Editorial La Jornada
La
presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay
Lucena, anunció ayer que el organismo ha fijado la fecha de las
próximas elecciones legislativas para el próximo 6 de diciembre,
anuncio que fue de inmediato saludado tanto por el gobierno que
encabeza el presidente Nicolás Maduro como por los grupos de oposición
que de manera intermitente han intentado desalojarlo del cargo desde
que tomó posesión, hace más de dos años.
Ya tenemos fecha para la batalla por una nueva victoria del pueblo, tuiteó el mandatario.
Ya por fin se tiene fecha de elecciones. Ahora más que nunca, #Unión yCambio, replicó Henrique Capriles, el aspirante presidencial que perdió ante Maduro por un estrecho margen en los comicios de abril de 2013.
A últimas fechas la programación, por parte del CNE, de una fecha
para la elección legislativa había sido una de las exigencias centrales
de la oposición, uno de cuyos líderes, Leopoldo López, encarcelado por
el cargo de incitación a la violencia, está a punto de cumplir un mes
en huelga de hambre, en demanda, entre otras cosas, de la realización
de esos comicios en un día definido.
Aunque es claro que la coalición opositora que se articula en la
Mesa de Unidad Democrática (MUD) tiene una agenda que trasciende los
desacuerdos políticos con el gobierno chavista y que objetivamente
converge con los permanentes intentos de Washington por desestabilizar
a la República Bolivariana instaurada en Venezuela por el difunto Hugo
Chávez, ello no debe provocar que el conflicto que vive la nación
sudamericana se aparte de los cauces institucionales y constitucionales
establecidos, y en este sentido cabe saludar el anuncio formulado ayer
por el CNE.
El
panorama para las elecciones que vienen es incierto. Por una parte, el
gobierno de Maduro enfrenta un innegable desgaste, producido en parte
por la combinación de las manifestaciones opositoras y el constante
acoso político, diplomático y económico procedente del extranjero,
particularmente, de Estados Unidos; de la clase política española,
cuyos dos partidos hasta hace poco hegemónicos, el Popular y el
Socialista Obrero Español, son capaces de deponer su diferencias cuando
se trata de operar en contra del gobierno venezolano, y de estamentos
oligárquicos y reaccionarios latinoamericanos representados por, entre
otros, los ex presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de México,
Felipe Calderón.
Por la otra, el chavismo tiene un historial de triunfos electorales
casi ininterrumpidos desde que Chávez ganó por primera vez la
presidencia en 1999: once victorias por una derrota, entre comicios
presidenciales, regionales y legislativas y un referendo revocatorio.
Todo ello, en comicios cuya validez fue certificada por organizaciones
y personalidades internacionales.
Es una buena noticia, en suma, que incluso en el tenso contexto
político por el que atraviesa actualmente, la institucionalidad
venezolana sea capaz de procesar por medio de las urnas la extremada
polarización en que vive el país desde la muerte de Chávez, y es
pertinente hacer votos por que los comicios de diciembre próximo logren
su propósito: desactivar los enconos y las fracturas sociales y
determinar el sentido del mandato popular en una forma que resulte
aceptable tanto para los triunfadores como para los derrotados.
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