Guatemala
La toma de las
instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
iniciada el 28 de junio constituye una medida de hecho del movimiento
estudiantil universitario, cuyas representaciones intentaron por
distintas vías que las autoridades dieran marcha atrás a sus medidas
atentatorias del carácter y misión de la única Universidad pública del
país.
La gota que derramó el vaso fue la concesión del Museo de la
USAC (MUSAC) para que sesionara el pleno del Congreso de la República,
el cual se ha caracterizado por realizar una agenda conservadora y
regresiva en materia de derechos, completamente proclive al sector
empresarial, así como a violadores de derechos humanos y otros grupos de
poder que persiguen mantenerse en la impunidad por sus ilegalidades y
crímenes. La resistencia estudiantil emergió, así mismo, por la
posibilidad que en dicha reunión el Congreso aprobara el convenio
migratorio que Estados Unidos ha impuesto al país. Esta concesión del
MUSAC fue interpretada como un acto que atentaba contra la dignidad de
la USAC y su ocupación por el movimiento estudiantil evitó que se
consumara.
Más allá del hecho desencadenante de esta toma de las
instalaciones de la USAC, la agenda de lucha del movimiento estudiantil
universitario venía conformándose con un conjunto de demandas y rechazos
legítimos a las decisiones de la actual rectoría y del Consejo Superior
Universitario (CSU). Entre estas:
- El rechazo al aumento en el cobro de los cursos del Programa Académico Preparatorio (PAP) y de los exámenes de orientación vocacional, requisito para ingresar a la USAC. Esta disposición tiene como impacto el hacer más privativo para la mayoría de jóvenes que intentan acceder a la universidad pública, y se suma a disposiciones de administraciones anteriores que han puesto obstáculos para el ejercicio del derecho a la educación superior. Por ello, el movimiento estudiantil planteó la gratuidad en estos cursos y exámenes.
- El rechazo al convenio con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) que orientaba la realización del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) en empresas del sector económicamente poderoso del país, las cuales además son cuestionadas por sus prácticas extractivas, comerciales, políticas, entre otras críticas. Siendo el EPS un ejercicio previo a la graduación universitaria, con ese esquema pasa a constituirse en una concesión de fuerza de trabajo sin ningún costo a un sector históricamente privilegiado. Este convenio implicaría que los estudiantes desplieguen todo su potencial productivo en empresas cuyo único fin es el lucro. En este caso, la exigencia ha consistido en la suspensión definitiva de este acuerdo y la orientación del EPS prioritariamente hacia los segmentes sociales más necesitados y vulnerables.
- El rechazo a la concesión de instalaciones universitarias para actividades lucrativas. En especial, la cesión del centro deportivo “Los Arcos” a una empresa privada para que lucre con estas. En este sentido, los estudiantes han reivindicado el carácter y orientación pública de los espacios e instalaciones universitarias.
- El cuestionamiento a la inacción de las autoridades universitarias para exigir el traslado del 5% del presupuesto nacional que constitucionalmente le corresponde. En específico, se critica el hecho que el traslado de estos fondos se hace a partir del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado y no sobre el total de ingresos ordinarios y extraordinarios. Esto afecta el desarrollo de la docencia, investigación y extensión universitaria que la USAC, por su misión, debe traducir en ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad académica y científica.
- El rechazo al plan de seguridad del actual rector, el cual es cuestionado por orientarse a la vigilancia y control hacia la comunidad universitaria, antes que a la investigación y erradicación de los grupos que de forma organizada delinquen en la universidad. Además, se rechaza que el órgano de seguridad se encuentre controlado por personajes cuestionados. En este sentido, se plantea la suspensión de dicho plan, que no resuelve la raíz de la problemática de inseguridad que afecta en particular a la comunidad en la ciudad universitaria.
- La impugnación del acuerdo migratorio impuesto por Estados Unidos que confirma a Guatemala como “Tercer país seguro”. Este acuerdo tiene el propósito de contener la migración de hondureños, salvadoreños y de otras nacionalidades. Además del cuestionamiento al carácter de esta política migratoria, el rechazo estudiantil también se explica en la práctica entreguista del gobierno guatemalteco y contra el chantaje como mecanismo utilizado por Estados Unidos para imponer esta política, en especial después que la misma tuvo un revés en la Corte de Constitucionalidad. Así mismo, la falta de posición crítica de la USAC al respecto.
Estas y otras posiciones del movimiento
estudiantil universitario implican un cuestionamiento a políticas y
medidas que hacen parte del proceso de privatización de la USAC, pues
implican avanzar su entrega paulatina a los intereses empresariales,
veda cada vez más el ingreso a la universidad pública y, por
consiguiente, al ejercicio del derecho a la educación superior. Por
agregado, constituyen un rechazo al carácter errático y alejado de los
fines universitarios que ha venido siendo práctica de las anteriores y
actuales autoridades universitarias.
Sin duda, la lucha, demandas
y exigencias del movimiento estudiantil universitario constituyen una
práctica de dignidad ante el entreguismo dominante en los órganos de
dirección de esta entidad pública de estudios superiores, una acción en
defensa del carácter público de nuestra universidad y un potencial para
hacer avanzar, finalmente, la ansiada y necesaria reforma universitaria.
Esta movilización estudiantil significa, además, recuperar el sentido
de responsabilidad histórica que le corresponde en tanto sujeto
universitario fundamental para el desarrollo de esta casa de estudios
superiores.
Como ya se conoce a estas alturas, las medidas de
hecho han logrado retroceder al Consejo Superior Universitario y al
rector en múltiples asuntos. Así las cosas, el movimiento estudiantil
universitario está logrando resultados importantes que deben ser
valorados en su justa dimensión. Sus alcances seguramente serán objeto
de análisis posteriores y, más allá de la agenda inmediata planteada, el
mayor legado que el mismo podría hacer a la USAC y al pueblo
guatemalteco sería desatar un proceso de reforma universitaria vedada
desde los años 80 del siglo pasado, lo cual ha impedido que nuestra
Universidad pública de un salto cualitativo en su carácter científico y
en sus aportes a la solución de los problemas nacionales.
Con
relación al reto mayor de la reforma universitaria, el movimiento
estudiantil universitario requiere sostener el proceso de recuperación y
fortalecimiento de su principal y más representativa institución: la
Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León”,
después de haber logrado desplazar de su control a mafias que se habían
apoderado de ellas desde inicios del siglo XXI. Así mismo, que otros
sujetos universitarios asumamos con compromiso la necesidad histórica de
transformar a la USAC; me refiero a las y los trabajadores docentes,
investigadores, administrativos y de servicios, así como a los
movimientos sociales que están llamados a proponer nuevos derroteros
para la gestación de una universidad verdaderamente científica y pública
en sus procesos de investigación, docencia y extensión.
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