Alejandro Nadal
La Jornada
Hubo una época en la cual se
decía que la política sobre conservación de la biodiversidad podía
beneficiarse de instrumentos basados en mecanismos de mercado. En
especial, se expresaba que la mejor manera de combatir el tráfico ilegal
de especies amenazadas era legalizando el mercado. De este modo habría
una oferta estable y abundante que deprimiría el precio de esos animales
y plantas, eliminando los incentivos para los traficantes y promoviendo
el uso sustentable de esas especies.
Esa forma ingenua de ver el mundo y la política de la conservación ha
ido desvaneciéndose gradualmente. Como no existen estudios serios sobre
la estructura y dinámica de mercados de especies amenazadas, no hay
bases para afirmar que el mercado funcionaría para erradicar a los
traficantes de especies amenazadas. La dinámica de formación de precios
depende de manera crucial de la estructura de cada mercado y la
probabilidad de que se produzcan resultados negativos al legalizar un
mercado es alta.
Otra razón poderosa para no utilizar ingenuamente los mecanismos de
mercado es que los decomisos muestran que los traficantes de especies
amenazadas operan con múltiples productos y, por tanto, su rentabilidad
no depende de una sola mercancía. Es decir, funcionan como empresas
multiproducto, cuya rentabilidad está relacionada con muchas líneas de
actividad. Aun cuando el precio de uno de sus productos pudiera
reducirse, estas empresas pueden resistir durante mucho tiempo una
guerra de precios, motivo suficiente para abandonar la ingenua idea de
que los mecanismos de mercado pueden ser una buena manera de reducir el
tráfico ilegal de especies amenazadas.
Pero los adeptos del libre mercado nunca descansan y siempre tienen
nuevos argumentos. Como hoy ya no se puede decir impunemente que el
mercado funciona bien, ahora el discurso es que un mercado legalizado de
especies amenazadas permite generar recursos para la conservación de la
especie y mejorar las condiciones de vida de las
comunidades locales, y hasta aliviar la pobreza. Esta fraseología se ha convertido en una fórmula mágica que justifica el comercio legal de especies amenazadas.
Este tipo de argumentos reapareció en los trabajos de la Conferencia
de las Partes de la Convención sobre Comercio de Especies Amenazadas
(Cites), que está concluyendo esta semana en Ginebra. Esta convención
prohíbe en la actualidad la venta de marfil, pero cinco países de África
austral siguen presionando para que se autorice el comercio de ese
producto y su argumento ahora es que los recursos generados por esa
venta serían destinados a las comunidades locales y a financiar la
conservación. El argumento es absurdo y algunos números permiten
demostrarlo.
Botsuana es uno de estos países. Posee un acervo de 43.6 toneladas de
marfil y su ministro de Medio Ambiente insiste en que la venta de ese
recurso sería clave para beneficiar a las comunidades locales. ¿Cuánto
vale esa mercancía? Desde que China cerró su mercado interno, en 2017,
el precio internacional del marfil se ha desplomado, pasando de
aproximadamente 2 mil 100 a sólo 730 dólares por kilogramo entre 2015 y
2018. Es difícil que en una subasta controlada (como la que sería
necesaria en el caso de una venta autorizada por la Cites) se alcance un
precio superior, y más bien habría que esperar una cotización
significativamente inferior. Si se considera el antecedente de la venta
de 2008, el precio difícilmente rebasaría 500 dólares por kilo. Es
decir, cuando mucho la venta generaría unos 21.8 millones de dólares. La
población en el norte de Botsuana, donde se concentra la mayor parte de
los elefantes, alcanza medio millón de personas. Si se distribuyera el
producto de la venta entre esa población, en el mejor de los casos a
cada persona le corresponderían 43.6 dólares. Y hay que destacar que
este sería un pago único, pues el año entrante no habría acervos de
marfil que vender. Si se quisiera proseguir con esta ayuda el año
entrante, habría que ver qué propondría vender el ministro de Botsuana.
En relación con los costos de conservación, la superficie de áreas
protegidas en Botsuana es de 169 mil 370 kilómetros cuadrados. Si se
asignara el total de la venta del marfil a la conservación, se tendrían
unos 128 dólares por kilómetro cuadrado. Esa cantidad es claramente
insuficiente para cubrir los costos de vigilancia de las áreas naturales
protegidas de Botsuana. El presupuesto para gastos de conservación por
kilómetro cuadrado de área protegida en ese país es muy superior a lo
que se podría generar con la venta de todo el acervo de marfil en
posesión de este país.
Es claro que la conservación es un tema que debe estar soportado en
el financiamiento público y no en mercados que pueden ser inestables y
hasta poco duraderos. En cambio, cualquier venta de marfil sí permite
perpetuar el mercado ilegal del mismo y la matanza de elefantes en
África que hoy alcanza la cifra de 20 mil animales muertos cada año.
Twitter: @anadaloficial
No hay comentarios:
Publicar un comentario