Cristina Fontenele
Adital
A casi 17 años de sufrida una masacre en la
comunidad El Charco, el Estado de Guerrero, México, sigue marcado por la
impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) demanda al Gobierno de México
ofrecer información sobre el caso, en el plazo de tres meses, a partir del 20
de mayo. Organismos nacionales e internacionales siguen
exigiendo medidas concretas para sancionar a los responsables de los crímenes.
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| La masacre realizada por el Ejército Mexicano, provocó la muerte de 10 indígena Na'saavis, del estudiante universitario Ricardo Zavala Tapia y 22 personas detenidas. |
La masacre tuvo
lugar en la mañana del 7 de junio de 1998, cuando tropas del Ejército Mexicano
entraron en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, de la comunidad de El
Charco, ciudad de Ayutla de los Libres. El ataque causó la muerte de 10 indígenas
Na'saavis, del estudiante universitario Ricardo Zavala Tapia y 22 personas
detenidas. Los cargos eran terrorismo, conspiración para la rebelión,
almacenamiento y transporte de armas de uso exclusivo del Ejército.
Para Ericka Zamora
Pardo, sobreviviente de la masacre, el objetivo [de la demanda] es llevar el
caso a una instancia capaz de hacer la justicia. "No aceptaremos una
solución amistosa con el Estado mexicano, porque vemos que no están dispuestos
a cambiar de forma voluntaria, su política sobre derechos humanos. Queremos que
los responsables sean castigados". Ericka fue torturada por los militares
y encarcelada durante cuatro años en una prisión de máxima seguridad de Puente
Grande, Jalisco.
Ericka y familiares
de las víctimas introdujeron el proceso
en julio de 2012. En el momento de la masacre, las tropas del Ejército estaban
bajo el mando de Luis Humberto López Portillo Leal, de la Novena Región
Militar, y Juan Alfredo Oropeza Garnica, de la Zona 27 Militar.
De acuerdo con
María Magdalena López, secretaria ejecutiva de la Red de Solidaridad Década
Contra la Impunidad, el trámite en la CIDH es prolongado, pero se trata de un
"paso significativo", porque en general, la Comisión suele responder
en un plazo de seis o siete años. En este caso, la CIDH respondió en tres años.
Ella explica que el procedimiento continuará hasta que la Comisión pueda
evaluar la admisibilidad del proceso y la responsabilidad del gobierno
mexicano.
La Red Solidaria
Década contra la Impunidad, ha divulgado ampliamente el caso y acompaña a los
sobrevivientes y familiares en la búsqueda de justicia. La organización
denuncia el fracaso del gobierno mexicano en investigar y sancionar a los
responsables. La Red evalúa que la notificación del caso al Gobierno de México,
es un primer paso para obtener la verdad y justicia, y para establecer que
"Nunca el ejército mexicano actúe en contra de la población".
En el manifiesto, la red presenta
una petición dirigida al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, demandando
el reconocimiento de la verdad histórica en la Masacre de El Charco. Firma la petición aquí.
Vea el informe aquí el informe elaborado por la
Red Solidaria Década contra la impunidad, con más informaciones sobre la
Masacre de El Charco, que incluye testimonios de los sobrevivientes.
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