Carta abierta a los gobiernos de la UE-CELAC
| Declaración ante la 2ª Cumbre UE-CELAC (Bruselas, 10 de junio de 2015) |
Nosotras
y nosotros, miembros y representantes de colectivos y organizaciones
diversas de Europa y América Latina y el Caribe, reunidos en Bruselas
con motivo de las Jornadas de Movilización por la Soberanía de los
Pueblos frente al Poder de las Transnacionales y la Arquitectura de
Tratados de Comercio e Inversiones, en ocasión de la Segunda Cumbre
UE-CELAC,
Declaramos:
Nuestro profundo rechazo a las políticas neoliberales y de austeridad que se vienen aplicando en los países de la Unión Europea para resolver la crisis generada por un sistema financiero desregulado en extremo, que no piensa sino en obtener el mayor beneficio posible, vía el precepto de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. De la crisis financiera se pasó a la crisis de la deuda de los Estados, y ahora a la crisis presupuestal de los Estados con austeridad. Más de 25 millones de habitantes de la UE, principalmente jóvenes, están hoy sin empleo o perdieron su trabajo, mientras que los bancos europeos han recibido ayudas multimillonarias.
Denunciamos la actitud del FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que buscan imponer los intereses de los acreedores al pueblo griego y el gobierno conducido por Syriza. Apoyamos sus movilizaciones y resistencia, así como respaldamos la auditoría pública de la deuda de ese país y la anulación de toda deuda ilegítima.
En el caso de los países de América Latina y el Caribe reclamamos un cambio sustancial de las políticas extractivistas que de México a Argentina, de Brasil a Bolivia, se han generalizado provocando la deposición de territorios, expropiación de tierras, desplazamiento de poblaciones y daños medioambientales.
Demandamos a los gobiernos la suspensión inmediata y definitiva de las negociaciones del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión que la UE realiza con los Estados Unidos, del Tratado de Comercio de Servicios (TISA) y de la Asociación Transpacífica (TPP) en el que participan varios países latinoamericanos.
La firma de estos acuerdos tendría nefastas consecuencias no solo para los habitantes de Europa, América Latina y Estados Unidos, sino del mundo en general, al desreglamentar el empleo, la seguridad alimentaria, las leyes medioambientales, privatizar y/o desregular los servicios públicos, y otorgar mayores derechos a las empresas transnacionales y los inversionistas privados que podrían incrementar demandar a un Estado, lo que constituye un ataque directo a su soberanía.
La Segunda Cumbre UE-CELAC se desarrolla bajo el lema “Construir un futuro común, trabajando juntos por sociedades prósperas, inclusivas, cohesionadas y sustentables para nuestros ciudadanos”. No obstante, al continuar centrando esa relación en la multiplicación y desarrollo de Acuerdos de Libre Comercio – envueltos en los llamados “acuerdos de asociación” – dichos objetivos no pueden sino alejarse, diluirse e inducir nuestras sociedades hacia nuevas y más profundas crisis.
Exigimos una evaluación pública y democrática sobre los impactos que han tenido los Tratados de Libre Comercio (TLCs) con México y Chile, cuyos gobiernos se disponen a vender lo que queda de la economía nacional para atraer nuevos capitales e inversionistas. Llamamos a los gobiernos de los países del Mercosur a no reiniciar las negociaciones para la firma de un TLC con la UE. Reiteramos nuestra demanda contra la ratificación de los TLCs firmados entre la UE, Colombia, Perú y Centroamérica, en discusión en varios parlamentos europeos.
Reclamamos que los gobiernos de la CELAC y la UE reafirmen enérgicamente el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas por el cambio climático y sus impactos, y que garanticen la aplicación estricta de ese principio en el nuevo acuerdo mundial sobre el combate al cambio climático que debe surgir de la próxima cumbre de Paris de diciembre de 2015.
Eso implica que los gobiernos europeos asuman metas estrictas de recorte de las emisiones de sus empresas a nivel mundial, sin mecanismos de mercado y sin mecanismos de compensación de emisiones, que eviten un mayor calentamiento del planeta; e implica que asistan financiera y tecnológicamente a los países latinoamericanos en sus esfuerzos de adaptación a los impactos y sus necesarias transiciones hacia economías justas, despetrolizadas y con garantía de derechos.
Reivindicamos la necesidad y urgencia de que los gobiernos se comprometan a participar de manera constructiva en la negociación del instrumento internacional vinculante en materia de empresas y derechos humanos, tal como lo aprobó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2014 (A/HRC/26/L.22/Rev.1), a fin de obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.
Nuestras luchas no solo son de resistencia, más que nunca necesaria ante los peligros sociales, económicos y ambientales que acechan nuestras sociedades, sino también para crear alternativas al comercio y las inversiones que respeten los derechos humanos y garanticen un verdadero desarrollo social, integral, justo, democrático y plural. Bruselas, 10 de junio de 2015.
Declaramos:
Nuestro profundo rechazo a las políticas neoliberales y de austeridad que se vienen aplicando en los países de la Unión Europea para resolver la crisis generada por un sistema financiero desregulado en extremo, que no piensa sino en obtener el mayor beneficio posible, vía el precepto de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. De la crisis financiera se pasó a la crisis de la deuda de los Estados, y ahora a la crisis presupuestal de los Estados con austeridad. Más de 25 millones de habitantes de la UE, principalmente jóvenes, están hoy sin empleo o perdieron su trabajo, mientras que los bancos europeos han recibido ayudas multimillonarias.
Denunciamos la actitud del FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que buscan imponer los intereses de los acreedores al pueblo griego y el gobierno conducido por Syriza. Apoyamos sus movilizaciones y resistencia, así como respaldamos la auditoría pública de la deuda de ese país y la anulación de toda deuda ilegítima.
En el caso de los países de América Latina y el Caribe reclamamos un cambio sustancial de las políticas extractivistas que de México a Argentina, de Brasil a Bolivia, se han generalizado provocando la deposición de territorios, expropiación de tierras, desplazamiento de poblaciones y daños medioambientales.
Demandamos a los gobiernos la suspensión inmediata y definitiva de las negociaciones del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión que la UE realiza con los Estados Unidos, del Tratado de Comercio de Servicios (TISA) y de la Asociación Transpacífica (TPP) en el que participan varios países latinoamericanos.
La firma de estos acuerdos tendría nefastas consecuencias no solo para los habitantes de Europa, América Latina y Estados Unidos, sino del mundo en general, al desreglamentar el empleo, la seguridad alimentaria, las leyes medioambientales, privatizar y/o desregular los servicios públicos, y otorgar mayores derechos a las empresas transnacionales y los inversionistas privados que podrían incrementar demandar a un Estado, lo que constituye un ataque directo a su soberanía.
La Segunda Cumbre UE-CELAC se desarrolla bajo el lema “Construir un futuro común, trabajando juntos por sociedades prósperas, inclusivas, cohesionadas y sustentables para nuestros ciudadanos”. No obstante, al continuar centrando esa relación en la multiplicación y desarrollo de Acuerdos de Libre Comercio – envueltos en los llamados “acuerdos de asociación” – dichos objetivos no pueden sino alejarse, diluirse e inducir nuestras sociedades hacia nuevas y más profundas crisis.
Exigimos una evaluación pública y democrática sobre los impactos que han tenido los Tratados de Libre Comercio (TLCs) con México y Chile, cuyos gobiernos se disponen a vender lo que queda de la economía nacional para atraer nuevos capitales e inversionistas. Llamamos a los gobiernos de los países del Mercosur a no reiniciar las negociaciones para la firma de un TLC con la UE. Reiteramos nuestra demanda contra la ratificación de los TLCs firmados entre la UE, Colombia, Perú y Centroamérica, en discusión en varios parlamentos europeos.
Reclamamos que los gobiernos de la CELAC y la UE reafirmen enérgicamente el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas por el cambio climático y sus impactos, y que garanticen la aplicación estricta de ese principio en el nuevo acuerdo mundial sobre el combate al cambio climático que debe surgir de la próxima cumbre de Paris de diciembre de 2015.
Eso implica que los gobiernos europeos asuman metas estrictas de recorte de las emisiones de sus empresas a nivel mundial, sin mecanismos de mercado y sin mecanismos de compensación de emisiones, que eviten un mayor calentamiento del planeta; e implica que asistan financiera y tecnológicamente a los países latinoamericanos en sus esfuerzos de adaptación a los impactos y sus necesarias transiciones hacia economías justas, despetrolizadas y con garantía de derechos.
Reivindicamos la necesidad y urgencia de que los gobiernos se comprometan a participar de manera constructiva en la negociación del instrumento internacional vinculante en materia de empresas y derechos humanos, tal como lo aprobó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2014 (A/HRC/26/L.22/Rev.1), a fin de obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.
Nuestras luchas no solo son de resistencia, más que nunca necesaria ante los peligros sociales, económicos y ambientales que acechan nuestras sociedades, sino también para crear alternativas al comercio y las inversiones que respeten los derechos humanos y garanticen un verdadero desarrollo social, integral, justo, democrático y plural. Bruselas, 10 de junio de 2015.
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