Para
los pueblos indígenas de Guatemala que buscan reivindicar su autonomía
es necesario avanzar en la construcción de un Estado Plurinacional que
respetará la soberanía territorial de cada uno de los pueblos de
Guatemala. Pero, ¿cómo se construye una nueva relación con el Estado un
pueblo indígena que históricamente ha sido pisoteado por ese mismo
Estado?
Lo más fundamental es de comenzar adentro fortaleciendo
las autoridades ancestrales y tradicionales y reconstruyendo las
estructuras de autonomía comunitaria. Construir una nueva relación con
el Estado implica no depender de ese Estado sino tener las estructuras
organizativas propias para vivir soberanamente.
El pueblo
Ixil ha estado metido en este proceso desde hace 15 años, emergiendo
del Conflicto Armado con una determinada audacia de reconstruir el
tejido social arruinado a través cinco siglos de invasiones y el
genocidio cometido por el ejército en la década de los 1980´s. Desde la
firma de los Acuerdos de Paz, el pueblo Ixil ha estado reconstruyendo
las diversas instituciones, organizaciones y colectividades ancestrales
y novedosas que permiten un ejercicio de su autonomía.
A
nivel política, las autoridades ancestrales comunitarias se han
restituidas como los dirigentes de la vida comunitaria orientando al
pueblo en la gobernanza de sus territorios. A nivel municipal, las
Alcaldías Indígenas se han formado como voceros de las comunidades en
la defensa del territorio y en el enfrentamiento con las políticas de
explotación del Estado. A nivel jurídico, estas mismas autoridades
están retomando su rol ancestral de administradores de justicia
comunitaria.
La Universidad Ixil nació hace unos años como un
esfuerzo de reivindicar la epistemología propia del pueblo Ixil. Busca
valorar el conocimiento propio de los ixiles, desmentir la supuesta
superioridad del conocimiento occidental, y renovar la tan importante
transmisión del conocimiento de anciano a joven que asegura la
continuidad de este conocimiento. También se han emprendido impulsos
para revalorar y consolidar la agricultura campesina como estilo de
vida propio y digno.
No es suficiente, sin embargo, confinar
los esfuerzos solamente a la edificación de la autonomía territorial de
los pueblos indígenas. También es necesario exigir cambios dentro del
Estado que muy insólitamente esté dispuesto a los cambios que buscan el
fortalecimiento de un Estado Plurinacional. Por eso, es necesario
buscar aliados dentro de este Estado despótico quienes estén dispuestos
a refundar esa relación. Tampoco hay que caer en la tentación fatalista
de considerar que todos dentro del gobierno están en contra de los
pueblos Indígenas. Al encontrar estos aliados, hay que exigir la
institucionalización del respeto mutuo que sería la base de esta nueva
forma de relacionarse.
En el caso del pueblo Ixil, se ha
encontrado dos aliadas en posiciones de mucha influencia dentro del
Estado Guatemalteco. Estas aliadas son Thelma Aldana, fiscal general de
la nación y Gloria Porras, presidenta de la Corte de
Constitucionalidad. En sus respectivas instituciones, tanta Aldana como
Porras comienzan a afianzar los fundamentos de una nueva forma de
relacionamiento con los pueblos indígenas en Guatemala.
Este
naciente respeto, sin embargo, no es solo simbólico ni coquetería sin
diente. Tanta Aldana como Porras, en los últimos meses, han firmado
instrumentos que crean importantes precedentes legales para la nueva
forma de relacionamiento entre el Estado y los Pueblos indígenas de
Guatemala.
Es importante y alegórico que la apertura a la
construcción de un país pluricultural en este momento ocurre dentro de
las instituciones de justicia de Guatemala. La justicia guatemalteca
históricamente ha sido la herramienta más utilizada en contra de los
pueblos indígenas de Guatemala. La Reforma Liberal de Justo Rufino
Barrios, para nombrar solo un ejemplo, usó la “ley” para expropiar
grandes extensiones de tierra de los pueblos indígenas para favorecer
los grandes terratenientes de café. Hoy, sin embargo, por fin se está
construyendo una nueva legalidad que reconoce los derechos y la
autonomía de los pueblos indígenas.
¿Cómo son estas aperturas
hacia un país pluricultural que están floreciendo dentro de la Corte de
Constitucionalidad y el Ministerio Público de Guatemala?
Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, logró
pasar un fallo histórico a un amparo presentado por la Alcaldía
Indígena del municipio de Cotzal. Las comunidades indígenas de Cotzal
alegaron en este amparo que no habían sido consultados por el Estado ni
por la empresa en un proyecto de transmisión de energía producida por
una mega-hidroeléctrica también construida sin previa consulta. La
Corte de Constitucionalidad, por voto mayoritario, falló a favor de las
comunidades indígenas de Cotzal, reconoció su derecho de ser consultado
sobre el modelo de desarrollo que se construye en sus territorios
ancestrales, y exigió al Estado Guatemalteco realizar una consulta al
pueblo Ixil de Cotzal.
Esta decisión, sin embargo, no solo
reconoció y defendió el derecho de la consulta del pueblo Ixil. Dentro
de la redacción del fallo, también aparece una legitimación de las
autoridades ancestrales ixiles. Según la CC, las “instituciones como
las municipalidad o alcaldías indígenas—distintas de las corporaciones
municipales previstas en la ley ordinaria—dimanan de la tradición
histórica de los pueblos originarios cuyo antecedente se remonta a la
época colonial y su estela se extiende hasta tiempos contemporáneos…son
percibidas como tradicionales e importantes autoridades locales….El
hecho de que Cotzal cuente con Alcalde electo…no excluye la posibilidad
de (autoridades tradicionales)”.
También reconoce que la
relación entre los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales
sobrepasa una relación únicamente de propiedad privada. Otra vez la CC:
“La consulta…debe ser configurada en conexión con…la exigencia de
distinguir y proteger la singular significación que entraña para los
pueblos indígena el vinculo con la tierra… (con sus) valores
espirituales de esos pueblos que reviste su relación con las tierras o
territorios que ocupan….La relación con la tierra no es meramente una
cuestión de posesión y producción sino un elemento materiales y
espiritual.”
En el caso del Ministerio
Público, Thelma Aldana, la fiscal general de la nación, visitó el
pueblo Ixil el 22 de junio para acompañar el día que el pueblo Ixil
conmemora el fusilamiento de 7 principales por renegar el trabajo
forzado exigido por el dictador ubico. El propósito de su visita era
para firmar una Carta de Entendimiento de Coordinación y Cooperación
entre el Ministerio Público y el Consejo de Autoridades Indígenas
Ixiles .
Esta carta surge del reconocimiento de la fiscal
general de las formas autóctonas de administración de la justicia del
pueblo Ixil y consiente la necesidad de coordinar los esfuerzos entre
dos entidades de justicia que existen equivalentemente en la Región. La
carta se compon e de siete compromisos que incluyen la instalación de
una mesa de trabajo que promoverá el intercambio de experiencias y la
coordinación de un proceso de formación y capacitación para profundizar
el conocimiento de los fundamentos y procesos propios de ambos sistemas
de justicia con el objeto de mejorar la atención ciudadana de las
comunidades. Por primera vez, una máxima entidad de justicia de
Guatemala reconoce y respeta otro sistema de justicia y autoridad que
existe fuera de las instituciones tradicionales del Estado.
La señora Aldana firmó este convenio no solo porque es una
responsabilidad ética y legal del Estado de Guatemala de reconocer y
respetar las formas ancestrales de justicia de los pueblos originarios.
También firmó el convenio porque un estado pluricultural que acepta y
celebra diversas formas de ejercicio de la justicia es un estado más funcional.
Miguel de León Ceto, secretario de la Alcaldía Indígena de Nebaj,
explicó la funcionalidad del sistema de justicia ancestral en la Región
Ixil así:
“Nuestro sistema de justicia funciona porque
conocemos a nuestros vecinos. Si hay un malhechor en nuestra comunidad,
no puede esconder sus actos porque las autoridades lo conocen como un
vecino. La gente que comete crímenes o delincuencia en las comunidades
de la Región Ixil muchas veces prefieren ir con el juez o el Ministerio
Público porque saben que es más fácil engañar al juez o el investigador
del Ministerio porque ellos no le conocen de la misma forma que la
autoridad comunitaria que es su vecino también. Lo que pasa en nuestras
comunidades es que muchos malhechores tienen miedo de acudirse a las
autoridades (de justicia) tradicionales porque saben que ellos conocen
sus vidas y sus prácticas. ”
De León Ceto se refiere al
tema de la intimidad o cercanía comunitaria que existe en las aldeas
comunitarias que posibilita una efectiva administración de justicia.
Dentro de las comunidades y aldeas Ixiles, la gente se conoce. Se
conoce lo bueno y lo malo que cada quien hace y eso cohesión y
proximidad comunitaria permite que la justicia sea eficiente y
efectiva. A nivel del Estado, sin embargo, la justicia se aleja de esta
proximidad comunitaria. El juez o el fiscal no conocen el entorno
comunitario y por eso es más fácil para tergiversar los hechos.
De esta forma, el convenio firmado entre el Ministerio Público y las
autoridades ancestrales ixiles, no solo es un paso hacia el respeto
gubernamental de los derechos de los pueblos indígenas, sino también un
avance para el mejoramiento del sistema de justicia en todo el país.
El reto del convenio es demostrar la veracidad de las palabras del fiscal Aldana: “Guatemala
es un país multiétnica y multilingüe…Nos debemos respeto mutuo; tenemos
que coexistir y coordinar acciones para construir un mejor país…Este
convenio abre camino para la coordinación entre el Ministerio Público y
los Pueblos Indígenas…y solo con esta coordinación podremos avanzar
hacia la paz social.”
Un estado plurinacional y
plurietnica que reconoce la autonomía de los pueblos Indígenas y
celebra la diversidad no solo beneficia a los pueblos indígenas sino
también es fundamental para que el país pueda avanzar hacia la tan
anhelada paz social. Los niveles de violencia en el país demuestran
claramente que hasta ahora el sistema “oficial” de justicia no ha sido
adecuado para construir la paz social en Guatemala.
Imaginemos un Estado que abraza la diversidad y plurinacionalidad.
Dentro de unos años, el Ministerio Público podría facilitar un
intercambio entre líderes comunitarios de un barrio violento de la Zona
18 y autoridades ancestrales ixiles. En este intercambio, las
autoridades ancestrales ixiles compartirían sus esfuerzos históricos en
la administración de la justicia comunitaria. Explicarían, como hizo el
señor Miguel de León, como la proximidad comunitaria permite una
justicia más eficiente y efectiva. Compartirían las formas como se
aprovechan de la proximidad e intimidad comunitaria para ejercer una
justicia eficaz, firme y equitativa. Aquellos líderes del barrio de la
zona 18 regresarían a sus comunidades y en coordinación con el
Ministerio Publico y la Policía construiría sus propias estructuras de
justicia comunitaria en coordinación con el Estado.
Solo es
un ejemplo iluso, pero demuestra las posibilidades que existen cuando
un Estado intenta construir políticas que permiten que florezca la
diversidad y la pluriculturalidad. La nación Ixil avanza en esta
importante tarea de construir un país que se abre a la riqueza de
experiencias que nacen de la particularidad de cada pueblo. Es un
avance que no solo le beneficia a su pueblo, sino a todo el país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario