La Jornada
En el primer día de diciembre
autoridades canadienses arrestaron en la ciudad de Vancouver a Meng
Wanzhou, directora de Finanzas y vicepresidenta de Huawei, gigante chino
de las telecomunicaciones. La detención se efectuó a pedido de
Washington, que acusa a la compañía asiática de haber mantenido
relaciones comerciales con Irán, con lo que se violan las sanciones
impuestas de manera unilateral por Estados Unidos para asfixiar la
economía de la nación petrolera.
La privación de la libertad ejecutada por el gobierno de Canadá
constituye un atropello inaudito al derecho internacional, en el cual
Washington ya no sólo emplea su control sobre el sistema financiero
global para sancionar y aplastar a sus competidores, sino que además se
sirve de un tercer país para realizar detenciones arbitrarias.
Tal
agravio puede leerse en dos sentidos: en primer lugar, representa un
nuevo episodio en el cual Estados Unidos pretexta su defensa de la
democracia o de la seguridad global –en este caso, debe recordarse que
el bloqueo económico contra Irán fue impuesto por la presunta
consternación ante el desarrollo de las capacidades nucleares de Irán,
pese a que nunca existió prueba alguna de que éstas tuvieran fines
distintos a la generación de energía– a fin de mantener su hegemonía
sobre los intercambios comerciales y financieros, así como su hasta hace
unos años indisputada primacía tecnológica.
En segundo término, y de consecuencias acaso más graves, se trata de
una provocación orquestada por el mandatario estadunidense, Donald
Trump, quien busca intensificar la guerra comercial iniciada contra
China a principios de año, hasta convertirla en una confrontación
política a gran escala. De esta manera, el magnate apuesta por satanizar
a la potencia asiática y presentarla ante la opinión pública de su país
como el gran enemigo externo que le permita distraer la atención de los
problemas internos y obligar a sus rivales políticos a plegarse a sus
exigencias más disparatadas en nombre de la manida
seguridad nacional.
Por otra parte, la tropelía cometida contra Meng Wanzhou evidencia la
abyección de los gobernantes de Canadá, quienes con este acto redujeron
al país a la condición de Estado vasallo de su poderoso vecino. No se
trata del único caso actual en el que la justicia de una nación otrora
orgullosa de su soberanía fue envilecida por los requerimientos de
Washington: aunque azuzado por diferentes motivos, pertenece a esta
misma clase el intento de Gran Bretaña por detener a Julian Assange con
la finalidad de entregarlo a las autoridades estadunidenses, persecución
que ha obligado al informador a permanecer recluido en la embajada
ecuatoriana en Londres desde el 12 de junio de 2012.
Para el conjunto de la comunidad internacional, el arresto de la
importante ejecutiva china en aplicación extraterritorial de las leyes
de Estados Unidos supone una palmaria advertencia acerca de la
disposición de la Casa Blanca para llegar tan lejos como le sea
permitido en el abuso de su poder, y debería suscitar la más enérgica
protesta en rechazo de un precedente inadmisible que amenaza a los
ciudadanos de cualquier nacionalidad.
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