'Los pueblos indígenas no están en la agenda de los gobiernos centroamericanos’

Noticias Aliadas

Adital

Tomás Andréu

El abogado salvadoreño Jesús Amadeo Martínez es presidente del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) por el periodo 2013-2016 y representante del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS). Tiene 54 años y pertenece al pueblo Lenca, que habita en El Salvador y Honduras. Tuvo conciencia de sus raíces indígenas en 1992 tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado que vivió El Salvador por más de una década. En ese momento, hermanos indígenas le pidieron asesoría sobre la seguridad jurídica de la tierra.

Jesús Amadeo Martínez, abogado y presidente del Concejo Indígena de América Central, lucha por los derechos de su pueblo en El Salvador.

"La guerra desarticuló a los grupos organizados indígenas. Fue necesario, entonces, hacer un esfuerzo nacional para reivindicar la lucha de los pueblos indígenas en El Salvador”, dijo en entrevista con Tomás Andréu, corresponsal de Noticias Aliadas en El Salvador, que además abordó temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas en Centroamérica.

¿Qué impacto ha tenido el CICA en los países centroamericanos con respecto a los derechos de la comunidad indígena?

Hemos podido tener incidencia con nuestra plataforma a nivel regional. Como CICA tenemos la vicepresidencia en el Consejo Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana (CC-SICA). Tenemos una gran agenda de trabajo muy amplia. Un punto vital es la aplicación del marco jurídico internacional: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 [sobre Pueblos Indígenas y Tribales] de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También estamos trabajando en el tema del cambio climático. Queremos hacer aportes en el SICA, pero desde la cosmovisión indígena. Y no podemos dejar atrás la seguridad alimentaria. Estamos haciendo propuestas en la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura].

¿Qué balance hace desde el CICA sobre la situación actual de la comunidad indígena en la región?

Cada país centroamericano tiene su propia especificidad de lucha: los hermanos misquitos de Nicaragua están luchando por la autonomía de sus tierras en el Atlántico. En Panamá luchan por sus comarcas. Y así en cada país. El Salvador es la excepción, porque los indígenas no tenemos tierras. La problemática que tenemos los pueblos indígenas en Centroamérica es la gran industria extractiva: mineras, petroleras. Y uno nuevo: la construcción del canal [interocéanico] en Nicaragua. Otro gran problema centroamericano es la seguridad jurídica de las tierras. En esta lucha por la reivindicación de los derechos de la comunidad indígena también ha habido desapariciones y asesinatos de nuestros hermanos. Otros fueron arrestados por reclamar sus derechos. ¿Cómo resumimos estas acciones? Como defensa de la Tierra. Como estamos dentro de un sistema capitalista, esto invisibiliza la lucha de los pueblos indígenas. Y también hay que aclarar que no estamos atados a ninguna situación ideológica.

¿Y qué tanta incidencia tienen en las estructuras de los gobiernos centroamericanos?

Esto es toda una lucha, hermano. Esto no es nada fácil. Cuando los intereses económicos están presentes, no hay gobierno que te apoye. Hay un temor en los gobiernos centroamericanos de las luchas con autonomía. A veces hay espacios en la región centroamericana, pero son espacios que se dan por presiones internacionales que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no están en la agenda de los gobiernos centroamericanos. La participación de la comunidad indígena en el SICA se ve muy poco. Y el SICA son los gobiernos de Centroamérica. Eso te da una idea de la situación en la región. A los gobiernos les interesa más la comercialización de los territorios que ver la parte humana y la reivindicación de los derechos indígenas. Por eso criminalizan nuestra lucha. No hay gobierno en Centroamérica que esté aplicando su compromiso en la ONU [Organización de las Naciones Unidas]. No hay compromisos políticos. Los gobiernos centroamericanos no tienen compromisos con los pueblos indígenas para reivindicar sus luchas. Así de simple.

Si pudiéramos hacer una lista de gobiernos centroamericanos que tienen una deuda con la comunidad indígena, ¿qué países la estarían encabezando?

La deuda histórica es en El Salvador. Recién en el 2014 existe un reconocimiento institucional de los pueblos indígenas del país. Y esto sucedió porque fue una lucha de muchos años. Aun así, no se ve una voluntad política para aplicar ese reconocimiento, porque para ello se necesita una ley que proteja los derechos de los indígenas. Al mismo tiempo, debe de haber un marco internacional. Hubo un compromiso del gobierno salvadoreño de firmar el Convenio 169 de la OIT, sin embargo, no ha sucedido. Y esto viene desde el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y el [actual] presidente, Salvador Sánchez Cerén lo ha retomado. Pero esta [supuesta] voluntad política no camina. Nosotros no podemos decir que en El Salvador haya una reivindicación de los pueblos indígenas. Creemos que la ratificación del Convenio 169 de la OIT no sucederá en este segundo gobierno del FMLN [Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional].

Indígenas salvadoreños celebran reconocimiento reciente en la Constitución de su país.

¿Por qué piensa que no sucederá en este segundo gobierno de izquierda?

El sistema es el sistema. El temor más grande en El Salvador es que el Convenio 169 de la OIT habla sobre el resarcimiento de los daños causados a los pueblos indígenas. Eso implica la devolución de tierras ancestrales. Tocar eso es tocar intereses. Y el gobierno de El Salvador no quiere llegar hasta ese extremo. La izquierda partidaria —FMLN— puso unas mesas de diálogo y fue acompañada por las organizaciones indígenas, porque teníamos la esperanza que las cosas iban a cambiar. El plan quinquenal del gobierno no menciona metas con respecto al tema de los derechos de los indígenas.

¿De qué le sirve a la comunidad indígena de El Salvador estar en un apartado de la Constitución?

Nuestra lucha comenzó en el 2003, y en el 2005 se le planteó a la Asamblea Legislativa nuestra visibilización en la Carta Magna. Eso nos costó casi 10 años. Si no figurábamos en la Constitución, entonces seguía la negación de nuestra existencia en las instituciones del gobierno, es decir, desde el Estado mismo. Ahora ya no se puede decir que los indígenas no existen en El Salvador. Esto ya es un comienzo, una ventaja. Nos permite un marco jurídico en la educación, salud, espiritualidad propia de los indígenas. Esto es toda una lucha. Quizás ni yo lo podré ver [el fruto del esfuerzo].

El gobierno de Sánchez Cerén ya tiene en sus manos una política nacional para la comunidad indígena. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Hemos tenido un debate con el Ejecutivo y le hemos hecho ver que esa política no puede realizarse en este momento porque carece de actualidad. En el derecho internacional se ha avanzado más que en lo que pretende implementar el gobierno. Una política como esa bien puede ser un arma de lucha como también un arma para fusilarnos. Le hemos pedido al Ejecutivo que se vaya a las zonas, a las comunidades indígenas para retroalimentar el documento del Ejecutivo. Debe recoger esas opiniones que resulten, porque no es posible que se avance a nivel internacional y aquí en El Salvador estemos retrocediendo. Antes, en los discursos, aparecían los pueblos indígenas. Ahora ya no. Hemos desaparecido. Y esto por algo debe de ser. La política [que quiere implementar el gobierno] debe de existir si es aprobada por las organizaciones indígenas.

¿Pero con qué no están de acuerdo?

La estructuración de la política no nos va a favorecer. En los conceptos mismos [hay deficiencias]. El documento te habla hasta de comarcas. En El Salvador no tenemos comarcas. Te habla de pueblos originarios, cuando lo correcto es pueblos indígenas porque así lo determina el marco jurídico internacional. Y la Constitución nos reconoce así. Además, la política debe desglosarse. Se debe saber los grandes ejes que el gobierno se comprometerá a impulsar. Y eso no lo ves ahí. El documento a medias te habla de la espiritualidad, de la lengua. Y de eso no se trata esto. Una política debe de ser una herramienta de lucha para los pueblos indígenas.

¿Qué es lo más importante para los pueblos indígenas de El Salvador: aparecer en la Constitución, la política nacional del gobierno o la ratificación del convenio 169 de la OIT?

Para nosotros lo mejor sería la ratificación del convenio, porque los convenios están sobre las leyes nacionales. Pero no vemos voluntad. El gobierno sólo debe firmarlo, y para que sea ley, lo traslada a la Asamblea Legislativa y es esta la que lo ratifica. Pero ni siquiera esa voluntad vemos nosotros. También sería muy importante que se declarara ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso sería una herramienta muy buena. Incluso, sería mejor que la política que intenta promover el gobierno (…) Ya estamos aburridos de que se nos vea de forma paternalista o como algo folklórico. La gente del gobierno nos dice en los debates que quieren ver a los indígenas. El concepto de esa gente sobre un indígena es que anda descalzo, que vive en una casa a punto de caerse, es decir: es pobre, analfabeto, sucio. No pueden ver a indígenas profesionales, porque eso para ellos ya no es indígena.

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Céren, se autodeclara indígena, pero poco ha hecho por los derechos de esos pueblos.

¿Hay presencia de los pueblos indígenas en las estructuras de los gobiernos centroamericanos?

Podrían haber hermanos indígenas, pero no se reconocen como tal. En El Salvador, menos.

¿Cuál es la mirada autocrítica que puede hacer de los movimientos indígenas en América Latina?

Estamos tratando de fortalecer nuestra identidad a través de un posicionamiento en conjunto. Siempre hay problemas como los hay dentro de una familia biológica. Es difícil llegar a los consensos, pero hemos llegado a la conclusión de que necesitamos posicionamientos que nos fortalezcan. Y en eso hemos avanzado mucho. También tenemos problemas externos que pueden venir del gobierno mismo o de la cooperación internacional que se va directo a las comunidades pasando por alto a las estructuras organizadas y con eso lo que logra es destruir el tejido social de los pueblos indígenas. Pero nuestros hermanos han entendido eso. Hemos madurado y ahora coordinamos esfuerzos.

¿Por qué cree que a pesar de sus rasgos, los mandatarios latinoamericanos no reconocen sus raíces indígenas?

Ahora todos quieren ser indígenas por moda y no por conciencia. Te hablan del Buen Vivir pero no como un paradigma indígena, sino como un eslogan gubernamental. El mismo presidente Sánchez Cerén ha dicho que es indígena, pero no basta con eso, tiene que demostrarlo. Si estoy en un cargo público y me identifico como indígena, pues tengo que apoyar a mis hermanos.