La Jornada
Editorial
En el contexto de la
consternación mundial por la proliferación de incendios en la Amazonia,
el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas,
António Guterres, urgió a proteger esa selva tropical, la mayor del
mundo y considerada
el pulmón del planeta, porque su flora aporta cerca de 20 por ciento del oxígeno a la atmósfera global. Según el Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, en el curso del presente año los incendios en la parte amazónica de ese país aumentaron 83 por ciento con respecto al mismo periodo de 2018, con 72 mil 843, 9 mil 500 de ellos iniciados la semana pasada, según un conteo obtenido de datos satelitales.
Ciertamente, la Amazonia no se localiza exclusivamente en Brasil,
pues se extiende también por los territorios de Perú, Bolivia, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, y en varios de
ellos han tenido lugar incendios de diversa magnitud, pero todas las
voces internacionales y brasileñas autorizadas coinciden en que la
responsabilidad central por la catastrófica circunstancia actual
corresponde al gobierno de Brasil, que encabeza el ultraderechista Jair
Bolsonaro, quien ha impulsado técnicas agrícolas depredadoras que
favorecen a los hacendados y que implican la deforestación acelerada, la
cual se cuadruplicó en julio pasado con respecto al mismo mes del año
anterior. Adicionalmente, Bolsonaro propugna la destrucción de las
reservas indígenas para entregar sus tierras a empresas agropecuarias y
mineras.
En efecto, organizaciones como Greenpeace, World Widlife Fund (Fondo
Mundial para la Naturaleza) y Amnistía Internacional han denunciado que
los incendios han sido originados de manera intencional con el propósito
de ganar extensiones a la selva para dedicarlas a actividades
productivas.
Bolsonaro, por su parte, niega que sus políticas tengan algo que ver
con la catástrofe ambiental en curso y ha llegado al cinismo de
responsabilizar a las organizaciones conservacionistas de ser las
causantes de los incendios.
Aunque las consecuencias de la irresponsabilidad del gobernante
empiezan a notarse –la Unión Europea, por ejemplo, está dudando si
ratifica el tratado de libre comercio con Brasil–, las necesarias
acciones internacionales son, hasta ahora, claramente insuficientes. Sin
desconocer la soberanía de la nación sudamericana, es claro que el
desastre afecta al planeta entero y que éste no puede ser tratado con el
desdén y la insolencia características de las reacciones del político
ultraderechista. Resulta necesario, por ello, que la comunidad
internacional, y especialmente los gobiernos, ejerza una presión mayor
sobre las autoridades del Palacio de Planalto con la finalidad de que
éstas accedan a elaborar y a poner en práctica acciones urgentes y
demanden, de ser necesario, la asistencia extranjera requerida para
frenar los fuegos que devoran grandes extensiones de la Amazonia.
Para finalizar, la trágica situación en que se encuentra la mayor
reserva de biodiversidad del planeta es claro indicio de que la
regresión al neoliberalismo salvaje –inducida en Brasil tras el golpe de
Estado parlamentario de agosto de 2016 en contra de Dilma Rousseff, y
acentuada con el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro– desemboca, a
corto plazo, en la barbarie y en un holocausto ambiental.
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