Perú
el diario internacional
Desde que se instaló
usurpadoramente en el poder, Martín Vizcarra ha implementado la
estrategia de vender humo para distraer a la población de los graves
problemas que acosan al país. En diciembre del año pasado, propuso
reformas que supuestamente acabarían con la corrupción en el Poder
Judicial y el Congreso. Un par de meses después, ante el aparente
bloqueo de las reformas por parte del Legislativo, Vizcarra planteó la
cuestión de confianza al Congreso, el que, a su vez, ratificó al
presidente. Los congresistas no querían realmente dar su respaldo al
gobierno, sino, simplemente, no perder sus curules y abultados sueldos.
En julio, el Congreso aprobó las reformas modificándolas sustancialmente
para que no afectaran los intereses de los congresistas y sus redes
mafiosas. En respuesta, Vizcarra propuso, en su mensaje presidencial del
28 de julio, adelantar las elecciones. Con esta propuesta, Vizcarra
pretende mantener su popularidad en la población, pero sobretodo
distraer de la entrega que está haciendo de nuestras tierras y recursos
naturales al gran capital chupasangre.
Siguiendo la pauta
planteada por gobiernos anteriores, especialmente por el de Fujimori,
antes del autogolpe de 1992, Vizcarra pretende hacer creer, con el apoyo
de la prensa lumpen y servil, que, cerrando el Congreso, se
solucionarán los problemas del país. Claro está que el Congreso es un
lodazal en que se juntan personajes hundidos hasta el cuello en la
corrupción. Los congresistas modificaron, por ejemplo, la reforma
propuesta por el Ejecutivo, según la cual un órgano independiente
decidiría sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
Evidentemente, los parlamentarios evitaron esta reforma. De igual
manera, el Congreso cambió la propuesta referida a la financiación de
los partidos para evitar aportes irregulares. Estas reformas fueron
bloqueadas fundamentalmente por las bancadas fujimorista y aprista, en
un contexto en que congresistas de estas bancadas tienen abiertas
investigaciones por diversos delitos, siendo el caso más popular el de
Becerril, de la bancada fujimorista.
Vizcarra ha sido muy audaz
en presentar al Congreso como el causante de todos los males y en usar
el descontento en la población, que no se ve representada por esta
hedionda institución. Vizcarra dice que el clamor popular es que el
Parlamento peruano se cierre y no se equivoca. El problema reside en
que, si se disuelve el Congreso y/o se llaman a nuevas elecciones,
serían elegidos los mismos parlamentarios o parecidos de las mismas
bancadas políticas. El APRA y el fujimorismo son las dos únicas
organizaciones que tienen estructuras partidarias, además de cuantiosos
recursos financieros, y lo más probable es que vuelvan a obtener un
número nada despreciable de curules parlamentarios, aunque menos que los
que tienen en el actual Parlamento. El otro problema radica en que
parlamentarios probos harían quizás del Congreso una institución más
decente, pero no garantizarían que este promulgue leyes que resguarden
los intereses de pueblo, pues ese Congreso seguiría dando leyes que
favorezcan los intereses de las grandes empresas mineras, que sirvan
para pisotear los derechos de los trabajadores y campesinos y para
continuar depredando nuestros recursos naturales.
La corrupción
es un grave problema. Eso no lo negamos, sobretodo la corrupción a gran
nivel,que hace posible que las grandes empresas obtengan las leyes que
les favorecen, que las exceptúan de impuestos, que permiten explotación
minera o petrolera en zonas protegidas, o que recortan aún más los
derechos de los trabajadores. Si no existiese corrupción, las grandes
empresas encontrarían otras formas de obtener sus prebendas. En países
del centro capitalista, como Alemania o Francia, las grandes empresas
obtienen las leyes que les convienen a través de mecanismos “legales”:
mediante la cercanía de los partidos a consorcios empresariales, o con
contratos de los altos funcionarios de los partidos con las empresas,
entre otros. Por ello, tampoco la propuesta de reforma que apunta a un
mayor control de los partidos políticos garantiza que los mismos no se
sigan vendiendo al gran empresariado. En Estados Unidos de Norteamérica,
por ejemplo, los partidos reciben legalmente financiamiento del gran
empresariado, con lo que se asegura que las leyes que se aprueben
beneficien a sus intereses. En Alemania, ocurre lo mismo; es más, el
partido gobernante de la Democracia Cristiana Alemana (CDU) recibió
ingentes donaciones, y el excanciller Helmut Kohl, “Héroe de la
Reunificación Alemana”, se negó a dar el nombre del donante: este era,
de seguro, un grupo empresarial al que su gobierno favoreció.
Vizcarra
ha sido tan astuto, pues ha hecho creer a la población que, con estas
reformas, él y su gobierno luchan contra la corrupción y acabarán con
todas las deficiencias del país. Vizcarra cuenta, de seguro, con buenos
asesores que le han dicho que esta es la manera de mantener tranquila a
la población, y subir en los índices de popularidad. Pero lo cierto es
que estas reformas significarían solo un retoque al sistema de
explotación vigente en el Perú, pues, aunque la corrupción es uno de los
más grandes problemas del país, no es el principal, ya que el mayor
problema del Perú es hallarse gobernado por grupos de poder económico de
la gran burguesía, que se recambian en el poder cada cierto periodo y
coyuntura. Esto se ha hecho más que evidente en los últimos años, sobre
todo desde el primer gobierno de Fujimori en adelante, ya que todos los
gobiernos de turno han mantenido el modelo neoliberal, y, en este marco,
se han mantenido también las desigualdades.
Según estudios
realizados por Oxfam, el 10% más rico de la población tiene una
participación de más del 33% del PBI del país. 4 millones de peruanos
viven en la pobreza, pero 12 millones se encuentran al margen de la
pobreza (1). Con el cuentazo del crecimiento económico, se engaña y
chantajea al pueblo, y se oculta que ese crecimiento favorece a una
pequeña parte de la población: la gran minería da trabajo solamente al
2% de la población económicamente activa (PEA), y es, precisamente, bajo
este sistema neoliberal que se favorece a las grandes empresas
nacionales y extranjeras, sobre todo a la gran minería. Desde los años
1990, se ha lotizado el país y se lo ha entregado a la gran minería e
inversión petrolera. El entreguismo cobra su mayor expresión en el hecho
de que las grandes mineras pagan bajos impuestos: de los más bajos del
continente, en realidad, y, para colmo de males, estas empresas tienen
acumuladas deudas con el Estado que no pagan por años.
Así que
estas ingentes ganancias no recalan en el bienestar del pueblo (algo,
por lo demás, usual en la historia peruana desde la Colonia hasta los
tiempos republicanos, como ahora). Segúnlas estadísticasdel estudio
“Brechas latentes: índice de avance contra la desigualdad en el Perú
2017-2018” que considera, entre sus parámetros, la pobreza extrema y la
miseria, de la organización internacional Oxfam,la pobreza en el Perú
aumentó y la lucha contra la desigualdad se estancó en los dos últimos
años.
Ante estos hechos, queda en evidencia que las reformas
planteadas por Vizcarra no traerán beneficios a la población. Ya lo
escribimos en un artículo anterior con respecto al referéndum, cuando
dijimos que las propuestas del Ejecutivo daban risa, ya que, además de
las arriba mencionadas, Vizcarra propuso otras reformas que no le hacen
ni cosquillas a los poderosos del Perú, que se enriquecen con este
sistema de explotación, y una de las propuestas más publicitadas fue que
los congresistas no podrán ser reelegidos. Pero ¿acaso alguien cree,
realmente, que esto elevará la calidad de los parlamentarios? Los
partidos buscarán otras personas, quizás con un prontuario mayor que el
de los actuales, para que ocupen las curules parlamentarias, por lo
quepensar que esto contribuirá a acabar con la corrupción puede ser
ingenuidad, o cinismo.
Otra de las más sonadas propuestas es que
no podrán candidatear al Congreso quienes hayan sido condenados por más
de 4 años por acto doloso. No obstante, bien sabemos que el Parlamento
peruano está lleno de delincuentes de cuello y corbata, y con mucha
influencia en el Poder Judicial. Por ello, pueden delinquir de manera
impune, como sucede hasta la actualidad. Esta medida puede servir, en
cambio, para excluir a activistas sociales que han sido condenados por
dirigir una huelga, por bloquear una carretera, o que han sido
inculpados de pertenecer a una organización guerrillera.
Asimismo,
la propuesta de que los partidos políticos realicen elecciones internas
para elegir a sus candidatos no garantiza en lo absoluto que los
candidatos elegidos no sean corruptos, pues bien sabemos que los
políticos tienen su clientelaje en el interior de sus partidos, que los
mantienen a punta de puestitos, prebendas y sacos de comida, según la
necesidad de los miembros de su partido que los apoyan. Vizcarra ha
pretendido distraer a la población acerca de los agudos males que
afectan el país. Por ejemplo, se pretendió imponer el proyecto minero
Tía María a sangre y fuego, pero, ante las masivas protestas generadas,
se dio marcha atrás y se declaró la suspensión del proyecto minero. De
igual manera, Vizcarra ha pretendido colar por la puerta falsa, con la
represión correspondiente, la construcción del aeropuerto de Chincheros,
que incluso pone en peligro las ruinas de Machu Picchu, con lo que se
da cuenta de que el Ejecutivo, con Vizcarra, toma una y mil medidas para
favorecer al gran capital, como lo hizo en diciembre del año pasado al
exonerar a las mineras de impuestos.
Por otro lado, el hecho de
que aparezca un audio revelado hace unos días en que se escucha a
Vizcarra sugerir que “van a revertir” el proyecto Tía María no significa
un vuelco hacia la izquierda en la posición de Vizcarra, como lo
señalan los fujiapristas, sino que lo único que está haciendo es
recular, porque la situación se le va de las manos yporque la protesta
popular en el sur lo puede debilitar aún más. Lo mismo hizo Alejandro
Toledo en 2002, cuando, ante masivas protestas, dio marcha atrás en la
privatización de las empresas eléctrica EGASA y EGESUR. Pero estas
maniobras no hicieron ni hacen a Toledo ni a Vizcarra izquierdistas ni
mucho menos, sinoque muestran que solo dieron y que está dando marcha
atrás ante situación que se torna insostenible, pero garantizando, no
obstante,la continuidad del modelo neoliberal que propugnan.
Vizcarra
podría rechazar las reformas modificadas por el Ejecutivo y cerrar el
Congreso. La ley lo permite, el Tribunal Constitucional lo permite, pero
no lo hace y, como siempre, sale con su frasquito de cebo de culebra y
propone adelantar las elecciones. De esta manera, Vizcarra promete,
indirectamente, que el Congreso cambiará y, a la vez, renuncia a sus
supuestas reformas que transformarían el sistema político peruano, ya
que da la oportunidad a los congresistas a que regresen remozados,
legitimados por nuevas elecciones, lo que demuestra que Vizcarra
capitula ante el fujiaprismo.
Con todo lo expuesto,se demuestra
que las pomposas reformas, publicitadas por todo lo alto por el régimen
del actual presidente peruano, no representan ninguna solución real ni
efectiva en relación con las necesidades e intereses de los sectores
populares, porque las grandes empresas y la gran burguesía siempre
encuentran su camino (su otro sendero) para recibir favores de los
gobiernos de turno. Por ello, una vez más, no queda sino alentar a la
organización de los trabajadoresdesde el campo, para hallar y recorrer
juntos un camino autónomo e independiente, y a que no se dejen embaucar
ni comprar por las promesas retóricas de quienes han demostrado, de un
sinfín de modos, políticas y experiencias, a quiénes sirven en la
práctica. Además, se requiere que las masas generen en sus luchas un
Partido Comunista que sea capaz de erigirse como vanguardia de las
luchas populares y servir a su triunfo.
Nota:
(1)
Oxfam (2019) Riqueza y desigualdad en el Perú. Visión panorámica; (2019)
Brechas latentes. Índice de avance contra la desigualdad en el Perú
2017-2018
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