El golpe contra las instituciones democráticas de América Latina y la ausencia de la regulación de Medios como factor
El docente de
Historia, primer diputado negro de Uruguay, y exviceministro de
Industria, Energía y Minería, cartera que incluye nada más y nada menos
que dos importantes pilares para entender cualquier contexto geopolítico
latinoamericano como Comunicación y Petróleo, Edgardo Ortuño, quien
trabajó codo a codo con el expresidente Mujica, expone su perspectiva
sobre la grave situación que atraviesa hoy Brasil.
- ¿Cuál es tu perspectiva sobre la situación actual de Brasil?
-De gran preocupación, porque Brasil vive un deterioro de sus
instituciones democráticas, desde el proceso de destitución de la
presidenta Dilma Rousseff, culminando con la prisión del expresidente
Lula, el candidato con mayor adhesión ciudadana al día de hoy.
Hay que aclarar que independientemente de la orientación, sea de derecha
o de izquierda, lo que pasa en Brasil es muy preocupante desde una
perspectiva de defensa de la democracia.
Los latinoamericanos
no deberíamos olvidar la importancia de Brasil en la vigilancia del
funcionamiento democrático en toda la región. El inicio del período de
deterioro y posterior quiebre institucional democrático en América
Latina comenzó en Brasil en 1964. Por eso, estamos todos los demócratas
de América Latina muy preocupados con lo que está sucediendo en Brasil.
-¿Por qué usted considera lo que Brasil vive como un deterioro de las instituciones democráticas?
- En Brasil, el poder judicial aparece influyendo y determinando
procesos políticos importantes, y el Poder Ejecutivo sufre fuerte
presión de las cadenas de comunicación más importantes en el país, de
las fuerzas conservadoras y ahora también la presión militar. Los
militares en Brasil se pronuncian políticamente, con amenazas, generando
un contexto de presión indebido, como por ejemplo cuando asistimos a
pronunciamientos de generales con mando de tropa previo al dictamen del
Supremo Tribunal Federal en el caso del expresidente Lula.
-¿Para usted la ausencia de una Ley de Medios en Brasil fue parte relevante para esa articulación?
- La ausencia de regulación en Brasil ha permitido una actuación
decisiva de las grandes cadenas y de los grandes medios en el proceso
político, que ha dejado a los ciudadanos rehenes de su perspectiva, en
gran medida al no brindarles toda la información en su diversidade,
buscando reforzar una única narrativa del momento, con noticias
sesgadas, sin pluralismo ni opiniones divergentes.
Implementar
la normativa de medios no ha sido fácil en toda la región
latinoamericana. Si bien ha ingresado en la agenda de todos los
gobiernos progresistas en la última década, ha tenido muchas
resistencias y niveles dispares de aplicación en toda la región.
Uruguay, Argentina y Brasil asumieron la meta de construir una
normativa para garantizar la libertad de pluralidad en los servicios de
comunicación audiovisual, pero con contenidos y resultados dispares. En
Argentina, con una aprobación y luego, con el gobierno de Macri hubo una
desarticulación de los principales aspectos que contenía la “ley de
medios”. En Brasil se dio la frustración del proceso, que nunca llegó a
concretarse.
En Uruguay la Ley de Medios ha sido precedida de
un proceso de consulta social a todos los involucrados, largo y
profundo, incluyendo a los propios dueños de los medios de comunicación,
periodistas, organizaciones de la sociedad civil y todos los partidos
políticos, sin excepción, porque atravesó por una etapa de debate
parlamentario larga y profunda, en un parlamento como el uruguayo, donde
están representados todos los partidos políticos. Tuvo también una
larga consideración del Poder Judicial que ratificó su
constitucionalidad, por lo que está en optimas condiciones para su
aplicación plena, lo que aún no se ha producido.
-Usted promovió esta lucha, ¿verdad?
- Fui un promotor decidido de la ley, entre otros, porque creo que la
regulación democrática de los medios que garanticen tanto la libertad
editorial, de opinión, de los medios, libres de la presión del gobierno
de turno, como la garantía del acceso de los ciudadanos a informaciones
plurales, diversas, son cuestiones absolutamente claves en una
democracia.
La agenda de regulación y modernización de las
telecomunicaciones y de los medios de comunicación masiva es aún una
agenda pendiente en América Latina y en el caso de Argentina y Brasil,
con los nuevos gobiernos, vimos un retroceso o mismo el aborto de esa
reglamentación.
-¿Usted cree que Lula es víctima de una guerra jurídica?
- En Brasil se da un proceso donde se verifican actores judiciales que
más parecen inquisidores que jueces imparciales, y al mismo tiempo
campañas sistemáticas y tendenciosas de los medios masivos, por lo
tanto, estamos sí frente a un caso de guerra jurídica o abuso de la ley
con objetivos políticos y prejuzgamiento mediático. Tal vez sea el caso
de Lula el más dramático.
Los medios no difunden ni de cerca
con la misma intensidad y profundidad los argumentos o contraargumentos
de la defensa de Lula. Ahí es donde uno verifica la toma de partido de
los medios de comunicación alineados con un poder judicial que también
toma partido y asume posiciones políticas, e incluso pronunciamientos
políticos.
En Brasil se nota claramente un desmedido
protagonismo de los poderes judiciales por sobre la propia voluntad de
la ciudadanía y de la Constitución, asociado a un lobby conservador y
campañas mediáticas muy importantes, donde se ve un uso abusivo de la
ley en un proceso de apariencia legal, pero de esencia antidemocrática.
-¿Uruguay tiene como impedir una guerra jurídica?
- La judicialización de la política se está viendo en toda la región.
Lo que es preocupante. La guerra jurídica surge como una estrategia para
deslegitimar y desplazar las fuerzas progresistas cuando no se logra
apoyo ciudadano para ello en las urnas. Es una tentación del bloque
conservador en toda la región.
La Ley de Medios inhibe ese tipo
de acciones tendenciosas de los medios masivos, que por suerte en
Uruguay no se han vivenciado con la intensidad que vemos en Brasil. En
nuestro caso, lo fundamental es que no hay puntos de apoyo en la
realidad para eso.
-¿Ancap no sería el punto de apoyo en la realidad? ¿No ve una correlación entre las investigaciones en Petrobrás y en Ancap?
-No es casualidad en el contexto regional, que se tome a la empresa
petrolera del Estado como objeto de estudio y de investigación. Pero, al
momento no ha habido pruebas de procesos de corrupción que involucren
al Poder Ejecutivo o al gobierno, sino que hay cuestionamientos
puntuales a quienes ejercieron determinados cargos en Ancap en
determinado período.
Ahora, se nota claramente que la derecha
uruguaya está desesperada por asociar la situación en Uruguay con la
política interna de Brasil y de Argentina, porque no hay un proyecto de
la oposición alternativo o que sea confesable.
Porque el
proyecto político y económico de la derecha en la región es un proyecto
inconfesable. De ser confeso jamás tendrá el respaldo ciudadano: rebaja
de salario, rebaja de derechos, desregulación laboral, disminución de
garantías previsionales para la jubilación, distribución regresiva de la
riqueza, radical reducción de la inversión en políticas sociales, en
fin, un programa inconfesable e irrespaldable, ¿y quién votaría en eso?
De ahí el atajo por el enchastre, la judicialización, para intentar
aislar a las fuerzas políticas progresistas que cuentan con respaldo
popular.
-¿Entonces, cual fue el punto de apoyo en la realidad para Dilma y Lula?
-Yo creo que el antecedente del “mensalão” fue dramático para la
legitimidad del Partido de los Trabajadores, los procesos de compra de
votos o de corrupción y juicios de referentes políticos históricos del
PT, acusados de sobornos y de enriquecimiento personal ilícito,
contribuyeron a la desestimación y claramente a la reducción del apoyo
popular al partido gobernante, generando condiciones subjetivas para el
avance de esta ofensiva judicial conservadora, agravado por un
debilitamiento del apoyo ciudadano, ambientando un clima de agresión y
finalmente de desplazamiento de Dilma del poder y ahora la prisión de
Lula.
-Cuando dijeron “tirar esa basura al mar” al
transportar Lula en un avión de la FAB para Curitiba, se nota una plena
alusión al Plan Condor. ¿Usted cree que hay peligro que se repita lo de
64?
-Por el protagonismo totalmente inadmisible que han
tomado figuras representativas del Ejército, del poder militar, yo creo
que hay un peligro objetivo de quiebre de la institucionalidad
democrática de Brasil, con el respaldo del poder económico más
tradicional y conservador de Brasil, contrario al desarrollo productivo y
a la forma como el PT manejaba la redistribución de la renta y la
economía, por ejemplo, con un salario mínimo por arriba de la inflación.
Por todo eso es que voten a la derecha o a la izquierda, los
demócratas de la región debemos estar preocupados y ser solidarios con
el mantenimiento de la democracia en Brasil, que claramente está
amenazada.
-Tuvo bajo su Ministerio tanto el petróleo como
la comunicación, dos grandes poderes hoy. Teniendo este poder en las
manos, ¿qué críticas tiene usted a hacer a la izquierda hoy?
- Lo que debemos asumir con autocrítica es que no hemos desarrollado en
todo su potencial una estrategia de desarrollo productivo integrado.
El proyecto de la derecha es un proyecto radicalmente individualista,
que no cree en la igualdad y, por lo tanto, no genera oportunidades de
desarrollo para todos y todas. Pero tampoco genera un desarrollo
soberano, independiente, porque no cree en ello.
No podemos
olvidarnos que Brasil desplegó una estrategia geopolítica alternativa,
rompiendo el esquema unipolar. Eso generó enorme oposición desde los
centros de poder, porque el gobierno progresista del PT logró
articulaciones económicas y de poder alternativas, como el caso del
BRICS, del Mercosur y UNASUR, en una estrategia alineada con los países
más emergentes y también con los países más carenciados. Lula tenía una
apuesta claramente geopolítica alternativa a las lógicas de dominio
unipolar occidental.
-¿Por eso importa tanto el destino y la orientación política de Brasil?
- Claro, porque perder el protagonismo de Brasil en el escenario
mundial y regional, lo sufre toda América Latina. De no retornar Brasil a
estos niveles de protagonismo, volveremos a la no existencia de
incidencia de América Latina en el concierto del mundo.
Aumentará la pobreza, aumentarán los niveles de dependencia económica y
se retrocederá en el respeto de los derechos en general, en particular
de los más desfavorecidos.
-¿Estamos ante un ataque conservador a nivel regional?
- Creo que sí, que asistimos a una contrarreforma conservadora, en toda
América. Y esa contrarreforma busca el retorno a lo peor de la cultura
conservadora de nuestras sociedades. Me refiero a que hay una oposición
radical a la redistribución de la riqueza, a la salida de la pobreza de
un porcentaje significativo de la población, pero también a la nueva
sensibilidad cultural que supone “la agenda de derechos” que ha
impulsado la izquierda.
Esa oposición también se nota en
Uruguay. La redistribución de la riqueza irrita principalmente a las
elites de nuestros países. También hay un rechazo ideológico y cultural,
de contenido reaccionario, a las políticas de derechos implementadas
por los gobiernos progresistas, contrarios a los derechos de la mujer, a
las cuotas, a las políticas de equidad racial, a la diversidad de
género. Lo que ahora se expresa en campañas explícitas contra lo que
llaman ideología de género. Asistimos al impulso de una contrarreforma
de las derechas, a una reacción conservadora.
Creo que acierta
Lula en su discurso cuando dice que el problema no es Lula, sino la
continuidad y el avance de esas conquistas.
Lo grave es si
imponen los cambios sin aprobación ciudadana. La soberanía popular de
Brasil no fue respetada, porque se votó un programa de gobierno
propuesto por la Presidenta Dilma y con su destitución se procesó un
cambio radical en las políticas públicas, con la reforma del sistema
previsional, los cambios en la política laboral, en el modelo de
desarrollo, con la intención de favorecer a los intereses económicos
tradicionales, debilitando el desarrollo económico de mediano y largo
plazo de Brasil y de toda América Latina. Un cambio de programa sin
mediar la decisión soberana, que ahora se pretende reiterar impidiendo
la elección de Lula.
-¿Cuál sería entonces el gran desafío de los partidos progresistas hoy?
- El gran y mayor desafío quizá sea la concientización del pueblo de lo
que está en juego y reivindicar el contenido ético de nuestro proyecto.
Hay que concientizar al pueblo sobre el peligro de un retorno a las
políticas más conservadoras y de elite pudiente.
Lograr hacer
despertar a la militancia sobre los proyectos en juego y su papel para
definir el futuro. La concepción de la izquierda es una concepción
humanista, solidaria, que no concibe el desarrollo personal si no es en
una convivencia armónica con los otros.
La única manera de
prevenir los procesos de amenaza a la democracia es con una
participación ciudadana activa y militante en la defensa de la
democracia, no aceptando en hipótesis alguna que se viole la
Constitución y las garantías de los derechos fundamentales. Para eso,
las personas precisan estar bien informadas, y por eso la importancia de
los medios de comunicación.
-¿Lula es o no preso político?
- Mi convicción personal es de una prisión de carácter político.
Porque– sin elementos probatorios –se está privando el pueblo brasileño
de contar con un candidato que posiblemente resultaría electo. Entonces,
es grave, porque se está incidiendo en el futuro electoral y, por lo
tanto, en la orientación política del país. En dos años sacaron a Dilma y
a Lula. No podemos más que calificar de político ese proceso judicial.
Pero, no es un proceso terminado, no está resuelto su final.
No
olvidemos que Lula puede ser precandidato hasta avanzado el mes de
setiembre. Es decir que él puede ser un candidato o factor de triunfo
presidencial en Brasil desde la prisión. Nosotros lo sabemos porque
tenemos como líder histórico fundamental de la creación y del
crecimiento del Frente Amplio a un referente que estuvo más de diez años
preso, como fue el general Líber Seregni, que desde la cárcel fue un
factor fundamental para recuperar la democracia y luego lograr cambiar
la realidad electoral.
La prisión de las personas no es la
prisión de sus ideas. Muchas veces la multiplican. Porque refuerza la
impronta ética que la prisión da a su lucha, que el sacrificio personal
desde la prisión da a su lucha. Y ese contenido ético jamás podrá tener
la derecha, incapaz de estos sacrificios personales en función de
proyectos colectivos.
Luciana Gaffrée. Licenciada en Ciencias de la Comunicación – Facultad de Información y Comunicación FIC – UdelaR.
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