Por Rafael Bernabe/Especial para CLARIDAD
El descrédito alcanzado por los partidos dominantes, por
la legislatura, por los “políticos” y hasta la “política”, definidos
imprecisa, pero despreciados visceralmente por mucha gente, recuerdan el
concepto de “crisis orgánica” del marxista italiano Antonio Gramsci.
Autores, como Stathis Kouvelakis, lo han usado para analizar el
movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia. Una crisis orgánica
supone una descomposición de la habilidad de la clase dominante de
“mantener su rol dirigente”. Uno de sus “síntomas más visibles” es el
“colapso del apoyo a los partidos tradicionales”.
Esa crisis se distingue de una situación de cambio radical
por la ausencia de una fuerza social capaz de reemplazar el orden en
crisis. Es una situación inestable, precaria, llena de oportunidades y
de peligros. La clase gobernante intenta recuperar su capacidad de
dirigir. Para eso, a pesar del descrédito, cuenta con grandes reservas.
Así, la crisis orgánica “desata una recomposición del personal
político”, incluyendo la pugna entre, y el surgimiento de nuevos,
líderes y partidos, reformas constitucionales, etc. Desde la renuncia
de Rosselló su consigna ha sido regresar a la “normalidad”. Pero eso no
se logra por decreto, como demuestran el episodio de Pierluisi y la
pugna interna del PNP alrededor de la gobernación. La clase gobernante
quiere estabilidad, pero no se pone de acuerdo sobre cómo lograrla. Cada
cual, de Rivera Schatz al Nuevo Día, del liderato del PPD a los
comentaristas radiales, de la Cámara de Comercio a los bufetes
patronales tienen ideas distintas sobre cómo lograrla. Cada cual intenta
arrimar la brasa a su sardina.
Ante esto proceso es bueno repasar algunas ideas. Puerto
Rico no vive bajo una “partidocracia”, como a veces se dice. No está
dominado por los partidos. Está dominado por los que dominan a través de
los partidos. Si se quiere una frase corta: está dominado por la
plutocracia. Por los dueños del dinero, la riqueza y el capital. Por la
clase patronal. Por los ricos. Póngale el nombre que usted quiera. Pero
esa clase gobernante no es homogénea, ni actúa como unidad. No se reúne
en algún sitio y decide cuál será su política. Depende de estructuras
que le permiten ir elaborando posiciones: su prensa, sus analistas,
think tanks, organizaciones (Asociación de Industriales, Cámara de
Comercio, etc.) y sus partidos (el PPD y el PNP).
La relación entre esa clase y sus partidos no es sencilla.
Bajo un gobierno electo están sujetos a presiones distintas. Se supone
que los funcionarios electos sirvan a la clase gobernante, por un lado, y
que logren y mantengan, por otro, el apoyo de los electores. De otro
modo, serían poco útiles para la clase gobernante. Pero ese apoyo
electoral no se logra con sonrisas y frases bonitas únicamente. A menudo
exige hacer concesiones reales a la gente o no dar paso a las
exigencias patronales más voraces. Fue el caso de la ley 80, que la
clase patronal quería eliminar, algo que algunos de sus políticos
consideraban tendría un efecto electoral inaceptable. La clase patronal
siempre ha tenido este problema con sus representantes electos: los
segundos están más sujetos a la presión electoral y por tanto no
implantan toda la agenda antiobrera de los primeros. De ahí también la
simpatía de la clase patronal por la Junta: al no ser electa, ni tener
que preocuparse por la reelección, la Junta se atrevería a actuar sin
miedo allí donde los “políticos” titubean (la ley 80 es también ejemplo
de esto). A la clase patronal, por supuesto, también le encanta criticar
a los “políticos”, presentándose como parte del pueblo, indignada por
la corrupción, etc., a pesar de que es la otra cara de la corrupción:
para que un “político” se venda, alguien tiene que comprarlo.
Así tenemos una doble hipocresía inherente a nuestra
democracia patronal: los políticos patronales desprecian al pueblo, pero
tienen que presentarse como amigos y servidores del pueblo (lo cual a
veces implica conflictos reales con los patronos que representan) y los
patronos a veces se distancian de los políticos corruptos que no dejan
de estar a su servicio. La publicación del chat alteró el funcionamiento
de esta máquina. Dejó al descubierto la primera hipocresía: el
desprecio de los políticos por el pueblo quedó expuesto, resumido en la
frase “cogemos de pendejos hasta a los nuestros”.
Pero el chat fue el detonante, no la causa del verano de
2019. Una “crisis orgánica” no se fragua en tres días: se preparó
durante poco más de una década. Desde 2006 nuestra economía se hunde en
una crisis cada vez más grave. Se han perdido 250 mil empleos. Cientos
de miles han tenido que emigrar. La juventud no encuentra futuro en su
país. Ante esta depresión, el gobierno primero se endeudó, imponiendo
nuevos sacrificios (el IVU en 2006). Cuando la deuda se convirtió en
parte de la crisis, impuso medidas de austeridad para
tratar de pagarla: la ley 7, la ley 66, los recortes de presupuesto, los
ataques a las pensiones, el cierre de escuelas, el aumento del IVU.
Mientras tanto, continuaba la corrupción, destapada por algún escándalo,
como el de Anaudi Hernández. El desprestigio de los partidos
tradicionales ya se reflejó en 2016 con la victoria de Rosselló con 42%
de los votos. Entonces llegó la Junta a imponer medidas de austeridad
cada vez más severas. Sobre esta realidad se descargó el golpe de María:
más de 4,000 mil muertos, $90 mil millones en pérdidas. La respuesta
de los gobiernos coloniales e imperiales fueron ineptas y corruptas
(recordemos a Trump tirando papel toalla y el contrato de Whitefish). La
frustración con todo esto estalló en julio 2019.
La crisis será larga precisamente porque nuestra clase
gobernante no tiene proyecto. Les encanta culpar al gobierno, pero no
han articulado un plan coherente para sacarnos de la depresión. Como
candidato a la gobernación propuse a sus organizaciones recuperar
ganancias que hoy se fugan para reinvertirlas aquí: eran los primeros en
rechazar estas medidas, que les beneficiarían. Prefieren perjudicarse
antes que tocar los privilegios del capital externo. Son una burguesía
dependiente, sin visión de país ni de futuro.
Pero seguirán gobernando hasta que construyamos nuestra alternativa. Su objetivo ahora
es la normalización. Se usarán varias estrategias: la crisis se
atribuirá a los desmanes de Rosselló. Resuelto eso, debe regresarse a la
normalidad. Pensaban que Pierluisi era el hombre para lograrlo. Por dos
días GFR Media lo vendió como el hombre de la estabilidad. Pero la
crisis era demasiado grave. Repudiada la maniobra por el Tribunal
Supremo, se desligan de Pierluisi y lo atribuyen todo a sus errores.
Ahora vendrá una maniobra más insidiosa: se nos preguntará ¿de qué
sirvió la lucha, la movilización, la protesta si, al fin y al cabo, todo
quedó igual? Es decir, se tratará de convertir los límites de la
victoria en argumento contra la lucha. No podemos permitirlo. Mientras
los de arriba intentan recomponer su dominio, tenemos que construir
nuestra alternativa. La perspectiva no puede ser hacerle una nueva
constitución al régimen colonial, sino desatar la descolonización
acompañada de la lucha contra la Junta y el bipartidismo. Eso implica
seguir en la calle y también prepararse para las urnas: sacamos a Rosselló en 2019, terminemos de limpiar la casa en 2020.
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