciones de vida
y de trabajo de amplios sectores de la población nacional se
deterioraron, mientras la riqueza y la opulencia se concentraron en una
cúpula social. La modernización capitalista lograda y el consumismo
característico de la vida urbana, obviamente no podían ocultar las
tensiones sociales que se acumulaban, presentes en las resistencias de
las organizaciones populares y laborales, las protestas y
manifestaciones públicas. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT)
desarrolló importantes huelgas nacionales hasta inicios de la década de
1990, a partir de la cual su declive fue acelerado. El movimiento
indígena se fortaleció como nunca antes desde el levantamiento nacional
de 1990 y fue un factor clave para detener la casi segura firma del
tratado de libre comercio con los EEUU, durante el primer lustro del
nuevo milenio.
Como en ninguna otra época, el camino económico,
unido a la voracidad de las elites empresariales y al arrinconamiento
de las capacidades estatales para el control, la regulación y la
imposición de los intereses ciudadanos frente al de los particulares,
provocaron el auge de la corrupción privada y los más grandes atracos al
Estado nacional, como la sucretización de las deudas privadas (1983),
la resucretización (1987), los “salvatajes” bancarios desde 1996, el
feriado bancario (1999) y la dolarización (2000), además de la evasión
tributaria, las sobre y sub facturaciones, los negociados con obras y
servicios públicos.
Todos los gobiernos que se identificaron
con el neoliberalismo que, además, se extendió por América Latina,
coincidieron en reproducir las estrategias del capital transnacional y
en responder positivamente a la geoestrategia mundialista y americanista
de los EEUU, que pasó a convertirse en potencia con hegemonía unipolar a
raíz del derrumbe del bloque socialista. Roldós afrontó un conflicto
armado con Perú, que revivió con Durán Ballén, quien, al reconocer la
“vigencia” del Protocolo de Río de Janeiro, posibilitó que Mahuad
suscribiera la paz definitiva con el vecino del sur.
El
contraste con las décadas anteriores se produjo entre 2007-2017, con la
Asamblea Constituyente, la nueva, progresista y adelantada Constitución
de 2008, y los tres gobiernos de Rafael Correa, quien logró el apoyo
ciudadano en catorce procesos electorales, que incluyeron varias
consultas populares.
Se inició así un ciclo inédito en la
historia contemporánea, en el cual se superó el neoliberalismo
empresarial, recuperando capacidades estatales y una orientación social y
popular. Diversos estudios internacionales dan cuenta, con cifras y
análisis, del crecimiento del país, así como de amplios avances en
cuanto a la redistribución de la riqueza, la disminución de la pobreza,
el desempleo y el subempleo, la extensión de los servicios públicos
(particularmente educación, salud y seguridad social), la enorme
inversión en obras e infraestructuras, así como el cobro de impuestos.
Acusado como “estatista”, el nuevo modelo de economía despertó las
reacciones contrarias de las cámaras de la producción, a pesar de que
hubo sectores empresariales que crecieron y hasta fortalecieron sus
negocios, como fue el sector bancario.
Se fortaleció la nueva
institucionalidad estatal, a pesar de que la centralización de
decisiones, la hegemonía política lograda en las diversas funciones del
Estado, pero también la confrontación directa con los antiguos sectores
de poder y con la prensa hegemónica, así como la ruptura con las
izquierdas tradicionales y las dirigencias de los principales
movimientos sociales como el obrero y el indígena, crearon situaciones
contradictorias frente a los ideales de la “Revolución Ciudadana”. Ese
ambiente fue aprovechado por la oposición, que permanentemente combatió a
Correa acusándole de autoritario, populista e hiperpresidencialista. Su
gobierno, sin embargo formó parte del ciclo de gobiernos progresistas,
democráticos y de nueva izquierda, que caracterizaron a varios países de
América Latina desde 1999. Todos ellos afirmaron el latinoamericanismo,
superaron el neoliberalismo, adoptaron políticas soberanas y
enfrentaron al imperialismo.
Moreno, quien fuera vicepresidente
de Correa, triunfó con el patrocinio de Alianza País y el personal
apoyo del mismo Correa, aunque apenas alcanzó un estrecho margen que
llegó al 51.16% de la votación (su adversario, el millonario y banquero
Guillermo Lasso obtuvo el 48.84%). Se creyó que continuaría la
Revolución Ciudadana; pero casi de inmediato, Moreno rompió con Correa,
con Alianza País y con el proceso heredado. Pasó a encabezar la
“descorreización”, un propósito impulsado por las derechas políticas,
aunque también fue acogido por varias izquierdas, los “marxistas
pro-bancarios” y aquellos dirigentes de movimientos sociales que creían
hacer justicia contra las políticas del régimen anterior, al que
acusaron de “criminalizar” la protesta social.
Apartándose de
la Constitución de 2008, en dos años Moreno edificó el segundo modelo
empresarial, subordinando la conducción económica a los intereses de las
cámaras de la producción. En materia política siguió las orientaciones
de las derechas nacionales y se identificó con el nuevo ciclo
conservador latinoamericano, abandonando la identidad con la región en
aras del nuevo americanismo impulsado por los EEUU.
También resultó exitosa la “descorreización”, que acudió incluso al lawfare,
la persecución política y el falseamiento sobre los procesos vividos en
la década pasada, que han sido acciones encubiertas por los grandes
medios de comunicación hegemónicos, además de coincidir con los ejes de
la política exterior norteamericana contra los gobiernos progresistas
latinoamericanos, todo lo cual ha configurado un cuadro histórico
inédito en cuatro décadas. Los casos de corrupción, descubiertos en ese
proceso, afectaron seriamente la imagen del gobierno de Correa.
En dos años, la economía se ha desequilibrado, la institucionalidad se
ha desbaratado, reviven antiguos moldes del país soñado por las derechas
económicas y políticas. Lo más grave es que aceleradamente se pierden
logros sociales y laborales, con deterioro de la calidad de vida, el
incremento de la pobreza y el derrumbe de servicios públicos,
previéndose un agravamiento de las circunstancias existentes por la
firma de una carta de intención con el FMI, suscrita a 16 años de la
última, que condiciona al gobierno a volver a las nefastas políticas de
ajuste ya vividas por el país en las décadas de los ochenta y noventa.
La esperanzadora democracia idealizada en 1979 ha perdido su rumbo en
2019. Bajo tiempos conservadores latinoamericanos, Ecuador enfrenta más
dificultades para retomar la construcción de una democracia social que
supere la hegemonía recobrada por elites políticas y empresariales. En
todo caso, van conformándose grupos y colectivos ciudadanos, así como
organizaciones nuevas entre los movimientos sociales, que
progresivamente avanzan en la consolidación de posiciones para
replantear una senda que se perdió.
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