Práctica ordinaria, derivada de un acuerdo dentro del Plan Mérida: INM
El uso de plataformas para información biométrica es un insumo básico, afirma el instituto
Senadores exigen esclarecer este procedimiento
Washington planea aplicarlo en otros países
Integrantes del Viacrucis Migrante realizaron un mitin frente a la embajada de Estados Unidos y luego fueron a la Basílica de Guadalupe
México mantiene un acuerdo con Estados Unidos derivado del Plan Mérida que ha permitido fichar en centros de detención nacionales a más de 30 mil migrantes centroamericanos en los 13 meses recientes, admitieron autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).
El organismo federal insistió en que es una práctica ordinaria, en marcha desde hace mucho tiempo, en el contexto de los esquemas de cooperación bilateral en materia de seguridad, ya que la entrega de datos biométricos a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se diseñó en 2012, en el contexto del citado plan, suscrito en junio de 2008 con el gobierno de George Bush.
Luego de que el diario The Washington Post dio a conocer, citando fuentes anónimas de la administración de Donald Trump, que en los pasados 13 meses la DHS recabó huellas dactilares, iris oculares, tatuajes y cicatrices de 30 mil personas detenidas en centros migratorios mexicanos en Tapachula, Chiapas, y en Iztapalapa, Ciudad de México, senadores y dirigentes partidistas demandaron esclarecer este proceso.
El Senado debe exigir información a la cancillería y a la Secretaría de Gobernación (SG) sobre lo publicado por The Washington Post, ya que viene a corroborar que el gobierno mexicano le hace el trabajo sucioal de Estados Unidos, al prácticamente fichar a los migrantes centroamericanos que cruzan por territorio nacional, advirtieron la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Layda Sansores, y el vicecoordinador de PT-Morena, Zoé Robledo.
En tanto, el secretario general del PRD, Ángel Ávila, demandó al Senado que llame a comparecer a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como al titular del INM, para saber si efectivamente se está aplicando un protocolo secreto que implica violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Monitoreo a indocumentados
Diversos diarios de Estados Unidos retomaron la nota del Post en la que se reveló que agentes del DHS tuvieron acceso sin precedente a los centros de detención migratoria en México, e incluso, se estaría pensando en ampliar el programa a Tijuana y Mexicali, en Baja California, y a Reynosa, Tamaulipas, a fin de “monitorear a todo migrante bajo custodia en México”.
El periódico señala que el programa ha sido mantenido en secreto por el gobierno mexicano para evitar críticas de quienes desconfían de los sistemas de vigilancia de Estados Unidos.
Al respecto, el INM respondió, en una tarjeta informativa, que el uso de las plataformas de datos biométricos (en las que se incluyen imágenes de huellas dactilares, del iris y rostro, entre otros) es un insumo básico, necesario en la gestión migratoria de México y en diversos países del mundo. Aseguró que en este proceso se garantiza la protección de datos personales.
Agregó que como organismo coadyuvante en materia de seguridad pública y nacional tiene la atribución de realizar consultas con otras naciones, situación que se da con autoridades de países en Norteamérica, Centroamérica, América del Sur y Europa, siempre con respeto a la legislación nacional.
Con el Plan Mérida, financiado por el gobierno estadunidense, se inició un programa de cooperación e intercambio de información que permite a las autoridades de Estados Unidos conocer sobre la presencia de criminales y posibles terroristas entre los migrantes bajo custodia en México, acuerdo que no afecta a ciudadanos mexicanos, indicó The Washington Post.
Los datos recabados, de acuerdo con el diario, son compartidos con el DHS y otras agencias policiales en Washington, por lo que las autoridades de ese país ven el programa de rastreo de migrantes como un modelo que puede instrumentarse en otros países de la región, e incluso estarían negociando con naciones de Centroamérica.
Se les trata como criminales
En entrevistas por separado, los senadores coincidieron en que es grave que además de la violación a los derechos humanos que padecen salvadoreños, hondureños y ciudadanos de otras naciones de América Central que cruzan por territorio nacional con la intención de llegar a Estados Unidos, ahora se les trate como criminales en potencia.
Representante del Senado ante el Parlamento Centroamericano, el senador Robledo resaltó que de por sí las estaciones migratorias que operan en México son verdaderas cárceles, en las que se les mantiene como virtuales presos antes de deportalos, con el agravante de que, según lo publicado por el diario estadunidense, agentes estadunidenses les toman registros biométricos y toda información que sirva al gobierno de Trump para detectar a terroristas y otros criminales.
A su vez, la senadora Sansores advirtió que no extraña lo publicado por The Washington Post, ya que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha permitido que agentes estadunidenses operen en el país y vulneren los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y los traten como si fueran criminales a los que hay que fichar.
En tanto, fuentes consultadas de la SG y del INM consideraron que el periódico dio relevancia a un hecho ordinario, a partir de la información filtrada en Estados Unidos.
El intercambio de información, agregó un funcionario, se ha dado desde siempre. Por ejemplo, para operar el programa de Viajero Confiable (una revisión de expedientes de quienes cruzan de manera frecuente la frontera común) ha sido aplicado desde el inicio de la presente administración, con el debido resguardo de datos personales.
Reportes de la SG indican que en 2017 fueron presentados ante el INM 95 mil 497 extranjeros, de los cuales 81 mil 999 procedían de Centroamérica. En el primer bimestre de 2018, hubo 20 mil 943 migrantes presentados, la mayoría centroamericanos.\
Foto Víctor Camacho
Fabiola Martínez, Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Jaime Hernández
Periódico La Jornada
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