Amílcar Salas Oroño y Javier Calderón Castillo
I. Las protestas
La
repetición de hechos similares en diversos lugares del país, con la
misma modalidad y desenlace, permite una primera aproximación a la
cuestión de los sucesos ocurridos durante esta semana en Nicaragua:
presiones y manifestaciones callejeras que van más allá del inmediato
desencadenante – las reformas al INSS; propuesta de modificación que ya
fue admitida por el Gobierno que, eventualmente, puede ser rediscutida –
y que deben ser observadas con la preocupación propia de un intento
desestabilizador a la democracia nicaragüense, cuestión no secundaria
dado el clima de disputa geopolítica en que se encuentra la región.
En
el transcurso de las horas y días, pudieron observarse: ataques
violentos a la Alcaldía de Estelí, ataque a la Alcaldía de Granada,
saqueos a la sede Departamental del Frente Sandinista de Chinandega,
incendios organizados de locales en Rubenia, León, y otras comunas,
intento de incendio de la biblioteca de Nueva Guinea (con seis personas
en el interior del edificio), saqueos en establecimientos de
Metrocentro, ataques y amenazas a periodistas de diversos medios, sin
dejar de resaltar los encuentros violentos en los alrededores de la
Catedral de Managua, la publicación en redes sociales de un comunicado
falso del Ejército de Nicaragua, y si se considera la multiplicidad de
los focos de fuego y humo instalados durante los días -estratégicos,
desde el punto de vista mediático- pareciera que alguna forma de
organización previa pudiera estar también participando de las
circunstancias.
El inicio de las “protestas” fue activado desde
los sectores estudiantiles, cuestión que no es una novedad – desde el
punto de vista de la comparación regional-: en la Universidad Nacional
Agraria (UNA), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Facultad
Regional Multidisciplinaria (Farem) y la Politécnica de Nicaragua
(UPoli) comenzaron a darse los primeros movimientos. Estudiantes que
adhirieron con rapidez a un relato en sintonía con el discurso de las
oposiciones de derecha en la región, distintos a los reclamos de la
consigna originaria (por el cambio en los montos de cotización
previsional). Empezaron a hablar en los medios de comunicación de
“luchar contra la corrupción”, “por la libertad de prensa”, etc.
Se
trata, también, de hechos vinculados con las nuevas herramientas de
protagonismo “cívico”: la convocatoria inicial se hizo a través de las
redes sociales (bajo el hashtag #SOSINSS), disparador de las
protestas, desde el cual se fueron congregando voluntades en las
Universidades y, desde allí, partir hacia otros destinos de choque.
II. La reforma de las pensiones
Durante
el año 2017, el sistema pensional nicaragüense tuvo un déficit de 80
millones de dólares causado por el desbalance interno entre base de
cotización y pensionistas. Un asunto que obligó al Gobierno a revisar el
conjunto del sistema, negándose a las peticiones del FMI y de los
empresarios a subir la edad de jubilación[1], ni al aumento de las semanas de cotización que se ubican en 750, muy por debajo de las pretensiones de los neoliberales.
La
reforma ha sido sometida a discusión con los gremios de trabajadores,
las cámaras empresarias y otros sectores de la sociedad. El Gobierno
informa que el proyecto presentado es el resultado de esos diálogos y
que puede haber una reformulación del mismo para lograr un consenso que
evite cualquier alteración de la paz, reinstalando de inmediato la
comisión de diálogo para analizar la reforma previsional[2].
Los
ataques contra el proyecto no provienen de sectores de trabajadores,
puesto que el proyecto presentado (y en disputa) no alteraba la edad de
la jubilación ni las 750 semanas de aporte como ya se ha dicho; desde un
punto de vista integral, el aspecto en discusión es la deducción del 5 %
a las pensiones, dirigidos a financiar la atención de ciertas
enfermedades y la maternidad y un aumento en el monto de la cotización
en un 3,5 % para los empleadores (pasa del 19 al 22,5 %) y en un 0,75 %
para los trabajadores (pasa del 6,25 al 7 %).
Es claro, entonces,
que las protestas están siendo promovidas por los más afectados con las
medidas de la nueva ley pensional (los empresarios) muy ligados -o
dueños- de los medios de comunicación, que están favoreciendo el clima
destituyente, alimentando las refriegas callejeras, argumentando que los
jubilados recibirán menos salario y la cotización será más alta. Lo
concreto o lo correcto, en cambio, es que de acuerdo al proyecto de ley
jubilatoria se mantiene el derecho adquirido de un trabajador
nicaragüense, de jubilarse con quince años de trabajo (cotizado al INSS)
y 60 años de edad, contrario a lo exigido por el FMI y los empresarios.
III. Escenarios abiertos de la disputa
El
Gobierno tratará de disminuir la conflictividad llamando a la mesa de
diálogo sobre la ley jubilatoria, ya reinstalada, que tendrá como
interlocutores al FMI y las cámaras empresarias, que, si tienen como
intención principal escalar el conflicto para ir por mucho más que la
modificación de la ley previsional, es probable que no acudan a la
discusión. El pulso es fuerte porque los jubilados, los sindicatos y
otros sectores de la sociedad han manifestado su apoyo a la ley, por
considerar que no está en detrimento de sus derechos. De la actitud de
empresarios y del FMI al acudir o no a la mesa de diálogo, se podrá
deducir el camino que la derecha nicaragüense está decidiendo: si
mantener la paz y la democracia lograda posconflicto, o si decide
orientarse a la desestabilización en procura de recuperar el Gobierno.
La
sofisticación de las acciones violentas, que ya han dejado diez
personas muertas y un número aún no determinado de heridos, realizadas
con un alto grado de coordinación y de impacto en todo el país, permiten
suponer que el propósito de la derecha es instalar un clima que obligue
al gobierno sandinista a volcar sus esfuerzos en impedir un dejavú
social que recuerde los largos períodos de guerra, que amedrenten a la
habitantes y actúe como chantaje electoral a favor de la derecha; o que
le obliguen a retroceder en las medidas de restitución de derechos,
diluyendo la adhesión social al proyecto sandinista.
No se puede
obviar el papel que sigue jugando la tensión geopolítica, por la posible
construcción del canal interoceánico en Nicaragua, financiado y
concesionado por empresarios chinos[3].
Un tema que al preocupar a los Estados Unidos, preocupa a la derecha
nicaragüense, convirtiéndolo en uno de los puntos más álgidos en las
disputas internas, y que puede ser el causante de una mayor ansiedad
para lograr la destitución del sandinismo.
En el escenario también
están en disputa las bases de apoyo al Gobierno, pues las
manifestaciones de la derecha por el tema previsional pueden animar a
otros sectores sociales que pueden aceptar como positivas las medidas
económicas, pero que tienen críticas por asuntos ambientales, de la
gestión de Gobierno y por derechos con perspectiva de género, sexuales y
reproductivas que al aparecer no están en la agenda estatal. El
escenario se puede definir por la capacidad de apertura que tenga el
Gobierno para dialogar con estos sectores sociales, para impedir que en
medio de la confusión se aliente la perspectiva destituyente que se
percibe en las acciones violentas de la semana.
[1] https://www.laprensa.com.ni/2018/02/06/economia/2372725-fmi-dice-que-la-mejor-receta-para-salvar-al-inss-es-elevar-la-edad-de-jubilacion
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