Miles de guatemaltecos volvieron el jueves a
movilizarse para reivindicar reformas sociales en medio de la crisis
política que vive el país desde abril.
Las calles de la capital
Ciudad de Guatemala fueron testigos de la marcha de miles de maestros,
sindicalistas, trabajadores de la Asamblea Nacional y campesinos que
actuaron en reacción a los últimos casos de corrupción que ha sacudido
al Gobierno.La nacionalización de la energía eléctrica y los recursos naturales, una reforma educativa y el aceleramiento del desarrollo rural para reducir la pobreza figuraban entre los reclamos de los manifestantes.
Además reivindicaron cambios para mejorar los controles en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), institución recaudadora de impuestos que se ha visto afectada por un fraude detonante de las últimas marchas contra corrupción.
En declaraciones a la agencia francesa AFP, la dirigente de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), Nery Barrios, demandó al Congreso que agregue los temas planteados por este ente a las mesas de discusión entre legisladores y grupos académicos, abiertas últimamente tras la divulgación de los fraudes.
Mientras los manifestantes recorrían las calles, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala suspendió temporalmente los procesos para determinar la responsabilidad del presidente Otto Pérez Molina en los casos de corrupción.
Guatemala vive una crisis política desde que, el 16 de abril, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público desmantelaron una estructura de defraudación aduanera denominada La Línea.
Desde entonces, miles de guatemaltecos han protestado en contra la corrupción y han pedido la dimisión del presidente.
En un intento por calmar la ira ciudadana, Pérez Molina ha aceptado la renuncia de varios altos cargos, entre ellos Gustavo Martínez Luna, su yerno y conocido como su brazo derecho; también despidió a otros y autorizó una revisión de los contratos gubernamentales.
Sin embargo, estas medidas no han aliviado la indignación del pueblo que pone cada vez mayor énfasis en la necesidad de que el Ejecutivo haga reformas profundas, antes de las elecciones de septiembre para elegir un nuevo presidente, en un sistema gubernamental donde la corrupción es vista como una norma.
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