Para
los pueblos indígenas de Guatemala que buscan reivindicar su autonomía
es necesario avanzar en la construcción de un Estado Plurinacional que
respetará la soberanía territorial de cada uno de los pueblos de
Guatemala. Pero, ¿cómo se construye una nueva relación con el Estado un
pueblo indígena que históricamente ha sido pisoteado por ese mismo
Estado?
Lo más fundamental es de comenzar adentro fortaleciendo las
autoridades ancestrales y tradicionales y reconstruyendo las
estructuras de autonomía comunitaria. Construir una nueva relación con
el Estado implica no depender de ese Estado sino tener las estructuras
organizativas propias para vivir soberanamente.
El pueblo Ixil
ha estado metido en este proceso desde hace 15 años, emergiendo del
Conflicto Armado con una determinada audacia de reconstruir el tejido
social arruinado a través cinco siglos de invasiones y el genocidio
cometido por el ejército en la década de los 1980´s. Desde la firma de
los Acuerdos de Paz, el pueblo Ixil ha estado reconstruyendo las
diversas instituciones, organizaciones y colectividades ancestrales y
novedosas que permiten un ejercicio de su autonomía.
A nivel
política, las autoridades ancestrales comunitarias se han restituidas
como los dirigentes de la vida comunitaria orientando al pueblo en la
gobernanza de sus territorios. A nivel municipal, las Alcaldías
Indígenas se han formado como voceros de las comunidades en la defensa
del territorio y en el enfrentamiento con las políticas de explotación
del Estado. A nivel jurídico, estas mismas autoridades están retomando
su rol ancestral de administradores de justicia comunitaria.
La
Universidad Ixil nació hace unos años como un esfuerzo de reivindicar
la epistemología propia del pueblo Ixil. Busca valorar el conocimiento
propio de los ixiles, desmentir la supuesta superioridad del
conocimiento occidental, y renovar la tan importante transmisión del
conocimiento de anciano a joven que asegura la continuidad de este
conocimiento. También se han emprendido impulsos para revalorar y
consolidar la agricultura campesina como estilo de vida propio y digno.
No es suficiente, sin embargo, confinar los esfuerzos solamente
a la edificación de la autonomía territorial de los pueblos indígenas.
También es necesario exigir cambios dentro del Estado que muy
insólitamente esté dispuesto a los cambios que buscan el
fortalecimiento de un Estado Plurinacional. Por eso, es necesario
buscar aliados dentro de este Estado despótico quienes estén dispuestos
a refundar esa relación. Tampoco hay que caer en la tentación fatalista
de considerar que todos dentro del gobierno están en contra de los
pueblos Indígenas. Al encontrar estos aliados, hay que exigir la
institucionalización del respeto mutuo que sería la base de esta nueva
forma de relacionarse.
En el caso del pueblo Ixil, se ha
encontrado dos aliadas en posiciones de mucha influencia dentro del
Estado Guatemalteco. Estas aliadas son Thelma Aldana, fiscal general de
la nación y Gloria Porras, presidenta de la Corte de
Constitucionalidad. En sus respectivas instituciones, tanta Aldana como
Porras comienzan a afianzar los fundamentos de una nueva forma de
relacionamiento con los pueblos indígenas en Guatemala.
Este
naciente respeto, sin embargo, no es solo simbólico ni coquetería sin
diente. Tanta Aldana como Porras, en los últimos meses, han firmado
instrumentos que crean importantes precedentes legales para la nueva
forma de relacionamiento entre el Estado y los Pueblos indígenas de
Guatemala.
Es importante y alegórico que la apertura a la
construcción de un país pluricultural en este momento ocurre dentro de
las instituciones de justicia de Guatemala. La justicia guatemalteca
históricamente ha sido la herramienta más utilizada en contra de los
pueblos indígenas de Guatemala. La Reforma Liberal de Justo Rufino
Barrios, para nombrar solo un ejemplo, usó la “ley” para expropiar
grandes extensiones de tierra de los pueblos indígenas para favorecer
los grandes terratenientes de café. Hoy, sin embargo, por fin se está
construyendo una nueva legalidad que reconoce los derechos y la
autonomía de los pueblos indígenas.
¿Cómo son estas aperturas
hacia un país pluricultural que están floreciendo dentro de la Corte de
Constitucionalidad y el Ministerio Público de Guatemala?
Gloria
Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, logró pasar un
fallo histórico a un amparo presentado por la Alcaldía Indígena del
municipio de Cotzal. Las comunidades indígenas de Cotzal alegaron en
este amparo que no habían sido consultados por el Estado ni por la
empresa en un proyecto de transmisión de energía producida por una
mega-hidroeléctrica también construida sin previa consulta. La Corte de
Constitucionalidad, por voto mayoritario, falló a favor de las
comunidades indígenas de Cotzal, reconoció su derecho de ser consultado
sobre el modelo de desarrollo que se construye en sus territorios
ancestrales, y exigió al Estado Guatemalteco realizar una consulta al
pueblo Ixil de Cotzal.
Esta decisión, sin embargo, no solo
reconoció y defendió el derecho de la consulta del pueblo Ixil. Dentro
de la redacción del fallo, también aparece una legitimación de las
autoridades ancestrales ixiles. Según la CC, las “instituciones como
las municipalidad o alcaldías indígenas—distintas de las corporaciones
municipales previstas en la ley ordinaria—dimanan de la tradición
histórica de los pueblos originarios cuyo antecedente se remonta a la
época colonial y su estela se extiende hasta tiempos contemporáneos…son
percibidas como tradicionales e importantes autoridades locales….El
hecho de que Cotzal cuente con Alcalde electo…no excluye la posibilidad
de (autoridades tradicionales)”.
También reconoce que la
relación entre los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales
sobrepasa una relación únicamente de propiedad privada. Otra vez la CC:
“La consulta…debe ser configurada en conexión con…la exigencia de
distinguir y proteger la singular significación que entraña para los
pueblos indígena el vinculo con la tierra… (con sus) valores
espirituales de esos pueblos que reviste su relación con las tierras o
territorios que ocupan….La relación con la tierra no es meramente una
cuestión de posesión y producción sino un elemento materiales y
espiritual.”
En el caso del Ministerio Público, Thelma
Aldana, la fiscal general de la nación, visitó el pueblo Ixil el 22 de
junio para acompañar el día que el pueblo Ixil conmemora el
fusilamiento de 7 principales por renegar el trabajo forzado exigido
por el dictador ubico. El propósito de su visita era para firmar una
Carta de Entendimiento de Coordinación y Cooperación entre el
Ministerio Público y el Consejo de Autoridades Indígenas Ixiles .
Esta
carta surge del reconocimiento de la fiscal general de las formas
autóctonas de administración de la justicia del pueblo Ixil y consiente
la necesidad de coordinar los esfuerzos entre dos entidades de justicia
que existen equivalentemente en la Región. La carta se compone de siete
compromisos que incluyen la instalación de una mesa de trabajo que
promoverá el intercambio de experiencias y la coordinación de un
proceso de formación y capacitación para profundizar el conocimiento de
los fundamentos y procesos propios de ambos sistemas de justicia con el
objeto de mejorar la atención ciudadana de las comunidades. Por primera
vez, una máxima entidad de justicia de Guatemala reconoce y respeta
otro sistema de justicia y autoridad que existe fuera de las
instituciones tradicionales del Estado.
La señora Aldana firmó
este convenio no solo porque es una responsabilidad ética y legal del
Estado de Guatemala de reconocer y respetar las formas ancestrales de
justicia de los pueblos originarios. También firmó el convenio porque
un estado pluricultural que acepta y celebra diversas formas de
ejercicio de la justicia es un estado más funcional.
Miguel
de León Ceto, secretario de la Alcaldía Indígena de Nebaj, explicó la
funcionalidad del sistema de justicia ancestral en la Región Ixil así:
“Nuestro
sistema de justicia funciona porque conocemos a nuestros vecinos. Si
hay un malhechor en nuestra comunidad, no puede esconder sus actos
porque las autoridades lo conocen como un vecino. La gente que comete
crímenes o delincuencia en las comunidades de la Región Ixil muchas
veces prefieren ir con el juez o el Ministerio Público porque saben que
es más fácil engañar al juez o el investigador del Ministerio porque
ellos no le conocen de la misma forma que la autoridad comunitaria que
es su vecino también. Lo que pasa en nuestras comunidades es que muchos
malhechores tienen miedo de acudirse a las autoridades (de justicia)
tradicionales porque saben que ellos conocen sus vidas y sus prácticas.”
De
León Ceto se refiere al tema de la intimidad o cercanía comunitaria que
existe en las aldeas comunitarias que posibilita una efectiva
administración de justicia. Dentro de las comunidades y aldeas Ixiles,
la gente se conoce. Se conoce lo bueno y lo malo que cada quien hace y
eso cohesión y proximidad comunitaria permite que la justicia sea
eficiente y efectiva. A nivel del Estado, sin embargo, la justicia se
aleja de esta proximidad comunitaria. El juez o el fiscal no conocen el
entorno comunitario y por eso es más fácil para tergiversar los hechos.
De esta forma, el convenio firmado entre el Ministerio Público
y las autoridades ancestrales ixiles, no solo es un paso hacia el
respeto gubernamental de los derechos de los pueblos indígenas, sino
también un avance para el mejoramiento del sistema de justicia en todo
el país.
El reto del convenio es demostrar la veracidad de las palabras del fiscal Aldana: “Guatemala
es un país multiétnica y multilingüe…Nos debemos respeto mutuo; tenemos
que coexistir y coordinar acciones para construir un mejor país…Este
convenio abre camino para la coordinación entre el Ministerio Público y
los Pueblos Indígenas…y solo con esta coordinación podremos avanzar
hacia la paz social.”
Un estado plurinacional y plurietnica
que reconoce la autonomía de los pueblos Indígenas y celebra la
diversidad no solo beneficia a los pueblos indígenas sino también es
fundamental para que el país pueda avanzar hacia la tan anhelada paz
social. Los niveles de violencia en el país demuestran claramente que
hasta ahora el sistema “oficial” de justicia no ha sido adecuado para
construir la paz social en Guatemala.
Imaginemos un Estado que
abraza la diversidad y plurinacionalidad. Dentro de unos años, el
Ministerio Público podría facilitar un intercambio entre líderes
comunitarios de un barrio violento de la Zona 18 y autoridades
ancestrales ixiles. En este intercambio, las autoridades ancestrales
ixiles compartirían sus esfuerzos históricos en la administración de la
justicia comunitaria. Explicarían, como hizo el señor Miguel de León,
como la proximidad comunitaria permite una justicia más eficiente y
efectiva. Compartirían las formas como se aprovechan de la proximidad e
intimidad comunitaria para ejercer una justicia eficaz, firme y
equitativa. Aquellos líderes del barrio de la zona 18 regresarían a sus
comunidades y en coordinación con el Ministerio Publico y la Policía
construiría sus propias estructuras de justicia comunitaria en
coordinación con el Estado.
Solo es un ejemplo iluso, pero
demuestra las posibilidades que existen cuando un Estado intenta
construir políticas que permiten que florezca la diversidad y la
pluriculturalidad. La nación Ixil avanza en esta importante tarea de
construir un país que se abre a la riqueza de experiencias que nacen de
la particularidad de cada pueblo. Es un avance que no solo le beneficia
a su pueblo, sino a todo el país.
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