Aunque voy a votar por
Petro, nunca he dejado ser crítico. He sido un hombre políticamente
independiente, pero con un criterio histórico en el que me apoyo para
tener una aproximación frente a ciertos aspectos de la historia nacional
colombiana, y que Petro ha abordado. Me preocupa mucho el tratamiento
que le dio al ELN y a las disidencias de las FARC al responder una
pregunta en uno de los debates realizados recientemente.
Petro
incurrió en una imprecisión histórica respecto del fundador del ELN: no
fue el padre Camilo Torres Restrepo; fueron los hermanos Castaño junto
con otros en 1964. Es un año después que se incorpora el padre Camilo en
compañía de otros curas, Domingo Laín y Manuel Pérez. Pero lo que más
me alarmó es la amenaza que le hace al ELN: les exige negociar, y que si
no lo hacen los tratará como a cualquier banda criminal; lo mismo les
dijo a las disidencias de las FARC. Quiero manifestar mi inquietud al
respecto, afirmando que el hecho de que el ELN no negocie con el Estado
no implica que sea un grupo narcotraficante. Me parece un atrevimiento
con la historia de ese movimiento guerrillero que por más de cincuenta
años ha enfrentado al Estado corrupto y violento de esta oligarquía. Sus
actos difieren, por principios y naturaleza, con las mal llamadas
bandas criminales que no son más que para-narcos, asesinos de líderes
populares y sociales, y acaparadores de las tierras de los millones de
desplazados del campo. No he oído decir que a Gabino se le acuse de
narcotraficante. Y dejo constancia de que no tengo ninguna relación, ni
la he tenido, con dicha agrupación guerrillera; simplemente me parecen
ligeras las afirmaciones de Petro en el sentido de que de llegar a la
presidencia las tratará y combatirá como a cualquier de las bandas que
secundan las decisiones de la oligarquía colombiana
Y sigo con mi
reclamo histórico, incluyendo a las dos guerrillas. ¿Se ha implementado
el proceso de paz en el llamado postconflicto? ¿Ha respetado el Estado
el Acuerdo firmado en La Habana? ¿Se ha respetado la vida de los
desmovilizados de la exguerrilla de las FARC y de los líderes populares y
sociales? ¿Se han liberado de las cárceles a los presos políticos de la
antigua FARC, luego de un año de promulgarse la ley que así lo ordena?
¿Han sido la Fiscalía y las Cortes respetuosas del texto firmado? ¿Está
intacto éste, y nadie lo ha alterado? ¿La Corte Constitucional, el
Fiscal, el Senado, la Cámara, el mismo Santos, acataron la decisión del
Estado de firmar la paz con las FARC cumpliendo todo el contenido del
texto final firmado por el estado? ¿La JEP no fue cercenada en su
contenido cuando le arrebataron la potestad de juzgar a los
financiadores de la guerra para que sigan en la impunidad que siempre
los ha cobijado? ¿Podemos creer en una justicia que ampara a los
corruptos, a los asesinos y hace parte de las bandas que cubre el
paramilitarismo desde las Cortes? ¿No se perdió ya la plata donada por
varios países para el postconflicto?
Y ahora viene la acusación
de narcotraficante a un negociador y firmante del proceso de paz con el
gobierno de Santos. Se le acusa de llevar diez toneladas a los EEUU. No
dejo de sentirme indignado con esta tramoya que bombardea el proceso de
paz. En principio, es un pedido gringo secundado por el Fiscal y por el
mismo Santos. Viejo argumento de la sempiterna doble moral del Imperio,
verdadero dueño del negocio del narcotráfico, y no solo de la cocaína
en Colombia sino del opio de Afganistán.
Varias preguntas me he
formulado durante el tiempo que llevo estudiando el fatídico problema
del narcotráfico en Colombia en su íntima relación con los gringos y la
clase dominante nacional. Son preguntas válidas, pero que hasta ahora
nadie, de entre quienes deberían contestarlas, las ha hecho. ¿Cómo así
que en menos de treinta años nuestro país se convirtió en el primer
cultivador y productor de matas de hojas de coca y de cocaína del mundo?
¿Nadie se dio cuenta en un país que en los años setentas ocupaba un
lugar secundario en el cultivo de la hoja de coca, que por tradición
ancestral era dominante en Bolivia, Perú y Ecuador? La población
originaria indígena es mayoría en Bolivia, en menos proporción en el
Perú y Ecuador. Entre los cuatro países, Colombia tenía y tiene la menor
presencia nativa. ¿Y, por qué somos entonces hoy los primeros
productores de la planta ancestral? ¿Por qué Colombia entera no se
enteró de que un producto agrícola con presencia mínima en la poca
población indígena nuestra se convertía en uno de los más extensos de la
agricultura colombiana, desplazando al mismo cultivo del café? Pero
nadie se dio cuenta; es un cultivo fantasma, un “milagro” económico que
penetró todos los ámbitos de la vida nacional, pero para mal, para peor.
Y aquí hilo delgadito. El origen es del Imperio, y nuestros cipayos son
los segundones del negocio. La historiadora colombiana vinculada a una
universidad norteamericana Lina Britto afirma que esa cercanía política
con EEUU es casi indisoluble en las acciones que tienen que ver con la
economía, es decir con la dependencia, y eso incluye el mercado de la
droga, en nuestro caso la cocaína. Ellos no dan puntada sin dedal; por
algo someten al mundo.
En Colombia tenemos el antecedente de la
época de la marimba, en la costa Caribe. La pérdida de la guerra en
Vietnam hizo desaparecer el consumo de la bareta entre los muchachos
gringos de la guerra; había, pues, que buscar una alternativa para que
los nuevos excombatientes siguieran consumiéndola. Fueron los nenes de
los Cuerpos de Paz -producto de la Alianza Para el Progreso, campaña
promovida por Kennedy y acatada por el más cipayo de nuestros
presidentes, Alberto Lleras Camargo, para evitar una nueva Cuba en las
colonias de América Latina- quienes estudiaron (siguiendo la línea de la
dependencia), en el territorio colombiano, el mejor lugar para cultivar
marihuana, y escogieron la Costa Atlántica. Toda esa producción iba
directamente a los Estados Unidos, pero, como siempre, ellos se quedan
con el negocio. Vieron que era necesario acabar con la competencia
nativa, y, obediente, el gobierno nuestro aceptó la figura de la
extradición. Rápidamente desapareció la producción nacional, la cual
pasó a las terrazas y casas de las ciudades norteamericanas. Hoy en día
es legal su cultivo y producción en Estados como California y en otros
catorce más. Es decir, nos quitaron el mercado mientras que la hipócrita
sociedad colombiana la tiene prohibida, y, como si fuera poco, el
segundón del 82 quiere acabar con la dosis personal.
Lo mismo
sucedió con el cultivo y producción de la cocaína en Colombia. Y vemos
el mismo modelo aplicado en el caso de la marihuana, pero con salida y
soluciones más radicales. Los carteles de la droga de Medellín y de
Cali, Rodríguez Gacha, los Ochoa Vásquez, Carlos Ledher, Miguel y
Gilberto Rodríguez, Pacho Herrera y otros más fueron barridos del
mercado, utilizando para ello la muerte, la extradición y la cárcel. Así
se terminó la competencia nativa y las ganancias se trasladaron a un
imperio que “prohíbe” su consumo pero que tiene más de treinta millones
de consumidores, y sus bancos son los principales lavadores del
producido financiero de la droga. Otras bellezas del “pacto”
(imposición) de la extradición es que esta funciona de aquí para allá
pero no de allá para acá, pues ningún ciudadano gringo puede ser juzgado
en Colombia (¿?).
Petro: Aunque sigo pensando en votar por
usted, cumplo como ciudadano en criticar ciertas posiciones suyas, en
este caso en relación con el ELN y las disidencias de las Farc, y
respecto de su última perla, la de extraditar a Jesús Santrich si es
“culpable”. No lo diferencia nada de cualquier otro cipayo pro
imperialista y obediente de sus designios. Pensaba no publicar este
texto, pero sus últimas declaraciones me convencieron de hacerlo. No
estoy de acuerdo con esas afirmaciones que usted ha venido haciendo solo
para ganar adeptos de la derecha. Tampoco me parece lo relativo a
Venezuela, dice el candidato, que es igual la política de Maduro a la de
Uribe y Santos, es otra falacia que omite otra vez la historia. Pero
este tema será motivo de otro artículo.
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